En principio parecería fácil fijar una posición razonable
sobre la actitud que tomará el presidente de la Comunidad ante la oleada
de críticas vertidas en los medios de comunicación nacionales y
regionales, derivadas de los casos penales ‘Auditorio’ y ‘Púnica’, en
los que anda implicado. A mi entender, la responsabilidad política, una
vez resuelta su investigación (antes imputación) formal por el TSJ, en
el primer caso, ha de ejercerse con ejemplaridad generosa, dejando para
la Justicia las consecuencias penales, en coherencia con lo que hasta
ahora había operado en mi partido.
Así, el 9 de marzo de 1993, actuando como portavoz del Grupo
Popular en la oposición, con ocasión de la defensa de la moción de
censura al entonces presidente Carlos Collado, dije desde la tribuna de
nuestra Asamblea Regional lo siguiente: «Y esta responsabilidad exigida a
cualquier político o cargo público debe ser acogida con la serenidad de
la inocencia, si se está investido de ella y con la misma serenidad y
prudencia presentar su dimisión; y perseverando en esas virtudes de la
paciencia y la prudencia esperar una resolución judicial firme, que le
procese o le sobresea, que le condene o que le absuelva. Lo que no
puede, entre tanto, es someter a la sociedad murciana a que esté
pendiente ni serena ante la desconfianza, y la confianza, que es el
soporte ético en el que se apoya un político, usted, señor Collado, ya
hace muchos días que la tiene totalmente perdida».
«El Presidente de esta Comunidad Autónoma -continué en mi
exposición- obliga a la sociedad murciana no a la serenidad sino a la
impotencia, no a la prudencia sino a la frustración; no distinguiendo,
además, entre la responsabilidad jurídico-penal y la responsabilidad
política, bien distinta, que es la que se le está exigiendo hoy aquí».
(Diario de Sesiones núm. 82 del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia,
III Legislatura, pag. 3509). Insisto. Lo dije hace veinticuatro años.
Hoy sigo manteniendo los mismos principios.
De igual forma se actuó cuando, el 2 de junio de 2015,
siendo presidente del Gobierno regional, el consejero de Industria y sus
más directos colaboradores presentaron su dimisión sin dilación tras
conocer por la prensa su implicación en el ‘caso Púnica’, dando ejemplo
de lo que corresponde hacer en estos casos.
Y así también pensaba el propio Pedro Antonio Sánchez,
cuando siendo consejero, al término de la celebración del Día de la
Región, manifestó en Archena el día 9 de junio de 2015: «Lo que fallan
son las personas, y los que la hacen deben ser señalados y apartados
porque la sociedad no puede tener dudas sobre sus políticos».
Hasta aquí, como dije al principio, parece fácil deducir
cuál es la salida política más coherente. Sin embargo, al producirse de
forma improcedente la filtración de la decisión de la Fiscalía General
del Estado sobre el ‘caso Púnica’, imprudentemente vertida a los medios
de comunicación por el propio presidente Sánchez tras una conversación
privada con el ministro de Justicia, no menos criticada que las
supuestas implicaciones delictivas, el panorama cambia.
Ya no importa tanto a quienes pueden decidir sobre el futuro
político de Pedro Antonio Sánchez ni su situación, ni el daño que se
irroga a la Región de Murcia. Hay que eludir otras responsabilidades que
afectan al propio Estado democrático de derecho, al sistema, hay que
cerrar filas, aunque sea a costa de apartarnos de los principios que
siempre informaron el proceder de un partido con el que cada vez cuesta
más trabajo identificarse.
Los partidos políticos, todos, han pasado de defender la
máxima de que ‘el que la hace la paga’ a amparar la pesada carga de ‘a
los tuyos con razón o sin ella’; de la Ley de Transparencia al «secreto
profesional del político»(SIC). Y entre una postura y la otra no solo
hay un abismo sentimental sino un muro de hormigón armado que separa la
honestidad de la cara dura.
La oposición regional hará uso del artículo 54 de la Ley de
Transparencia, que además de una seria amenaza legal para todo
investigado, se define entre los motes de los números de la ONCE como el
‘cólera’, cantado antes en la calle Frutos Baeza de Murcia, o por
Antoñico, en la calle del Carmen en Cartagena. Se comenta con sorna que
este «cólera sospechoso», definido así por mi profesor, don Juan García
Abellán, refiriéndose a la epidemia de 1854, provocará diarreas
políticas y vómitos judiciales. Que por nadie pase.
(*) Abogado, miembro de la dirección regional del PP y ex presidente de la CARM
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