MOLINA DE SEGURA.- Un juzgado de Molina de Segura estudiará este miércoles las
medidas cautelares solicitadas por vulneración de derechos fundamentales
por los tres concejales de Ciudadanos expulsados del partido por
facilitar con su voto la alcaldía al PSOE en el pleno del 29 de marzo de
2016 en ese ayuntamiento.
Ciudadanos facilitó con sus votos que en la cuarta ciudad
más poblada de la Región de Murcia no siguiera gobernando el PP, la
lista más votada, tras la imputación judicial del alcalde, Eduardo
Contreras, por un presunto delito de prevaricación en un caso de
supuesta corrupción urbanística, tras lo que el PSOE gobierna en
coalición con Cambiemos-Podemos y Ganar-IU-UP.
Los demandantes son Estanislao Vidal Pujante, Trinidad
Romero Sánchez y Alberto Aguilar Zarco, a los que defiende el letrado
Francisco Luis Valdés-Albistur.
En la demanda, los tres sostienen que su expulsión viola
derechos fundamentales al no haberse respetado las garantías debidas,
por lo que solicitan al juzgado que acuerde como medidas cautelares que
se dejen en suspenso las resoluciones del Comité Ejecutivo, ratificadas
por la Comisión de Garantías, por las que se acordó su expulsión de C's.
Así mismo, se solicita que sean rehabilitados "con carácter
inmediato" en su condición de militantes y afiliados del partido "con
todos los derechos y deberes correspondientes y que les hubieran
correspondido desde la fecha en la que fueron dados de baja, el 1 de
abril de 2016".
Finalmente, reclaman al juez que se comunique al
Ayuntamiento y a la Dirección General de Administración Local del
Gobierno autonómico de Murcia el contenido de la resolución judicial.
En la demanda se solicita igualmente a la autoridad judicial
que se declare que en la expulsión se produjo una vulneración de
derechos fundamentales, en particular, de los de asociación y
participación en la vida pública.
Además, estiman que se habría vulnerado el de defensa, al no
serles admitidas algunas pruebas, y la presunción de inocencia, al
tiempo que no se les permitió tener acceso al expediente disciplinario.
Sobre este extremo, los responsables de C's alegaron que "al
tratarse de una información interna del partido, que es de estricta
confidencialidad", no estaban obligados a ello, consideración que es
rechazada con rotundidad por los demandantes.
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