Esta intervención de Rajoy en una reunión internacional sirve para
visibilizar hasta qué punto llega ya la ola expansiva del ‘caso PAS’,
que en apenas una semana se ha adueñado de la escena política, a escasa
distancia de la sentencia del ‘caso Nóos’ y el desafío separatista de
Cataluña. Nunca como ahora se habló tanto de Murcia. Es posible que
ningún dirigente político de primera fila falte ya por sumarse al coro
declarativo en torno a PAS y, desde luego, ningún otro jefe del Gobierno
regional recibió antes desde Madrid un apoyo tan ruidoso a su persona
como el que el PP y el Gobierno de España brindan estos días a PAS. Pero
el martilleo va para largo.
Un vistazo al calendario de las próximas
semanas deja entrever un viacrucis doloroso, en el que las hojas están
señaladas con una muy probable exposición razonada que el juez de la
‘Púnica’ enviará al TSJ (con la consiguiente posibilidad de que se le
abra una segunda investigación penal), el ultimátum de una semana
marcado ayer por Albert Rivera para que PAS dimita, las inminentes
comparecencias en el Senado y el Congreso del ministro de Justicia y del
fiscal general del Estado -para responder de la orden que se
transmitió a las dos fiscales del caso para no acusar a PAS en la
‘Púnica’-, la declaración del propio presidente ante el TSJ en calidad
de investigado, fijada para el 6 de marzo, y las iniciativas
parlamentarias registradas por la oposición, en Madrid y Murcia.
Difícil congreso del PP
La encrucijada que tiene ante sí el PP, mientras sostenga a su hombre
fuerte en la Región, no termina ahí. Los populares celebrarán los días
18 y 19 de marzo el congreso regional que debe elevar a Sánchez a la
presidencia del partido, en lugar de Ramón Luis Valcárcel, y los tiempos
habituales de la Justicia convierten en una entelequia pensar que PAS
llegará a esa fecha libre de la imputación por el ‘caso Auditorio’, que
acaba de incoarse. No hay tiempo para acelerar un sobreseimiento. Más
razonable parece imaginar que para entonces pueda pesar sobre él una
segunda investigación, la de ‘Púnica’. ¿Se aceptará desde Madrid que el
PP encumbre a la cima del partido en Murcia a un candidato con tan
pesada carga?
Albert Rivera dejó claro ayer que Ciudadanos va en serio cuando exige
al PP un relevo en la presidencia de Murcia. Si no lo hiciera, se
dejaría por el camino la bandera de la regeneración, que constituye su
principal activo, y perdería la legitimación para exigir el cese del
presidente, pues incumpliría su pacto de investidura en la misma medida
que lo haría el PP.
Aunque la moción de censura con la que amaga
Podemos en la Asamblea Regional tiene pocos visos de prosperar, por la
complicación que entrañaría ponerse de acuerdo con PSOE y Ciudadanos
para consensuar un candidato alternativo, es posible que, llegados a
este punto, Rivera quiera cobrarse la cabeza política de PAS a cambio de
apoyar al PP en los Presupuestos Generales del Estado. En el mejor de
los casos para el presidente de Murcia, ahí estaría la línea roja que
llevaría a dimitir a Pedro Antonio Sánchez: en los apoyos parlamentarios
que Rajoy necesita para mantener la gobernabilidad de España.
Medias verdades y mentiras
Es precisamente la estabilidad institucional lo que más inquieta hoy
-aunque se mantenga mudo- al empresariado de la Región: que el rifirrafe
se prolongue mucho más, con el buen nombre de Murcia ligado a la
corrupción, a un cambio traumático de gobierno y a términos como crisis e
inestabilidad, sus demonios tradicionales. La frustración, ayer mismo,
del acuerdo que debía adoptar el Consejo de Administración de Aena para
cerrar el aeropuerto de San Javier, paso previo para licitar Corvera,
bien podría interpretarse como una primera consecuencia tangible de este
enrarecido clima que se respira en Murcia.
La desatinada intervención de Rajoy en Málaga en favor de PAS encarna
igualmente la ofuscación por disfrazar la realidad -cuando esta se
tuerce- con un mantra que acoge legítimos argumentarios partidistas,
medias verdades y también alguna mentira. Los ‘16 archivos’ mencionados
por Rajoy para invocar la presunción de inocencia y el acoso judicial de
la oposición al presidente de Murcia abarcan -aunque esto no lo dicen
los dirigentes del PP- desde una misma causa archivada y recurrida
después -pero contada como si fueran dos distintas- hasta cuatro viejas
denuncias ante la Junta Electoral (en 2007) y tres recursos
contencioso-administrativos.
No es esta la única posverdad que el PP trata de construir. El pacto
de investidura firmado con Ciudadanos para sostener a PAS en el Gobierno
es muy claro en el compromiso mutuo de «separar de inmediato de
cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción
política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Tan
claro que, para posibilitar su investidura, y en aplicación del mismo
acuerdo escrito con Ciudadanos que ahora discute, el PP dejó caer a su
delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a su alcalde de Murcia, Miguel
Ángel Cámara, y a la alcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín. El intento
de redefinir el término ‘imputación política’, como último escudo para
PAS, parece también condenado al fracaso.
El Consejo General del Poder
Judicial tiene dicho que la prevaricación sí es un delito de corrupción
política, y la ley regional de Transparencia hace lo propio en su
artículo 54, donde estipula que «en el momento en que un cargo público
electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma
fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto
estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal
equivalente, por la presunta comisión de los delitos contemplados en los
artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente,
entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la
confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los
principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las
instituciones». Aunque esta norma tenga efectos jurídicos discutibles,
se trata de una ley en vigor, cuyo incumplimiento podría provocar un
reproche social -o una denuncia ante los tribunales- del Consejo
Regional de la Transparencia.
Las apelaciones constantes a la presunción de inocencia, también en
boca de Rajoy, están fuera de lugar. Cualquiera sabe que se trata de un
derecho individual que nada tiene que ver con la política y que
acompañará a Pedro Antonio Sánchez mientras no recaiga contra él, no ya
una imputación -ni dos ni tres-, sino una condena judicial firme, algo
que, hoy por hoy, no se atisba en el horizonte.
Es la política, no la Constitución ni los tribunales, lo que aprieta
al presidente. La presión agobiante de Ciudadanos, el riesgo de poner en
jaque la gobernabilidad de España y de Murcia, la paciencia de Rajoy, y
el pacto suscrito de su puño y letra para asegurarse el poder. Y
también la palabra que dio, que era la palabra del presidente de todos
los murcianos.
(*) Columnista
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