Carta a la Asamblea Regional de Murcia proponiendo una reforma de la Ley de Transparencia *

Tras acuerdo alcanzado en la asamblea celebrada el día 3 de marzo de 2017 en la ciudad de Murcia, los promotores y firmantes del Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región de Murcia, con todo el respeto y consideración nos dirigimos a la Presidenta de la Asamblea Regional y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a fin de  manifestarles la necesidad de que emprendan una reforma urgente y profunda de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia.

Un reciente dictamen del Consejo Jurídico(25/2017) ha evidenciado una vez más las flagrantes carencias que atesora esta ley y que la desacreditan para conseguir mejorar los niveles de transparencia e integridad con los que deberían funcionar nuestras instituciones de gobierno en la Región.

El Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región se propuso en 2011 impulsar reformas clave que combatieran una desafección ciudadana que no dejaba de crecer. Seis años después y tras la aprobación y puesta en marcha de algunas nuevas leyes, el balance sobre lo conseguido es desalentador y clama por un nuevo impulso mucho más decisivo y contundente.

La prueba más palmaria de esto es la situación en que se encuentra la “ley estrella” de este proceso de reformas: la ley regional de transparencia y participación ciudadana de 2014. Ténganse en cuenta si no algunas de las inconcebibles carencias de la Ley regional de transparencia:

• Los ayuntamientos de la Región quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley y, por tanto, el Consejo de Transparencia de la Región (CTRM) no tiene competencias para controlar que cumplen con sus obligaciones de transparencia.
• La Ley únicamente afecta a los ayuntamientos en lo que se refiere a las obligaciones de Buen Gobierno, pero no atribuye a ningún órgano su control.
• Las disposiciones sobre la Participación Ciudadana se limitan al Gobierno regional y. además, no otorga ninguna función de supervisión sobre su cumplimiento al CTRM.

• En líneas generales, el CTRM, el órgano clave que debería velar por el cumplimiento de los preceptos de esta ley, está insatisfactoriamente regulado:
  • Carece de personalidad jurídica
  • No se desarrolla su configuración y organización, lo que impide elaborar un Reglamento de Organización.
  • La ley no aclara el régimen del personal al servicio del mismo.
  • Limita sus competencias a la publicidad activa y a la publicidad pasiva (nada sobre participación ciudadana ni sobre buen gobierno) y solo en el ámbito de la Administración regional, su Sector Público y algunas otras corporaciones de derecho público, dejando fuera a las entidades locales de la Región.
  • Carece de fuerza ejecutiva para obligar a hacer cumplir sus resoluciones.
  • Carece de potestad sancionadora para castigar los incumplimientos reiterados.
  • Carece de potestad para fomentar la transparencia, difundir sus valores, participar en la enseñanza, organizar y colaborar con los voluntarios o simplemente relacionarse con otros órganos independientes de control de la transparencia.

Por todas estas razones y con el fin de contribuir a restablecer la maltrecha confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas de la Región, pedimos a nuestros representantes políticos que emprendan con la mayor urgencia posible una reforma en profundidad de esta ley que recoja al menos las directrices siguientes:

1. Diseñar un Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno regional con una composición despolitizada y verdaderamente independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuar (con recursos y personal suficiente) en las diversas formas y manifestaciones de la transparencia: la publicidad activa, el ejercicio del derecho de acceso a la información, el fomento e implicación de la participación ciudadana en el gobierno abierto, la potenciación del control y vigilancia sobre las reglas del buen gobierno y el aseguramiento de la rendición de cuentas.
2. Un Consejo que debería contar con competencias precisas y bien definidas de supervisión en estos tres ámbitos de la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana sobre todas aquellas entidades que caigan bajo su ámbito de actuación. Entre tales competencias habrá de incluirse la de celebrar convenios de colaboración con otros órganos como el Consejo nacional de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) del que pueda asumir competencias delegadas.
3. Dotar al CTRM de facultades y autoridad para sancionar los incumplimientos conscientes y reiterados de las obligaciones de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana recogidas en la ley.
4. Atribuir al CTRM el carácter de entidad promotora del voluntariado ciudadano con el objetivo de vincular a los colectivos, asociaciones y movimientos ciudadanos con los valores del derecho de acceso a la información pública, la participación, el control del buen gobierno y la rendición de cuentas.
5. Establecer una obligación clara e inequívoca para que el proceso de modernización tecnológica que debe afrontar la Administración regional incluya la exigencia de que toda la información se encuentre accesible conforme a los estándares de los datos abiertos (open data). Con ello se pretender dar pleno cumplimiento a la normativa europea en materia de reutilización de la información del sector público

Por último, queremos expresar nuestro más alto reconocimiento a la labor desarrollada por D. José Molina al frente del actual CTRM pese a la escasez de medios, personal y competencias y a los enormes obstáculos que ha ido encontrando para desarrollar su cometido.

En Murcia, a 3 de marzo de 2017

(*)

• Fernando Jiménez Sánchez Profesor de la UMU

• Patricio Hernández Pérez Gestor Cultural

• José Molina Molina Economista

• Maria del Mar Rosa Doctoranda de Filosofía

• Miguel López Bachero Profesor de la UMU

• Gabriel Navarro Carretero Funcionario Administración Local

• Juan Pedro Sánchez López Ejecutivo Economía Social

• Andrés Mellado Sindicalista

• Angel Alcántara Martín Funcionario Administración Local

• Mariola Cabanes Trabajadora Social

• Antonio Campillo Meseguer Profesor de la UMU

• Ruth García Belmonte Periodista

• José Martínez Márquez Funcionario Administración Local

• Cristina Alcázar Empresaria

• Francisco Jarauta Profesor de la UMU

• Francisco Viudes Empresario

• Antonio Galindo Galindo Funcionario Administración Local

• César Oliva Profesor de la UMU

• José Ignacio Gras Castaño Empresario, Consultor, Profesor de la UMU

• Consuelo Rosauro Ruiz Empresaria

• José Antonio Gómez Profesor de la UMU

• Manuel García Esquiva Empresario

• Jesús Gómez Montiel Empresario

• Pilar Berral Casas Notaria

• Nieves Lázaro Fernández Empresaria

• Lola Frutos Balibrea Socióloga, Profesora de la UMU

• Lola López Mondejar Psicóloga y Escritora

• José Carmona Medina Empresario

• Manuel Tovar Arce Economista, Profesor de la UMU

• Guadalupe Rodríguez Balsalobre Empresaria

• Miguel Angel Esteve Ecologista, Profesor de la UMU

• Felipe Iracheta Arquitecto

• Ismael Galiana Periodista

• Nuria Torrado Maestra y Sindicalista

• Jesús García Abogado

• Paco Maciá Director de Escena y Pedagogo de Artes Escénicas

• José Antonio Zamora Zaragoza Investigador CSIC

• Fernándo Bermúdez López Teólogo

• Manuela Hernández Morales Sindicalista

• Pedro Medina Crítico de Arte

• Tomás Saorín Pérez Profesor de la UMU

• Francisco Escudero Periodista

• Juan David Ruiz Cárceles Empresario

• Juana Corbalán Empresaria

• Francisco Camino Arias Arquitecto

• Juan Carlos Martínez Alarcón Abogado

• Alicia Poza Sindicalista

• Juan Enrique Pereñiguez Médico

• Daniel Robles Brugarolas Empresario

• Antonio García Profesor UPCT

• Francisco Perán Empresario

• Julio Más Oceanógrafo

• Pedro Jesús Fernández Informático