Hace ya dos años y tres meses, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea condenó al Reino de España, al considerar contrarios al Tratado
de la Unión Europea, aspectos relevantes de la regulación de la estiba
(el servicio portuario de manipulación de mercancías) en la Ley española
de Puertos. La estiba, es algo fundamental para el funcionamiento de
los puertos que en el caso de nuestro país aportan 9.000 millones de
euros anuales a la economía nacional.
Más de la mitad del comercio con
la UE y la práctica totalidad del que se mantiene con terceros países,
se hace por vía marítima, hasta el punto que los puertos, considerados
un sector estratégico de la economía de un país, son uno de los
principales motores de la economía nacional. Sin embargo, este sector se
encuentra marcado, según el Tribunal de Justicia de la UE, por varios
retos, entre los que se encuentra la adaptación de la estiba a un
mercado global competitivo y liberalizado.
Por eso, no se entiende que en estos dos años y tres meses, el
presidente Mariano Rajoy y su Gobierno, que han estado gobernando
durante ese periodo con mayoría absoluta, y que han tenido que asumir
una primera multa de 21,5 millones de euros, por violar un Tratado de la
Unión, hayan sido incapaces de encontrar una solución para cumplir con
la sentencia del Tribunal Europeo y, sobre todo, para evitar la nueva
multa de cincuenta millones de euros, a razón de 134.000 euros
mensuales, que ha anunciado Bruselas, si no se toman una serie de
medidas en el sector para liberalizarlo, según las normas de la Unión
Europea que cumplen todos los países de la UE.
Ha tenido que ser ahora, cuando está a punto, de empezar a correr el
plazo, y cuando el Gobierno está más inestable, porque no tiene la
necesaria mayoría parlamentaria, cuando ha comenzado a intentar
solucionar un conflicto, que debería estar más que resuelto, pero que no
se ha querido abordar por no enfrentarse con una situación que
recuerda, en algunos aspectos, la reconversión industrial con la que,
con un gran coste político, tuvo que enfrentarse el PSOE, en la década
de los ochenta del siglo pasado, recién llegados al Gobierno tras la
victoria de 1982.
El citado Tribunal de Justicia en esa primera condena, consideraba
que el régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario de
manipulación de mercancías contravenía el artículo 49 Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. Este régimen, al que se opone y
castiga Bruselas, obliga con carácter general a las empresas estibadoras
que operan en los puertos de interés general españoles a inscribirse en
una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), y no
permite recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea
de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos
por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficientes.
Bruselas impuso
entonces una multa diaria de cerca de 28.000 euros hasta que se
produjese la liberalización. La Comisión Europea llevó a España por
segunda vez el año pasado, ante el Tribunal de Justicia por no haber
cumplido una sentencia previa en la que se exigía al país que
liberalizase el sector de los estibadores, y le instó a actuar para
evitar sanciones.
Ahora, deprisa y corriendo, se ha elaborado un decreto ley que ha
sido llevado al Parlamento este jueves y, por primera vez en la historia
del Parlamento democrático español, ese decreto ley que no contaba
previamente con el apoyo de los distintos partidos políticos, ha sido
rechazado con los votos en contra de todos los partidos, excepto los del
PNV y Partido Popular, y la abstención de Ciudadanos, en lo que ha sido
calificada como una derrota histórica. Una derrota que ha dejado al
Gobierno en una situación comprometida con Bruselas que había dado el
visto bueno al decreto, en el que se recogían las peticiones de la UE y
que ha puesto de manifiesto hasta dónde llega la capacidad de diálogo
del Ejecutivo, su cintura política y, sobre todo, su improvisación
después de más de dos años de dudas no resueltas.
Es verdad que a última hora se ha hecho algún tipo de concesión a los
trabajadores, que son conscientes de la fuerza que tienen y de su
capacidad de paralizar los principales puertos del país (especialmente
Valencia, y Algeciras). La oferta del Gobierno, rechazada por los
sindicatos, con la que se pretendía evitar la derrota política en el
Parlamento, incluía prejubilaciones voluntarias para los trabajadores
con 50 daños, cinco años antes de su edad de retiro, manteniendo el 70
por ciento del sueldo. Una oferta que ya quisiera para sí cualquier otro
sector social de este país.
Los sindicatos siguen manteniendo que la reforma del sector impone la
liberalización y romper el monopolio de la SAGEP, que tiene el control
de la estiba, tanto en el establecimiento como de la contratación.
Asimismo esta reforma del sector supondrá una reducción de su sueldo en
un 60%. Los portavoces de la CETM (Confederación Española de Transporte
de Mercancías) han denunciado que la reforma del Gobierno convertiría
los actuales contratos indefinidos en “puestos de trabajo precarios”,
pues las empresas podrán “sustituir libremente” a un 25, 50 y 75 por
ciento de las actuales plantillas durante los próximos tres años.
El
Gobierno argumenta que lo importante es que las empresas en este país
puedan contratar libremente a sus trabajadores. Que en el sector de la
estiba pueda entrar a trabajar, por ejemplo, un desempleado de Algeciras
que lleva 5 años en paro y que tenga las mismas oportunidades laborales
que otra persona que ya está dentro del sector.
(*) Periodista y economista
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