En el caso de que Díaz ganara las
primarias no sería por sus apoyos, sino a pesar de ellos. Porque es duro
que a una la apoyen González, Rubalcaba, Zapatero, los votantes del PP,
el ABC El País y otros medios, así como el conjunto del
establishment, el de los intereses creados. Todo ello dibuja una típica
candidatura "oficialista", tradicional perdedora en las primarias
socialistas en donde suele ganar el afuereño.
En
este caso, el afuereño Sánchez tiene la ventaja de ser de la casa y
proyectar un aura legendaria de víctima del oficialismo más depredador.
La clara hostilidad que el exsecretario general despierta entre los
barones y las viejas glorias (o desgracias) del PSOE es un índice del
grado de deriva derechista que el partido ha venido realizando ya desde
los tiempos de Zapatero. La aparición de Podemos y la remota posibilidad
de una alianza de izquierdas con el PSOE saca literalmente de quicio a
estos socialistas de derechas, más preocupados por la estabilidad de la
monarquía y la unidad de España que por la justicia social.
En esta
última metaidea de la unidad de España es donde la oligarquía del PSOE
quiere sacrificar a Sánchez, a quien acusan de proclividad a la
negociación con el independentismo. Por eso apoyan a Susana Díaz, porque
incorpora un estilo populista, patriótico-español y caudillista. Una
combinación presta a entenderse con el PP en una especie de "unión
nacional" ante la Patria en peligro.
Frente
a la candidatura oficialista, de orden, bien vista por la derecha del
PP y la del PSOE, pregonada en los medios con grandes fanfarrias, se
alza la del afuereño apoyado por una especie de rebelión general de las
bases que, habiendo encontrado un líder en el infortunio, se han
organizado espontáneamente en su apoyo con una clara conciencia de
regenerar el partido.
Contra la independencia, sentencia
El debate es si el proceso de Mas,
Ortega y Rigau es o no un juicio político. De un lado se señala que los
tres han sido condenados por posibilitar la votación del 9N. De otro,
que la condena ha sido por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC).
Un asunto puramente retórico porque la supuesta desobediencia lo fue a
una decisión del TC de prohibir el 9N. Luego, sí ha sido condena por
permitir la votación y en un procedimiento penal al que se opuso la
fiscalía catalana. Fue la Fiscalía General del Estado la que obligó a
actuar a la fiscalía catalana por impulso directo del gobierno que es
quien, en definitiva, ha determinado el fallo por razones políticas
aunque, con la habitual estrategia de Rajoy de tirar la piedra y
esconder la mano.
Una
estrategia cuyo principio general, ya visible hace unos años, era
utilizar a los tribunales en contra del independentismo catalán o, dicho
de otro modo, sustituir a los militares –siempre ultima ratio del
nacionalismo español- por los jueces. La apoyaba en sagrada “unión
nacional” la otra ala del nacionalismo español, el PSOE de Rubalcaba,
principal muñidor de la Ley de Seguridad Nacional, básicamente dirigida
en contra de Cataluña. El problema de este criterio es que se abre a la
obvia crítica de que el gobierno español está construyendo de nuevo una
jurisdicción para perseguir sedicentes delitos de opinión. Juicios
políticos, como siempre. En realidad no ha dejado de hacerlo. En muchos
aspectos, la Audiencia Nacional es una jurisdicción especial que procede
del espíritu del Tribunal de Orden Público de Franco.
El
gobierno de Rajoy siguió en esa línea en su primer mandato. Con su
mayoría absoluta impuso el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional por la que se legalizan competencias ultra
vires para este, permitiéndole ejecutar sus sentencias, con lo cual ya
no necesitará la intervención de otro órgano para encausar la
desobediencia y podrá hacerlo él directamente. Una comisión asesora del
Consejo de Europa emitió hace dos días una opinión que alertaba del
peligro de la reforma porque, a su entender, otorga funciones ejecutivas
al TC y desnaturaliza su función como órgano neutral.
Un juicio que los
españoles trataron de rebajar mediante sus habituales presiones entre
bastidores y que ya era benévolo en exceso porque partía de la ingenua
europea creencia de que en efecto, el TC español es algo parecido a un
tribunal de justicia cuando no es más que un órgano político a
disposición de los dos partidos dinásticos que se reparten los cargos
entre sí y que está presidido por un militante acérrimo del partido del
gobierno. Un órgano que es juez y parte descaradamente. Este es un dato
que, en lo referente al nacionalismo catalán, afecta a toda la
judicatura española pero que resulta escandaloso en el caso del TC.
Así
las cosas no es solo que la sentencia del TSJC sea una sentencia
política. Es que lo es toda la batería de medidas judiciales previstas
por el gobierno en su confrontación con el independentismo catalán. Una
justicia política que no puede ser justicia y no es sino una actividad
de represión política disfrazada de actividad judicial, como se verá
próximamente con las decisiones pendientes en los casos de Françesc Homs
y Carme Forcadell, sin duda el proceso más peligroso debido al alto
nivel simbólico del cargo de la presidenta de Parlamento catalán.
Hay
pocas dudas de que en esta inepta deriva autoritaria del PP por la vía
judicial se darán las consecuencias que prevé la Comisión del Consejo de
Europa: será necesario seguir inhabilitando cargos públicos en
Cataluña, en una dinámica absurda cuyo único final previsible será el
recurso a la legislación de excepción. El gobierno trata de evitarla,
pero es evidente que a ella lo aboca su propia ceguera. Y las
consecuencias son imprevisibles, sobre todo a la vista de la creciente
preocupación europea por el modo en que evolucionan los acontecimientos
en España.
Frente
a ello, la supervivencia del proyecto independentista depende más que
nunca de su unidad de acción. Hasta ahora se ha preservado. Carme
Forcadell, próxima procesada, apoya a los condenados a quienes ella
misma instó en el pasado a “poner las urnas”. El presidente Puigdemont
ha dicho que la condena será invalidada por el voto en el referéndum que
se realizará en la fecha prevista. ERC, guarda prudente silencio, pero
mantiene la unidad de acción y lo mismo hace la CUP que, por cierto,
podía reflexionar sobre la ironía contrafáctica de que, si no hubiese
impedido el nombramiento de Mas, ahora el nacionalismo español se habría
visto obligado a proceder penalmente contra un presidente.
La
sentencia del TSJC es obviamente una sentencia política (lo cual
explica su extrema “benevolencia” y el hecho de que se ignore el posible
delito de prevaricación) como lo es el conjunto de la estrategia
política represiva disfrazada de judicial del gobierno. Su finalidad es
obvia: aprovechando la utilización mediática exasperada de la corrupción
de los casos Palau y afines (por supuesto, juzgados con criterios muy
distintos a los que se aplica a la corrupción de la derecha española)
se trata de dividir el bloque independentista y enfrentar entre sí a sus
integrantes. Su método también: calibrar la respuesta de la sociedad
catalana.
Todo
el proyecto independentista se encuentra en la encrucijada. Si la
unidad se mantiene y el apoyo social también, la sentencia del TSJC
puede ser la señal de salida al último tramo hacia la independencia de
Cataluña.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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