Las diligencias se abrieron hace casi diez años, a raíz de una denuncia
de Izquierda Unida (IU), que descubrió que en el expediente municipal
que servía para tramitar una urbanización de 5.200 viviendas, un campo
de golf de 18 hoyos y un hotel de lujo se habían incorporado unos
terrenos que eran propiedad de la hermana del entonces concejal de
Urbanismo. Cuando los ediles de IU reclamaron la información oficial
para tratar de comprobar en qué circunstancia se habían recalificado
esas parcelas, responsables municipales habrían procedido a sustituir un
plano por otro, presuntamente falsificado, con la aparente voluntad de
ocultar que el plan parcial beneficiaba a la hermana del responsable de
Urbanismo.
Hace cuatro años, el Juzgado de Instrucción nº 3 de
Cieza, que coordinaba la investigación sobre el "caso Benís", consideró
concluidas las diligencias y dictó auto de procedimiento abreviado –el
equivalente al auto de procesamiento–, con el que acusaba formalmente al
ya exalcalde popular Antonio Tamayo; al secretario municipal del
Ayuntamiento de Cieza, Bartolomé Buendía; al aparejador del mismo
Consistorio, Juan Buitrago, y al promotor del convenio urbanístico que
dio origen a las actuaciones, Renán Teresa, propietario del grupo
Dignitas SL.
Los afectados por la resolución presentaron recursos de
reforma ante el propio juzgado, que fueron sucesivamente desestimados, y
más tarde de apelación ante la Audiencia Provincial, lo que ha
provocado que el camino hacia el juicio no se haya visto expedito hasta
ahora, cuatro años más tarde.
Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, no existe ya
obstáculo alguno que impida al Juzgado de Instrucción nº 3 de Cieza
ordenar la apertura de juicio oral, sobre todo porque dan por hecho que
tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular formularán
acusación contra los procesados, dice La Verdad.
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