MADRID.- Más de dos años de investigación sobre la rama de Púnica que operaba en Murcia se despachan, en el caso del presidente de esa comunidad autónoma, en apenas un párrafo. La orden de la Fiscalía General del Estado de no acusar al popular Pedro Antonio Sánchez
se traduce en 12 líneas que comienzan muy al gusto de todos los
políticos implicados en la causa por mejorar su imagen con dinero
público: «Las investigaciones entrañan dificultades de deslinde de la
publicidad institucional de la reputacional», reproduce hoy El Mundo.
A continuación, se añade que en el caso de Sánchez «ni
siquiera existen los contratos de publicidad y no se ha producido
perjuicio alguno para las arcas públicas» por su presunto intento de
pagar con fondos de Educación -él era entonces el
consejero- trabajos en su propio beneficio. Y ese «eventual perjuicio
futuro» tampoco podría servir para formular una acusación por fraude -lo
que sí sostiene el juez- porque no consta «la aceptación de las mismas
por el citado aforado».
Finalmente, se alega que los hechos sucedieron
antes de la reforma legal de 2015 que sí castiga expresamente la
provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra
la Administración Pública.
Las dos fiscales del caso rechazaron firmar la oposición a que el TSJ de Murcia impute a Sánchez. Sí firmaron el escrito que respalda actuar contra la senadora popular Pilar Barreiro.
Frente al escuálido escrito sobre Sánchez, los 58 folios del informe
sobre la senadora incluyen abundantes referencias a la actividad
supuestamente delictiva del presidente autonómico -mencionado en más de
20 ocasiones-, muy ligada a la de Barreiro.
«El apoyo político y reputacional que [los implicados en Púnica]
ofrecieron a Pedro Antonio Sánchez permitió que todos ellos elaboraran
concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto
personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores
realizado por la sociedad EICO a Pilar Barreiro y Pedro
Antonio Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del
presupuesto de Educación, mediante [...] un contrato de cobertura que
simularía como objeto la 'formación', concepto genérico y vinculado a
las competencias de la Consejería de Educación».
«Dicho contrato», añade el informe, «les permitiría desviar fondos públicos de dicha consejería a favor de las empresas de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, beneficiándose Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez».
En la línea del «sólido informe del Grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil», las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez
resaltan que las conversaciones telefónicas intervenidas han revelado
que De Pedro y Barreiro mantuvieron con los cabecillas de la trama
«contactos y reuniones convocadas en hoteles de Madrid,
fuera de los despachos oficiales de ambos cargos públicos, manteniendo
reservados los encuentros, para fraguar un contrato negociado del que
saldría perjudicada la Administración pública autonómica de Murcia».
Prosiguen
explicando que «la última fase de las maquinaciones» la marcó una
reunión el 24 de octubre de 2014 en la sede de la Consejería de
Educación, donde se estableció el 1 de noviembre «como fecha de inicio
de los trabajos» para los dos cargos populares.
Finalmente,
se expone que los documentos confeccionados como «hoja de pedido de
servicios» e «informe preventa» a Barreiro y Sánchez que se encontraron
en los registros «recogen el gasto ilícito que se hubiese generado
mensualmente a la Consejería de Educación» si la operación policial no
hubiera frustrado sus planes.
«El plan criminal se hubiera traducido en
un perjuicio a las arcas públicas de 2.100 euros mensuales por los
trabajos personales realizados a Pilar Barreiro y 4.600 euros mensuales
por los trabajos particulares realizados a Pedro Antonio Sánchez».
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