MURCIA.-El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, instructor del
denominado caso Guardería, Enrique Quiñonero, inicia las Diligencias
Previas 1/2017 para averiguar si hubo un presunto delito de
prevaricación administrativa en el traslado y posterior demolición de la
Escuela Infantil del barrio de La Paz de Murcia. Todo ello, después de
que la Sala Civil y Penal se declarara competente en este caso respecto a
Adela Martínez-Cachá, por su condición de aforada.
La Sala
fundamentaba que, dado que los hechos investigados como presuntamente
delictivos se concretan en los acuerdos de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Murcia de julio y octubre de 2007, la prosecución de las
actuaciones respecto de la aforada "resulta inescindible del resto de
la instrucción practicada hasta la fecha" por el Juzgado de Instrucción
nº 1 de Murcia en las Diligencias Previas 5042/2011.
El instructor, en un auto notificado hoy, señala el próximo 24 de febrero, para que tenga lugar la declaración en calidad de investigada de Adela Martínez-Cachá.
Al cambiar la terminología, el término 'imputado' ya no existe. Esta figura es la equivalente a 'investigada' que ahora se halla vigente.
En el acuerdo de investidura que Ciudadanos rubricó con Pedro Antonio Sánchez se acordaba que, en la lucha contra la corrupción, al haber una imputación habría de darse automáticamente una dimisión.
El instructor, en un auto notificado hoy, señala el próximo 24 de febrero, para que tenga lugar la declaración en calidad de investigada de Adela Martínez-Cachá.
Al cambiar la terminología, el término 'imputado' ya no existe. Esta figura es la equivalente a 'investigada' que ahora se halla vigente.
En el acuerdo de investidura que Ciudadanos rubricó con Pedro Antonio Sánchez se acordaba que, en la lucha contra la corrupción, al haber una imputación habría de darse automáticamente una dimisión.
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