TOTANA.- CEBAG va a remitir un escrito dirigido al alcalde y a los representantes de los grupos políticos de Totana (PP, PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos), para solicitarles que amplíen un mes más (hasta el 21 de abril) el período de alegaciones al PGMO de Totana, hasta tanto el alcalde, el equipo de Gobierno, los Grupos políticos y los servicios técnicos municipales se reúnan con los colectivos ciudadanos afectados y le informen detallada, e incluso individualmente, de las consecuencias que la aprobación del Plan, tal y como está previsto, tiene para miles de ciudadanos propietarios de viviendas o fincas rústicas y urbanas.
Según manifiestan desde CEBAG, antes de que
cada ciudadano formule o no una alegación al Plan, tiene derecho a estar
informado en detalle, incluso por escrito, de las consecuencias que la
aprobación del Plan puede tener para cada uno de sus fincas o viviendas
urbanas o fincas rústicas, en comparación con la normativa vigente hoy y
en los últimos años.
Según CEBAG, "los ciudadanos y propietarios
de fincas urbanas o rústicas, tienen derecho a conocer, porque el alcalde y los grupos políticos, cuando aún no nos han facilitado la
prometida auditoria sobre la cuantía de la deuda, el destino del gasto y
las responsabilidades que se pudieran derivar de haber llevado a la
quiebra total al Ayuntamiento y a hipotecar el presente y el futuro de
las actuales y próximas generaciones; ahora pretenden "meter la mano en
el bolsillo" de miles de ciudadanos no solo subiendo los impuestos,
tasas y servicios hasta un 120% en los próximos 17 años, para pagar los,
en torno a 160-180 millones de euros de deuda municipal; sino que
incluso pretenden hipotecar y expropiar los usos y derechos de propiedad
de miles de ciudadanos de Totana, generando unos perjuicios económicos a
su patrimonio, que estiman podrían alcanzar y superar los 200 millones
de euros.
Según manifiestan desde CEBAG, no existe ningún
precedente, ni en la Región de Murcia ni, que sepan, en toda España, en
el que se pretenda situar fuera de ordenación o de norma miles de
viviendas y de fincas rústicas, por un supuesto "error" de cálculo o
imprudencia o confusión de responsables políticos o funcionarios, que
lesiona gravemente los intereses y el patrimonio de miles de ciudadanos,
y que podría derivar, según CEBAG, en la posible exigencia de
responsabilidades personales y patrimoniales a los cargos públicos o
funcionarios que no apreciaron el citado "supuesto error", cuando
aprobaron el Plan parcialmente en 2011.
O a quienes, según CEBAG,
conociéndolo ahora, pretenden hacer recaer en el bolsillo y en el
patrimonio de miles de ciudadanos, las consecuencias económicas que
suponen dejar en la irregularidad y asumir la pérdida de valor de
situar, miles y miles de viviendas o fincas urbanas o rústicas, fuera de
ordenación o fuera de norma.
Desde CEBAG no aciertan a comprender
como grupos políticos como Ciudadanos o el PP, este último con quien
coinciden desde CEBAG en que es un disparate que Totana sea el único
municipio en el que sube el IBI en la Región o en la que los impuestos
pueden subir hasta un 120% los próximos años, que se han manifestado
pública o privadamente contrarios a este disparate, que supone expropiar
e hipotecar los derechos de miles de ciudadanos; se han convertido en
cómplices y corresponsables de este "atraco al bolsillo de miles de
totaneros", al aprobar deprisa y corriendo un Plan, que apoyaron con su
voto en el último Pleno, para que el alcalde pueda presumir de haber
aprobado un Plan que, hasta hace poco consideraba "corrupto" y que,
según figura en la pancarta colocada en la fachada de CEBAG, los
empresarios consideran puede ser "un robo a miles de totaneros".
Desde
CEBAG confían en que el alcalde acceda a esta petición de ampliar más
el período de exposición pública o explique a los totaneros porque firmó
en junio de 2015 el compromiso escrito de hacer un referéndum con todos
los ciudadanos, y ahora pretende aprobar el Plan sin reunir siquiera al
Grupo de trabajo técnico para informar las subsanaciones, ni al Consejo
de urbanismo aprobado unánimemente por el Pleno, además de mostrarse
incapaz de consensuar las líneas generales, con los miembros de su
propio equipo de Gobierno.
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