CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado hoy con los
votos a favor de PSRM, Podemos y Ciudadanos una iniciativa que evitará
la construcción de macrourbanizaciones en el Mar Menor. La propuesta,
que ha partido de los socialistas, se ha transaccionado para incluir
iniciativas de Podemos y Ciudadanos y así poder aprobarla.
Pese a que la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Aprim) pidió a los grupos parlamentarios que rechacen la enmienda,
la moción insta al Gobierno regional a que suspenda de manera cautelar
los desarrollos urbanísticos que afecten al Mar Menor, a excepción de la
ampliación natural de los cascos urbanos ya consolidados, respetando
los derechos urbanos en los planes que se han aprobado, así como la
legalidad vigente hasta que se promulgue una ley específica para el Mar
Menor que contemple este tipo de medidas. El único grupo que no
ha apoyado la propuesta ha sido el PP.
Según ha explicado durante su
turno el popular Juan Guillamón, la Comunidad Autónoma "solo tiene
potestad de tutela, las competencias las tienen los ayuntamientos".
Además, considera que con esta medida se
crearía una "inseguridad jurídica" similar a la que se generó en
Barcelona cuando la alcaldesa promulgó la moratoria turística.
"La
inseguridad jurídica nos puede costar mucho dinero porque hay muchos
compromisos. Esto puede costar a la Comunidad 45 millones de euros si se
tiene en cuenta que la ITI del Mar Menor no se podría ejecutar", ha
apuntado.
Por su parte, el socialista Antonio Guillamón ha
explicado que la iniciativa contempla una suspensión temporal de los
desarrollos urbanísticos. "Nos permitirá establecer un conjunto de
directrices territoriales que garantice que lo sucedido hasta ahora no
vuelva a suceder en el Mar Menor", ha destacado durante su intervención,
añadiendo que las medidas que propicias para que no vuelva a ocurrir se
articularían en la futura ley del Mar Menor.
Además, el PSRM se
opone a la urbanización de los terrenos de San Ginés de la Jara, Cala
Reona y Huerta Calesa, en la ribera sur del Mar Menor.
Actualmente,
la Comisión del Mar Menor ha iniciado los trabajos para conocer la
situación exacta en la que se encuentra la laguna, su litoral y las
áreas de influencia.
Para ello ha organizado su labor de modo que
permita un conocimiento preciso de los motivos por los que el Mar Menor
ha llegado a las condiciones actuales.
Los grupos pretenden que
las conclusiones de esta comisión deriven en la elaboración de una ley
integral para la recuperación del Mar Menor que propicie una nueva
orientación turística sostenible, desvinculada de los desarrollos
urbanísticos.
De Podemos, Andrés Pedreño ha denunciado los planes
urbanísticos "amparados y tolerados" en el litoral. El diputado ha
recordado durante su turno de palabra que en municipios como San Javier
se han realizado en los últimos años 72 recalificaciones.
Además,
ha hecho alusión a problemas urbanísticos en San Pedro del Pinatar, Los
Alcázares y Cartagena."La moratoria es justa y necesaria", ha incidido.
En
cuanto a Ciudadanos, Miguel Sánchez se ha posicionado a favor de la
moratoria para rebajar presión sobre la laguna pero sin perjuicio de
legítimos derechos de los particulares. "No podemos establecer moratoria
general que impida todo tipo de desarrollo. La moratoria solo debe
afectar a desarrollos urbanísticos futuros o que perjudiquen el mar
menor", ha dicho aunque ha manifestado que quieren que se respete
legalidad vigente y no se perjudique a particulares.
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