La nueva ley de estibadores afectaría a 17 empleados del Puerto de Cartagena

CARTAGENA.-El Real Decreto que reforma el sector de la estiba para liberalizarlo para dar cumplimiento a una sentencia europea afectaría 17 empleados del Puerto de Cartagena y a unos 2.000 trabajadores de la zona de Levante, según ha manifestado José Francisco Alamar, responsable de puertos del Levante en el Sindicato Estatal de Trabajadores del Mar.

Empleados del sector de la estiba se han reunido esta mañana con diputados del grupo parlamentario Podemos para abordar la situación en la que quedarían los estibadores tras la entrada en vigor del Real Decreto. Había representantes de la estiba de Cartagena, Gandía y Valencia. 
Entre ellos, José Francisco Alamar, responsable de puertos del Levante y cabecera de la zona de Valencia, José Castell presidente del Comité de Alicante, José Luis Carretero, del Comité Sagunto y Andrés Sánchez delegado de Cartagena. 
Según el diputado de Podemos Andrés Pedreño, lo que se propone es "sustituir" los trabajadores estables por empleados de Empresas de Trabajo Temporal, lo que afectaría a la "formación" del sector, ya que, según han expuesto en los puertos ya se trabaja con empleados de apoyo que provienen de ETT, pero que no tienen la misma cualificación que los estibadores.
Asimismo, han advertido que se "miente" al asegurar que la entrada en vigor del Real Decreto es para cumplir con una sentencia europea. "Nos quieren hacer ver que es Europa la que no nos deja hacer y eso no puede ser", apuntan. Según han explicado, la subrogación de los trabajadores y el acceso a la profesión "con seguridad" que ellos reclaman "ya funciona en 10 países de la Comunidad Europea.
Estos países han blindado un sector que es estratégico para ellos", ha añadido expresando que el sector está "abierto" a negociar para que sus requerimientos "lleguen a buen puerto".
La Sociedad de la Estiba de Cartagena cuenta solo con 17 trabajadores. Alamar ha remarcado que cuando en 2010 se transformaron las sociedades de estiba en Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), la de Cartagena no se acogió para evitar tener que cerrar debido a un problema legal.
"Supuestamente esto no nos afectaría, pero según esto en el plazo de seís meses se extinguiría la sociedad", afirman recordando que el 51% del accionariado de esta sociedad corresponde a la Autoridad Portuaria a la que piden que asuma a los 17 trabajadores de la sociedad.
"Lo que tienen que hacer las empresas es subrogar esos contratos y que no sea el estado el que subvencione los despidos", reclaman.
Aseguran que ellos están "abiertos" a las negociaciones. De momento tienen un mediador con el que trabajan para llegar a un acuerdo con las distintas empresas; las negociaciones con el Ministerio están paralizadas.
En la rueda de prensa también ha estado presente Juan Carlos Alcaraz, representante del Comité de Empresa del aeropuerto de Murcia-San Javier, que ha manifestado su apoyo y solidaridad con esta situación.
Pedreño ha explicado que Podemos ha presentado una moción para que el Pleno de la Asamblea Regional aborde la situación de los trabajadores y trabajadoras de la estiba. "Desde nuestro grupo parlamentario", ha dicho el diputado de Podemos, "lo tenemos muy claro, mostraremos toda nuestra solidaridad a este colectivo que vive momentos de incertidumbre respecto a su futuro labora. La competitividad de nuestros puertos depende de la garantía de servicios y eso solamente es posible con la profesionalidad de los trabajadores y no con las ETT's".
Entre otras peticiones, como ha contado Andrés Pedreño, la iniciativa de Podemos pide al gobierno regional del Partido Popular que exija a la Autoridad Portuaria de Cartagena que proceda a la mejora de las condiciones laborales de los estibadores "con una plantilla adecuada y el reconocimiento de la estabilidad y profesionalidad del trabajo".
Asimismo, el parlamentario regional de Podemos ha afirmado que el ministro de Fomento debe demostrar que "como patriota no puede criminalizar a los que con su trabajo han llevado a los puertos españoles a ser una de los sectores estratégicos del país. Por ello, le exigimos que deje sin efecto la aprobación del borrador del Real Decreto-Ley por el que modifica el régimen legal del servicio de manipulación de mercancías. Queremos que se impulse un proyecto normativo que cumpla la sentencia sin destruir empleo ni precarizar las condiciones de trabajo en un sector de alta productividad y competitividad internacional como la estiba portuaria".
Andrés Pedreño ha incidido en que Bruselas "no dice en ningún sitio que se tenga que precarizar el trabajo de la estiba y Fomento se sigue amparando en la Unión Europea para desmantelar el trabajo estable y bien remunerado de los profesionales de la estiba".
En relación al Puerto de Cartagena, Pedreño ha añadido que es el único puerto de España en que la sociedad de la estiba continúa como tal y no se modificado para cumplir con la legalidad vigente y esto ha hecho que la Autoridad Portuaria "controle de la sociedad de la estiba fomentando las redes clientelares, el amiguismo, la persecución sindical y el incumplimiento del derecho laboral".
Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Podemos ha señalado que en el Puerto de Cartagena "hay carga de trabajo suficiente para 70 estibadores estables, y sin embargo, como resultado de las políticas de precariedad, la plantilla se reduce a 17. Son innumerables las sentencias judiciales desde 2005 que constatan despidos improcedentes, altos índices de siniestralidad laboral, liquidación de la formación al trabajo, prestación ilegal de servicios, numerosas irregularidades detectadas por la Inspección del Trabajo, etc".

En síntesis, según el sindicato

- El Sindicato coordinadora acepta la aplicación de la sentencia al régimen de gestión de los puertos españoles, cuyo modelo ya está vigente en otros puertos europeos.

- La patronal del sector ANESCO y las grandes navieras no ven problema en adaptarse a la nueva situación.

- Estas últimas ven con preocupación que se altere el régimen actual que se basa en la plena disponibilidad de los estibadores en turnos de seis horas, prorrogables a otras seis en el caso de necesidad. También dejan claro que su único interés radica en que la profesionalidad, formación y destreza mostrada hasta el momento por los trabajadores de los puertos españoles permite que sus barcos sean cargados y descargado en el tiempo y forma necesarios. Al tiempo que está garantizado el uso de sus medios técnicos en sus terminales.

- El decreto no aplica la sentencia del Alto Tribunal Europeo.

- El ministro falta a la verdad.

- No hay sanciones hasta junio. Por lo que hay tiempo de negociar.

- El decreto debe ser ratificado por las Cortes y en este momento el PP no tienen los apoyos suficientes

- A juicio del Sindicato, el decreto busca degradar las condiciones laborales en el sector como paso previo a la privatización del sistema portuario español a un precio de saldo a los Fondos Buitres encabezados por J.P. Morgan que ya ha sido sancionada en USA y UE por malas prácticas. Dejar en manos privadas la gestión del sistema portuario implica aumentar la vulnerabilidad de la economía española y el rebajar el control de los puertos ante el crimen organizado.