MADRID.- Poco más de dos meses después de tomar posesión del cargo,
el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que acudir al
Congreso a dar explicaciones sobre la primera gran polémica a la que se
enfrenta: su decisión de no acusar al presidente de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, en el 'caso Púnica'.
El PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís han pedido la
comparecencia urgente de Maza para que explique si ha recibido
instrucciones políticas para oponerse a que sean investigados tanto
Sánchez como el expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado,
Pedro Sanz.
Respecto al primero de ellos, en contra del criterio de las
fiscales del caso, la Fiscalía General consideró que no hubo
responsabilidad penal de Sánchez por intentar contratar los servicios de
la trama para mejorar su reputación, dado que esos contratos no se
firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.
Maza, que se ha declarado "encantado" de ir al Congreso de
los Diputados a dar las explicaciones oportunas, ha negado de forma
tajante haber recibido "ninguna presión" para no actuar contra el
presidente de Murcia.
Ha explicado que adoptó su decisión "con toda honestidad" y
respaldado por informes de los fiscales de la Secretaría Técnica y por
la opinión de los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo.
Y ha encontrado el respaldo del ministro de Justicia, Rafael
Catalá, quien ha negado injerencias del Ejecutivo en el trabajo de la
Fiscalía y ha recordado a las fiscales del caso, que en caso criterios
discordantes, el que impera es el de sus superiores.
Las críticas de Catalá a las fiscales han sido interpretadas
como una "amenaza" por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha
pedido por ello la dimisión del ministro.
El escrito en el que la Fiscalía pedía al juez no acusar a
Pedro Antonio Sánchez lo firmó la teniente fiscal de Anticorrupción
Belén Suárez, de acuerdo con el criterio marcado por Maza y en contra de
la posición de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa
Gálvez.
Éstas, en el escrito relativo a la otra aforada, la senadora
del PP Pilar Barreiro, a la que sí que acusan, señalan que Pedro
Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, también se habría
beneficiado de un "plan criminal" para mejorar su imagen.
Según las fiscales, ese plan, de no haber sido
"descubierto", habría supuesto un perjuicio a las arcas públicas, en
concreto a las de la Consejería de Educación, de 2.100 euros mensuales
en el caso de Barreiro y de 4.600 en el de Sánchez, siempre por trabajos
"personales" o "particulares".
Toda esta polémica ha surgido a escasas fechas de que, el
próximo día 22, el Consejo Fiscal afronte la renovación de 35 fiscalías,
entre ellas Anticorrupción para la que se presentan seis miembros de
esa fiscalía especial y un fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Moix.
Al menos dos de las aspirantes a dirigir esa Fiscalía se han
visto involucradas en el asunto de 'Púnica': la actual teniente fiscal y
una de las que lleva la investigación a la familia Pujol, Belén Suárez,
quien firmó el escrito dirigido al juez Eloy Velasco en el que se
oponía a acusar a Pedro Antonio Sánchez, y Teresa Gálvez, una de las
fiscales del caso que sí era partidaria de la acusación.
Y otro, Alejandro Luzón, fiscal del caso Bankia, es teniente
fiscal de la Secretaría Técnica, cuyo informe, según ha dicho Maza,
avaló que no se acusara al presidente de Murcia.
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