Con la que está cayendo a cuenta de las
puertas giratorias y de las empresas eléctricas (un suculento negocio
para los políticos y sus amigos a costa de que la gente pague unas de
las tarifas más altas de Europa), cualquiera diría que este nombramiento
muestra poco tacto o sentido de la oportunidad. Otra puerta giratoria y
más que giratoria, una verdadera lanzadera. El puesto para el que se ha
nombrado a este personaje con unos 150.000 € al año, queda vacante
porque su anterior titular se incorpora al gobierno.
¿Habían oído hablar
alguna vez del capitalismo de amiguetes? Son las reglas del mercado:
las empresas no se arredran en contratar auténticos inútiles por una
millonada porque saben que se las recompensa por otro lado. La
experiencia del nombrado en asuntos de energía viene de haber sido
director general de la Guardia Civil, puesto al que fue ascendido sin
merecimiento alguno, como decisión personal de su amigo Rajoy. ¿Paganos?
Los contribuyentes.
La
idea de que este nombramiento muestra falta de tacto es, en realidad,
una simpleza. Los que proceden a hacer nombramientos caciquiles se pasan
el día haciendo cosas parecidas. El Estado es de su propiedad y hacen
con él lo que quieren. Nombran a la gente que les da la gana, amigos,
allegados, parientes. ¿Para qué van a necesitar tacto o sentido de la
oportunidad? Hacen lo que quieren porque es lo que quieren y nadie
protesta y, lo más grave, nadie lo impide. Es una desvergonzada
conciencia de impunidad. Después de 14 años de humillar la memoria de
las víctimas del Yak42, sin pedir perdón por el inaudito atropello,
los mismos que son políticamente responsables de él reciben a los
familiares como si les hicieran un favor y siguen sin pedir perdón.
¿Por
qué habrían de hacerlo? El país es suyo. Si hubieran de andarse con
remilgos y cuestiones de oportunidad, ¿cómo iban a homenajear
póstumamente a Rita Barberá? "Era buena, decente y trabajadora; la echo
de menos", dice Rajoy. ¿Sentido de la oportunidad? Debe de ser el mismo Rajoy que la obligó a dejar la militancia cuando
las cosas se le pusieron feas, pero que ahora, llevado por el
entusiasmo, ha llegado a comparar a Barberá con los ediles muertos por
atentados terroristas.
Todo
eso y mucho más, cotidiano, permanente: latrocinios, expolios, estafas,
malversaciones...la corrupción en España es estructural y todo lo que
se hace es funcional a esa estructura. Que, por lo demás, sigue
manteniéndose sobre las costillas de los más débiles, los jóvenes, los
parados, los dependientes y, en esta ocasión los jubilados pues el PP y C's han conseguido paralizar la subida de las pensiones de un 1,2%, siendo así que la inflación en enero ha sido del 3%.
A
esta situación de trapaza y corrupción cotidiana, aquilatadamente
española, hemos llegado con el impagable auxilio del PSOE al permitir
con su abstención este gobierno de la derecha. Andan por ahí los voceros
de la gestora diciendo que controlan al gobierno y que son una
oposición útil a la ciudadanía. A la vista está, en la impunidad con la
que el gobierno hace lo que quiere.
Ahora
amenazan con no aprobar los presupuestos. Será de ver hasta dónde
llevan su negativa, teniendo en cuenta que Rajoy dispone de la llave de
elecciones anticipadas. Y si, para evitar elecciones anticipadas, se
forzó una abstención del partido que lo dejó fracturado, ¿qué no se hará
para evitarlas de nuevo? Por ejemplo, aprobar los presupuestos con
estos o aquellos retoques que el gobierno se encargará de ignorar
olímpicamente, como hace con todas las proposiciones no de ley del
parlamento mientras él gobierna por decreto.
Las personas y el proyecto
Se
entiende por qué los políticos del PP no dimiten nunca, hagan lo que
hagan, tanto si abusan de su poder como si impiden el ejercicio de
derechos ciudadanos o cometen delitos. Saben que la dimisión no es
nunca el fin de una aventura, sino su comienzo. A continuación vienen
las exigencias de que se pida perdón, las peticiones de comparecencia o
las comisiones de investigación. Es mucho mejor no dimitir y dejar que
escampe.
