MADRID.- Las comunidades autónomas han tejido una jungla fiscal de 79 impuestos propios y más de 500 modificaciones legales anuales que han terminado por convertir el sistema de tributación en "difícilmente comprensible y, sobre todo, controlable".
Así
lo considera el Consejo General de Economistas, que anualmente elabora
un concienzudo estudio de la fiscalidad autonómica y que, en esta
ocasión, ha elevado la voz para pedir al Gobierno que introduzca
sensatez en este ámbito aprovechando que se va a reformar el marco de
financiación de las comunidades, según publica http://www.eleconomista.es.
"Las regiones han utilizado mucho
su capacidad normativa estableciendo multitud de reducciones,
deducciones o bonificaciones con numerosos cambios y requisitos",
aseguraba Valentín Pich, presidente del Consejo, durante la reciente
presentación del informe. Una falta de orden que pasaría más
desapercibida si al menos esa capacidad fiscal se tradujera en grandes
ingresos, algo que no sucede.
Hoy por hoy, los impuestos
propios de las autonomías apenas otorgan entre el 2,2 y el 5% de los
recursos que gestionan, dependiendo del año. "La mayor parte del dinero
les sigue llegando de impuestos semi cedidos como el IRPF o el IVA",
advierte Pich.
Los datos lo demuestran. El año
2014, último del que hay datos en su conjunto, dejó en las autonomías
casi 32.000 millones en concepto de IRPF, y más de 28.000 millones por
IVA. La tercera partida más jugosa llegó a través de los Impuestos
Especiales con más de 14.000 millones. Mientras, Patrimonio dejó 972
millones; Sucesiones y Donaciones algo más de 2.000 millones; Actos
Jurídicos Documentados 1.492 millones; y Transmisiones Patrimoniales en
torno a 4.000 millones.
En total, algo más de 85.000
millones de unos ingresos totales de 89.000. La fiscalidad propia,
reflejada en tributos que casi siempre tienen que ver con el medio
ambiente, dejó 3.700 millones en total.
Desde el Consejo General de
Economistas advierten también que la maraña de tributos, normas y
modificaciones provocan situaciones anómalas como la de gravar el mismo
hecho en dos ocasiones. "Hay propietarios que sufren la imposición de
Patrimonio y al mismo tiempo, por ejemplo, pagan un IBI muy alto a
través de la normativa municipal", explican fuentes del organismo.
Además, en ocasiones se aprueban
medidas para colectivos muy pequeños con una importancia global muy
reducida y es incluso probable que la recaudación por esos conceptos "no
llegue ni siquiera a cubrir los costes derivados de su establecimiento o
recaudación".
En efecto, la normativa aprobada
para este año 2017 arroja, en algunos lugares, cambios sorprendentes. El
Gobierno de Baleares, encabezado por el PSOE, ha aprobado este año
deducciones al mecenazgo deportivo con un impacto de 1.000 euros; o
deducciones a la adquisición de acciones de nueva creación por valor de
20.000 euros.
La Comunidad Valenciana, en manos del también socialista
Ximo Puig, ha establecido una deducción del 21% para la adquisición de
abonos culturales o ha programado inversiones en fuentes renovables de
la vivienda para 184 declarantes, con un impacto apenas superior a los
15.000 euros.
Con
los impuestos del Estado a un lado y los que establecen las entidades
locales por el otro, las comunidades se han agarrado al medio ambiente
para crear gran parte de sus figuras impositivas. Tasas a los residuos,
al agua embalsada, a la incineración, a la generación de energía
eléctrica o eólica o a la contaminación atmosférica se han convertido en
habituales.
Sin embargo, hay otros tributos
que sorprenden más: Asturias y Baleares gravan el bingo y sus premios;
Andalucía dispone de un impuesto en vigor que penaliza a los
propietarios de fincas vacías; y Cataluña, la más creativa
tributariamente en los últimos años, impone un impuesto por casas
vacías, por estancias turísticas (algo común en otros países como
Italia) o sobre grandes superficies comerciales. Este tributo, que han
recogido otras regiones, está siendo sometido a análisis por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En este sentido cabe recordar que
otros impuestos, como el de depósitos bancarios o el céntimo sanitario,
han tenido que ser suprimidos por entrar en conflicto con los tributos
propios del Estado. Otro problema más, el jurídico, para un sistema que
expertos y economistas piden revisar aprovechando la reforma de la
financiación autonómica.
"Hay que repensar la capacidad tributaria de los gobiernos regionales y
tender a más uniformidad", asevera al respecto Pich, postura a favor de
una mayor armonización que también defienden, entre otros, CEOE y el
Círculo de Empresarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario