viernes, 17 de febrero de 2017

La acusación popular sí pedirá imputar al presidente de Murcia

MADRID.- La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en el caso Púnica, considera que sí existen indicios de delito suficientes como para reclamar la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, confirma hoy 'El Mundo'. 

Por ese motivo, la asociación -personada en diversas causas de corrupción-, pedirá al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que eleve la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que investigue al mandatario popular.
De esta forma, la acusación popular sigue el criterio de las dos fiscales del caso y se aleja del de la Fiscalía General del Estado, que impuso el criterio de no respaldar el criterio del juez instructor.
Por otra parte, la portavoz del Gobierno de Sánchez, Noelia Arroyo, se negó ayer a revelar cómo había sabido el afectado que cuatro fiscales del Supremo habían apoyado sus tesis, algo de lo que alardeó en una entrevista radiofónica.
A una pregunta directa sobre este asunto, respondió, según La Verdad de Murcia: «Usted, como periodista, ¿cómo consigue las exclusivas? Generalmente por filtraciones, y usted nunca desvela sus fuentes. Desde luego, el Gobierno no va a hacer valoraciones sobre ningún tema de la Justicia». 
Y para cerrar el caso de la negativa a proceder contra un dirigente político, añadió: «A la Justicia hay que dejarla trabajar sin presiones, tampoco mediáticas».
Sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado en este asunto se pronunció ayer la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif), «Los hechos [...] ponen de manifiesto serias deficiencias de la actual configuración del Ministerio Fiscal para que pueda asumir la función de llevar la instrucción de las causas penales en España».
«No alcanzamos a comprender (ni debe admitirse)», añade el comunicado remitido anoche, «que las órdenes, dentro de nuestra institución, sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito. De admitirse las órdenes singulares o particulares éstas han de ser siempre positivas y, a ser posible, por escrito».
Y concluye afirmando que, a su juicio, «es necesario no sólo decir que el Ministerio Público tiene autonomía o independencia, sino que lo decisivo es que en realidad la tenga y el ciudadano lo perciba».

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