La justicia es representada históricamente con una estatua de una
mujer con los ojos tapados o cerrados porque debe impartirse con
imparcialidad y porque el cumplimiento de la ley es obligado para todos,
cualquiera que sea su condición. En los tribunales se investigan
hechos, no personas.
El pasado jueves, los tres magistrados que componen
la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ apreciaron que en la exposición
razonada remitida por la juez de Lorca se consignan hechos que pudieran
ser delictivos e indicios o principios de prueba de que en ellos
participó el que entonces era alcalde de Puerto Lumbreras, el presidente
Pedro Antonio Sánchez.
Asumida la causa del ‘caso Auditorio’, el juez
Pérez-Templado determinará en el proceso de instrucción si se consolidan
evidencias sólidas de que Sánchez, en la adjudicación, tramitación y
recepción del auditorio, incurrió en la comisión de cuatro presuntos
delitos que, en algunos casos, están penados con prisión y catalogados
por el CGPJ y la ley de transperencia como de corrupción política.
En ningún caso se dirime en el TSJ una causa general sobre la
honestidad de Pedro Antonio Sánchez. Allí no se dilucida la eficacia y
honradez de su gestión como alcalde o si es un buen o mal presidente, si
ha sido sometido a una persecución política por el PSOE en los
tribunales o si el PP infla el número de denuncias dirigidas con él y el
desenlace de éstas. Si debe dimitir en caso de ser llamado a declarar
en virtud del artículo 54 de la ley regional de transparencia o si está
obligado o no a cumplir las promesas públicas y compromisos con otros
partidos que haya podido realizar en relación a este asunto.
En el TSJ
no se sustanciará si una imputación formal se produce cuando un
investigado es encausado y se le señala el camino del banquillo. Todo
eso forma parte del debate público, que es legítimo, insoslayable y
relevante cuando el investigado es el presidente elegido
democráticamente por todos los murcianos, a quienes representa
institucionalmente y con quienes se comprometió, en primer lugar, a
cumplir y hacer cumplir la ley.
La ciudadanía no está obligada a ponerse
una venda o a mirar para otro lado. Especialmente quienes tienen
responsabilidades públicas. Los partidarios y adversarios de Sánchez
están en su derecho de anticipar que todo quedará en nada o en reclamar
que debería ya renunciar a la presidencia, pero unos y otros tienen la
responsabilidad de dejar trabajar a la justicia y respetar sus
resoluciones.
Por un lado, sin menoscabar la presunción de inocencia, un
derecho fundamental que asiste al presidente como al resto de los
ciudadanos hasta el momento de una hipotética sentencia. Y por otro, sin
erosionar la confianza en la independencia de instituciones que son
claves para nuestra calidad democrática, como el ministerio fiscal y la
judicatura. Aquello que criticamos en Cataluña cuando lo practican los
separatistas no puede parecernos admisible aquí. Depende de cómo actúen
unos y otros, el perjuicio general puede ser aún más profundo.
Solo un necio o un irresponsable puede concluir que la
investigación judicial por cuatro presuntos delitos al presidente de la
Comunidad, cualquiera que fuese su color político, comporta beneficios
para el interés general de la Región, que de partida sufre un serio
revés reputacional y entra en una fase de grave incertidumbre política.
Dicho eso, en el plano democrático existe un valor superior que está en
juego en este asunto judicial: velar por el cumplimiento de la ley y la
salvaguarda del estado de derecho, que no puede quedar en entredicho, ni
en este ni en ningún otro caso.
La sociedad murciana no puede permanecer durante mucho tiempo en
esta situación. El fiscal, la juez de Lorca y tres magistrados del TSJ,
«en una valoración muy provisional», han apreciado indicios de delito
que deben ser esclarecidos sin dilación en un proceso que debe reunir
las plenas garantías previstas en la ley de enjuiciamiento criminal para
todas las partes personadas.
Anticipar el desenlace de esta
investigación judicial es, en mi opinión, temerario. Supondría asumir
que toda la investigación está ya instruida cuando aún no ha declarado
el principal investigado. El horizonte no parece alentador para Sánchez,
ahora que tres magistrados han asumido el relato indiciario de la juez
de Lorca, pero también es cierto que es a partir de este momento cuando
se determinará, oído al principal señalado, si el peso de las evidencias
en todos los supuestos delictivos es suficiente para encausarlo y
llevarlo a juicio.
En el plano político tiene a su favor que no existen obstáculos para
que todo el proceso en el TSJ sea rápido y que cuenta con el respaldo
regional y nacional de su partido. En contra, que tiene a la vuelta de
la esquina la amenaza de otra investigación por la ‘operación Púnica’ en
vísperas del congreso nacional del PP y de la negociación política de
los Presupuestos Generales del Estado. Y ya se vio con el caso de Rita
Barberá que cualquier obstáculo, por apreciado y respetado que sea en
sus filas, es despejado si Rajoy detecta que pone en peligro la
gobernabilidad del país. Respetando todas las opiniones, nuestro punto
de vista no ha variado en los últimos años sobre la continuidad de los
políticos electos en sus cargos.
La apertura de juicio oral, cuando ya
la única salida es el banquillo de los acusados, parece el momento más
oportuno, salvo que el delito sea flagrante y cause una generalizada
alarma social o produzca un destrozo irreparable al interés general. Las
responsabilidades políticas tienen líneas rojas difusas, basadas en
criterios de valoración subjetivos, que generalmente incumplen la
mayoría de los partidos políticos porque para eso recurren a la doble
vara de medir. De una vez por todas deberían dejar clara sus posiciones,
cumplir sus compromisos y respetar lo que aprueban en sus códigos
éticos y leyes.
Los grandes políticos son aquellos que se mantienen democráticamente
en el poder por su buen hacer refrendado en las urnas y que saben
marcharse cuando su permanencia causa un indiscutible deterioro en la
confianza en las instituciones. Estoy convencido de que Pedro Antonio
Sánchez, al que deseo la mejor de las suertes en el plano personal,
sabrá si en algún momento se alcanza ese punto y de que actuará en
consecuencia. Si no lo hiciera, la sociedad civil se lo reclamará.
Llegado ese supuesto, este periódico cumpliría con su obligación y se lo
haría saber.
(*) Periodista y director de La Verdad
http://blogs.laverdad.es/primeraplana/2017/02/05/la-hora-de-la-justicia/
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