Por
eso no dimitió Trillo después de la catástrofe del Yak42 de la que es
políticamente responsable. Por eso tampoco Rajoy pide perdón a los
familiares de las víctimas 14 años después de aquel desastre acaecido
cuando él era vicepresidente del gobierno y, por tanto, también
responsable. Por eso igualmente tampoco dimitió Fernández Diaz aunque
esté bajo vehemente sospecha de haber hecho todo tipo de juego sucio
contra el independentismo catalán, incluida la presunta “hazaña” de
intentar destruir la sanidad catalana. Dimitir es reconocer
responsabilidad, quizá culpabilidad y eso no es práctica común de la
derecha.
La
dimisión de Santiago Vidal se aleja de la práctica hispana y se acerca a
la europea. Se hacen declaraciones inoportunas o injustas o falsas y,
en consecuencia, se dimite. Esta dimisión ha provocado la consabida
avalancha de peticiones de la oposición, tratando de acorralar tanto al
dimisionario como al gobierno catalán, principal afectado por las
declaraciones del juez. Al margen de la torcida intención que tienen
muchas de estas peticiones, es importante que el bloque independentista y
especialmente ERC, organización a la que pertenece Vidal, continúen en
el espíritu europeo iniciado por el juez, den todas las explicaciones
que razonablemente quepa esperar y disipen la sombra de la duda en los
procedimientos aplicados en la hoja de ruta.
Es
irritante ver cómo quienes actúan de modo prepotente y a veces
supuestamente ilegal, quienes recurren a las cloacas del Estado para
conseguir fines ilegales e inmorales, quienes censuran y abusan, se
erijan en paladines de la democracia y el Estado de derecho. Pero eso no
justifica el recurso al “y tú más” por la muy sencilla y poderosa razón
de que ambas partes no son iguales. Nunca serán iguales quienes luchan
por la libertad y quienes lo hacen contra ella, quienes quieren
emanciparse y quienes sojuzgar a los demás. Quienes aspiran al pleno uso
de los derechos nacionales no pueden recurrir a los mismos
procedimientos que quienes quieren suprimirlos.
Las
desafortunadas declaraciones de Vidal comprometen a ERC, a JxS y al
conjunto del bloque independentista porque afectan al comportamiento de
las instituciones. Los responsables no deben ser reticentes a la hora de
disipar dudas, evidenciar la falsedad de las sospechas, mostrar la
limpieza del gobierno y sus departamentos. La oposición, incluida la más
reaccionaria y xenófoba, está en su derecho de exigir cumplidas
explicaciones y el gobierno catalán está en el deber de proporcionarlas.
Las comparecencias de las autoridades en sede parlamentaria no deben
ser obligadas, sino voluntarias. Y si llegara a demostrarse, que
incurrieron en ilegalidades o actitudes reprobables, deben asumir su
responsabilidad ipso facto y actuar en consecuencia. Son las personas
responsables quienes deben pagar por ello so pena de que lo haga el
proyecto.
La
Constitución de la República Catalana, de la que el juez Vidal es uno
de los corredactores, como el proyecto de emancipación nacional a que
aspira no puede fundamentarse en comportamientos dudosos y actividades
que no puedan hacerse públicas sin suscitar la suspicacia y el temor de
la ciudadanía.
Vidal-Quadras
explica en twitter que, cuando se abandona la protección del Estado de
derecho, cuando se va contra la ley, la única solución es la fuerza. Es
una amenaza obvia. Aunque cabe discrepar de la idea de la ley y el
Estado de derecho que profesa el exeurodiputado del PP, en un sentido
realista solo cabe darle la razón. Ir contra ley, por inicua que esta
sea, es arriesgarse a sufrir el uso de la fuerza, que a nadie agrada.
Por
eso es muy importante que todas las actuaciones del gobierno catalán
sean escrupulosamente legales, para ajustarse al enunciado de Puigdemont
“de la ley a la ley”. Es esencial que, al llegar el momento crucial de
la confrontación política del referéndum, el Estado no haya recurrido al
uso de la fuerza, amparado en una supuesta ilegalidad previa. Que se
atreva a declarar ilegal el referéndum, a su vez amparado en una
legitimidad que tiene un amplio reconocimiento interior y exterior.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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