CARTAGENA.- La diputada regional, María Ángeles García Navarro, ha pedido al
gobierno regional que se tome en serio la moción aprobada hoy en la
Comisión de Sanidad ya que desde 2013 la Región de Murcia está sin un
marco de referencia sobre las actuaciones a desarrollar en esta materia.
La iniciativa de Podemos insta a que en dicho plan se tenga en cuenta,
tanto en la planificación como en la gestión y el control del mismo, a
los colectivos afectados.
Para María Ángeles García Navarro, este plan de salud mental es un
"pilar básico" para atener a las personas afectadas por este trastorno,
de hecho, "nuestra propuesta pide acabar con el estigma de los
diagnósticos de trastorno mental y que se adecuen los recursos a las
necesidades de los usuarios".
En este sentido, la parlamentaria de Podemos ha explicado que es
prioritario "asegurar la protección y el cuidado de la salud física de
los usuarios y para ello, es necesaria la organización y el reparto de
los recursos, que debe partir de una especial conexión con la Atención
Primaria, teniendo en cuenta debe mejorar la atención dispensada en este
nivel asistencial y la coordinación con Salud Mental".
García Navarro también ha señalado que las plantillas profesionales
deben ver mejorada "su adecuación" porque debe haber un tratamiento
integral que "incluya intervención por distintos profesionales,
especialmente psicoterapéutica por parte de psicólogos clínicos".
Asimismo, ha añadido, hay que generar una cartera de servicios de
rehabilitación, intervención familiar, acompañamiento integral y
asistencia personal.
Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, ha incidido
en que hay disminuir el desmesurado porcentaje de desempleo y la alta
tasa de discriminación que padecen estos ciudadanos, acabar con su
estigmatización así como prestar una atención específica destinada a la
población infantil y juvenil".
Por último, María Ángeles García Navarro ha apuntado a que el Plan
Integral de Salud Mental debe contemplar un marco para que las personas
que padecen estos problemas puedan tener "el apoyo, la asistencia
jurídica y el acceso a la justicia garantizado. Y establecer, por otro
lado, un plan específico de atención a las personas que se encuentran en
instituciones penitenciarias y padecen un trastorno mental".
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