MURCIA.-La Policía Nacional ha detenido a 30 personas en una operación en la que se ha investigado a 39 empresas radicadas en varias provincias españolas, Murcia entre
ellas, por presuntamente defraudar 10,5 millones a la Seguridad Social
mediante el impago sistemático de cuotas y el cobro indebido de
prestaciones.
Entre los implicados se encuentran los administradores de las mercantiles
y varias personas que colaboraron en el fraude, según informa la
Dirección General de la Policía, que añade que al margen de los
arrestados se han investigado a otras 27 personas.
Las investigaciones comenzaron el pasado junio tras ser detectadas irregularidades en
varias empresas ubicadas en Murcia, Almería, Soria, Toledo, Madrid,
Barcelona, Castellón, Alicante, Sevilla, Lugo, Badajoz, Cáceres y
Valencia.
Se investigó a 39 mercantiles por el
impago sistemático de las cotizaciones a la Seguridad Social tanto de
las cuotas correspondientes a sus trabajadores como en las que le
corresponde abonar a la propia empresa, afirma el comunicado.
Y se constató al mismo tiempo la nula voluntad de los empresarios en negociar con la Seguridad Social el pago de dichas obligaciones solicitando aplazamientos o
fraccionamientos de pago, así como las incomparecencias sistemáticas de
los responsables de dichas empresas a los distintos requerimientos y
citaciones ante las distintas Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.
Además,
en alguna de estas empresas se detectó cómo habían sido dadas de alta
varias personas, sin que realmente hubiese habido una relación real y
efectiva con las empresas, y que dichas altas "ficticias" se llevaron a
cabo con la finalidad de cobrar, por parte de trabajadores, la
prestación por desempleo.
Hasta la fecha, los investigadores han esclarecido 10 delitos
contra la seguridad social, 17 delitos de fraude de subvenciones, 4
delitos de frustración en la ejecución, 26 delitos de falsedades
documentales, 4 delitos contra los derechos de los trabajadores, un
delito de malversación de caudales públicos y otro de pertenencia a
organización criminal. El fraude asciende a 10.597.837 euros.
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