CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos ha señalado que 'caso Desaladora' y
todo el "entramado" que construyen Valcárcel y Cerdá en torno a
Escombreras, obedece a los intereses "especulativos" del Partido Popular
con el "pelotazo urbanístico" que más tarde desencadena "la grave
crisis económica que atraviesa la Región de Murcia".
Antonio Urbina ha asegurado que el "hilo conductor" entre la
corrupción del pasado y la del presente en la Región, "aparte de ser el
gobierno del propio Partido Popular, está en las recalificaciones
masivas de suelo que hicieron los ayuntamientos para construir
macrourbanizaciones.
Para poder recalificar hacía falta que la
Confederación Hidrográfica autorizara y comprometiera uso de agua para
ello, cosa que no hizo". Para poder seguir con el pelotazo del ladrillo
"se diseñó todo un entramado para saltarse la Ley de Aguas (y de paso la
Ley de Contratos Públicos), nunca se pensó en agua para la agricultura,
sino en agua para el ladrillo".
El diputado de Podemos ha afirmado que tanto Valcárcel como Cerdá "se
inventaron la construcción de una desaladora" para poder dar cobertura a
la garantía de agua que tenían que tener los planes urbanísticos de los
consistorios. Por ello, el Partido Popular "arma una trama en la se
saltan la ley de concurso público y crean un Ente Público del Agua que
prometía, a través de Escombreras, hasta 46 hectómetros cúbicos de agua
para abastecer la burbuja inmobiliaria".
En realidad, ha dicho Antonio
Urbina, "es que Escombreras tiene como máximo una producción de 20 y
nunca ha llegado a sobrepasar los 15 hectómetros cúbicos. Por tanto, el
Partido Popular sabía que todo era un doble fraude, un fraude en la
promesa de agua y un fraude en la construcción de la desaladora".
Este agua, ha continuado Urbina, "nunca estuvo pensada para abastecer
al campo" y lo que es "más sangrante todavía, a pesar de que la
desaladora tiene un coste de construcción de menos de 100 millones de
euros, el gobierno del Partido Popular regala al grupo Cobra, propiedad
de ACS, a través de contratos muy perjudiciales para las arcas públicas,
la promesa de cobrar hasta casi 600 millones de euros por esta
instalación en concepto de pago a futuro hasta el año 2034. Esto lo
respaldó el gobierno de Valcárcel y el exconsejero Cerdá (imputado) y lo
estamos pagando año tras año con el gobierno de Pedro Antonio Sánchez
(imputado) con los presupuestos regionales a través de la Consejería de
Agricultura Agua y Medio Ambiente (consejera imputada)".
Antonio Urbina ha incidido en que toda esta "trama de corrupción" la
monta el Partido Popular en la Región de Murcia "a espaldas de los
servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, la Intervención General y,
encima, se contratan a empresas privadas para asesorar al gobierno
regional. Lo que desemboca en un claro caso de fraude de dinero
público".
Como ha explicado el diputado del Grupo Parlamentario Podemos, los
próximos pasos son que el dictamen de la comisión "que ya se aprobó el 9
de noviembre de 2016, y hoy se ha vuelto a aprobar" llegue al Pleno de
la Asamblea "lo antes posible".
Después, ha aclarado, "si se aprobará
también el dictamen en el Pleno de la Asamblea Regional y se trasladará
toda la documentación recogida, incluidas las comparecencias, al Consejo
de Gobierno para su información y a la Fiscalía para que se completen
las causas que están en marcha".
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