MADRID.- Ciudadanos registró este martes en el Congreso una
proposición no de ley para el impulso del Corredor Mediterráneo en la
que insta al Gobierno a "priorizar" la construcción de esta red de
transporte y a presentar, en el plazo de un año, una estrategia de
desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de competencia estatal.
El presidente de la formación naranja, Albert Rivera,
expresó su esperanza de que el Ejecutivo entienda que se trata de "una
prioridad para la economía española".
"A lo mejor no roba nadie en esa infraestructura, no sé,
algunos tendrán la tentación, seguro, a lo mejor nadie se lleva el 5%,
pero a lo mejor nuestros productos salen 24 horas antes, nuestras
empresas son más competitivas y nuestros polígonos están mejor
conectados con nuestros puertos", manifestó ante su grupo parlamentario.
La iniciativa, firmada por el portavoz parlamentario de C's,
Juan Carlos Girauta, y por los diputados Toni Cantó (Valencia),
Fernando Navarro (Baleares), Miguel Garaulet (Murcia) y Diego Clemente
(Almería), pide que el desarrollo del Corredor Mediterráneo se contemple
en el Pacto Nacional sobre las Infraestructuras y Transportes.
Se trata, según Ciudadanos, de "una infraestructura
estratégica para el desarrollo económico y la vertebración territorial"
de las comunidades autónomas que atraviesa (Baleares, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía) y del conjunto del país,
además de contribuir a mejorar la conexión de España con el resto de
Europa.
También se reclama al Gobierno que "considere de modo
urgente el estudio inmediato de la priorización de actuaciones del
Corredor Mediterráneo, no solo relativas a infraestructuras, sino
también al material rodante, que permitan avanzar hacia la reducción
tanto de tiempos de viaje como de restricciones al transporte en los
trayectos de la red ferroviaria ya en servicio".
Con ese fin, "se estudiará como opción preferente las
posibilidades del cambio de ancho en las instalaciones fijas y la
rodadura desplazable en los vehículos, así como el desarrollo de tramos
de nueva construcción o sus conexiones con otras líneas de la red y
centros logísticos", añade la iniciativa.
Tras registrar la proposición no de ley, que se acompañó de
la presentación de la misma iniciativa en los Parlamentos de las cinco
comunidades concernidas, Girauta expresó el "absoluto compromiso de
Ciudadanos con el Corredor Mediterráneo".
En su opinión, si no se impulsó antes esta infraestructura
fue "por falta de voluntad política. Mientras en España se construían
aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y trenes sin pasajeros,
se estaba dejando de lado la columna vertebral de la Península, que
concentra la mitad de las exportaciones, el 45% del PIB y casi la mitad
de la población española", lamentó.
La formación naranja considera que el Corredor Mediterráneo
será clave en el impulso de la economía, la creación de empleo y la
interconexión territorial. Es, según su portavoz en el Congreso, "la
plasmación logística y física de una voluntad política de compromiso,
conexión y vertebración que casa muy mal con la idea de desconexión" de
Cataluña respecto al resto de España que defienden los partidos
independentistas.
Rivera destacó que Ciudadanos reclama la construcción de
"infraestructuras estratégicas para el país" porque apuesta "por la
España productiva y por la clase media y trabajadora" que "levanta el
país cada día a pesar de los que roban, a pesar del saqueo de las cajas
(de ahorro), del caso Bárcenas, de los Pujol o de los ERE de Andalucía".
Esa es, según el líder de C's, "la vieja España, la España
del pelotazo, de llevarse el 5% o el 10%" de las obras públicas en
comisiones ilegales en un modelo de infraestructuras basado en el
"capitalismo de amiguetes", que es el que, a su modo de ver, practicaron
partidos como el PP, el PSOE o la antigua Convergència.
Por otra parte, la iniciativa legislativa insta al Gobierno a
presentar, "en el plazo máximo de un año", una Estrategia Indicativa
del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura
Ferroviaria de competencia estatal que incluya un calendario de hitos
anuales y presupuestario plurianual hasta su finalización en 2025.
Por último, exhorta al Ejecutivo a reforzar las competencias
de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), dotándola de una unidad
específica encargada del impulso, supervisión, seguimiento y control de
todos los proyectos de infraestructuras cuya financiación deba ser
aprobada por el Consejo de Ministros.
En particular, plantea que la Oficina Nacional de Evaluación
emita "un informe previo y preceptivo de evaluación de la rentabilidad
socioeconómica de los proyectos de infraestructuras promovidos por el
Ministerio de Fomento, con la finalidad de promover la transparencia,
imparcialidad, eficiencia y racionalidad de la política de
infraestructuras y su planificación a partir de criterios
preferentemente técnicos y no exclusivamente políticos".
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