MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón se ha dirigido por conducto fehaciente al presidente de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, para que una comisión 'ad hoc' investigue lo que está sucediendo en la Fiscalía General del Estado a raíz de lo que ha trascendido sobre la pieza separada III de la trama Púnica, que se ocupa de sus actividades e implicados en la Región de Murcia, respecto de la suerte de los informes evacuados por las dos fiscales que han investigado este caso por adscritas al Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional cuyo titular es el magistrado Eloy Velasco.
En concreto el letrado le pide se abra una Comisión de Investigación en el seno de la
Comisión de Justicia sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado donde da la orden a la Fiscalía Anticorrupción para que no se acusara al presidente regional de Murcia en la causa abierta bajo el número de diligencias previas 85/2014 en la pieza separada nº 3.
Entiende De Ramón que aquí tiene que haber las mismas garantías procesales y jurídicas que en el caso Nóos donde, pese a los informes de oposición de la Fiscalía Anticorrupción se siguió el proceso judicial hasta el señalamiento de juicio oral y su celebración.
Este abogado recuerda en su petición como el pasado 9 de diciembre ya se dirigió por escrito a la Fiscalía General del Estado donde exponía que a la hora de nombrar o cesar fiscales tenía que tener en cuenta los asuntos llevados en esas Fiscalías sobre corrupción y apoyar la continuidad de los mismos "para preservar la eficacia, independencia, trasparencia y objetividad en grado sumo de sus actuaciones que, de por sí, en número y resultados son exquisitos (...) recuperando así la confianza de los ciudadanos en dichas instituciones y no ser a veces un instrumento de intereses".
Diego de Ramón quiere que esa Comisión 'ad hoc' analice si es correcto que en un proceso penal, "donde existe el titular responsable de la instrucción, en que solicita informes a las fiscales adscritas al juzgado central nº 6, doña Carmen García Cerdá y doña Teresa Gálvez, irrumpa en dicho proceso penal la fiscal-jefe Anticorrupción 'en funciones', doña Belén Suárez, dependiente como así también la Secretaría General Técnica del fiscal general del Estado (nombramiento político del actual Gobierno de la Nación), y en ello se demuestra que ha habido posible 'conflicto de intereses', que se tendrá que investigar por dicha Comisión de Justicia del Congreso".
El letrado murciano precisa que "la calificación jurídica de la tentativa es punitiva" en nuestro Código Penal siendo "la continuidad y actos de voluntad preparatorios de una inmediata o futura actuación delictiva, aunque todavía no se hayan producido daños económicos al erario público".
En consecuencia piensa De Ramón que esa Comisión investigadora que solicita "deberá evaluar el auto de dicho juzgado de 10 de febrero pasado, los dos informes de la Fiscalía adscrita al mismo y que obrarán en autos, y por último el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que se da por encima de estos dos informes antes referidos, su 'oportunidad de intervención', el estudio del posible conflicto de intereses, la legitimidad del informe y si es necesario solicitar 'informe al Consejo de Estado' para este estudio de análisis, prueba, como así los posibles nombramientos futuros y ceses en las Fiscalías Anticorrupción próximas de aquellos fiscales-jefe que han llevado causas relacionadas con esta trama, como es la de Murcia".
En su escrito del pasado 9 de diciembre al fiscal general del Estado, De Ramón le recuerda que el actual fiscal superior de Murcia ha perseguido desde su primer nombramiento hasta esa fecha más de 260 casos de corrupción, con más de 230 imputados o investigados, con gran diferencia con su antecesor, que no llegó a cinco.
Para este abogado murciano, "cesarlo o destituirlo sería como premiar o incentivar a las acciones judiciales penales corruptas en una región como la nuestra, donde sus fiscales Anticorrupción luchan de una forma muy eficiente y ejemplar persiguiendo los casos de corrupción".
A su juicio, "de hacerlo, se sembraría de dudas, sospechas de legalidad del Estado en luchar contra la corrupción".
"Si se cesa a estos hombres públicos, que ejercen con gran valentía y, a veces, con ataques personales a su familia, además de ser los denunciantes de estos actos porque les obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal (...) Seguir con esta política de ceses es quizá seguir incentivando o premiando a los causantes de los delitos de corrupción".
En ese escrito al fiscal general, José Manuel Maza Martín, el letrado Diego de Ramón solicitaba de forma expresa "evitar el cese de esta fiscalía (en referencia a la del TSJRM) por tener aceditada su andadura de perseguir casos de corrupción".
En concreto el letrado le pide se abra una Comisión de Investigación en el seno de la Comisión de Justicia sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado donde da la orden a la Fiscalía Anticorrupción para que no se acusara al presidente regional de Murcia en la causa abierta bajo el número de diligencias previas 85/2014 en la pieza separada nº 3.
Entiende De Ramón que aquí tiene que haber las mismas garantías procesales y jurídicas que en el caso Nóos donde, pese a los informes de oposición de la Fiscalía Anticorrupción se siguió el proceso judicial hasta el señalamiento de juicio oral y su celebración.
Este abogado recuerda en su petición como el pasado 9 de diciembre ya se dirigió por escrito a la Fiscalía General del Estado donde exponía que a la hora de nombrar o cesar fiscales tenía que tener en cuenta los asuntos llevados en esas Fiscalías sobre corrupción y apoyar la continuidad de los mismos "para preservar la eficacia, independencia, trasparencia y objetividad en grado sumo de sus actuaciones que, de por sí, en número y resultados son exquisitos (...) recuperando así la confianza de los ciudadanos en dichas instituciones y no ser a veces un instrumento de intereses".
Diego de Ramón quiere que esa Comisión 'ad hoc' analice si es correcto que en un proceso penal, "donde existe el titular responsable de la instrucción, en que solicita informes a las fiscales adscritas al juzgado central nº 6, doña Carmen García Cerdá y doña Teresa Gálvez, irrumpa en dicho proceso penal la fiscal-jefe Anticorrupción 'en funciones', doña Belén Suárez, dependiente como así también la Secretaría General Técnica del fiscal general del Estado (nombramiento político del actual Gobierno de la Nación), y en ello se demuestra que ha habido posible 'conflicto de intereses', que se tendrá que investigar por dicha Comisión de Justicia del Congreso".
El letrado murciano precisa que "la calificación jurídica de la tentativa es punitiva" en nuestro Código Penal siendo "la continuidad y actos de voluntad preparatorios de una inmediata o futura actuación delictiva, aunque todavía no se hayan producido daños económicos al erario público".
En consecuencia piensa De Ramón que esa Comisión investigadora que solicita "deberá evaluar el auto de dicho juzgado de 10 de febrero pasado, los dos informes de la Fiscalía adscrita al mismo y que obrarán en autos, y por último el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que se da por encima de estos dos informes antes referidos, su 'oportunidad de intervención', el estudio del posible conflicto de intereses, la legitimidad del informe y si es necesario solicitar 'informe al Consejo de Estado' para este estudio de análisis, prueba, como así los posibles nombramientos futuros y ceses en las Fiscalías Anticorrupción próximas de aquellos fiscales-jefe que han llevado causas relacionadas con esta trama, como es la de Murcia".
En su escrito del pasado 9 de diciembre al fiscal general del Estado, De Ramón le recuerda que el actual fiscal superior de Murcia ha perseguido desde su primer nombramiento hasta esa fecha más de 260 casos de corrupción, con más de 230 imputados o investigados, con gran diferencia con su antecesor, que no llegó a cinco.
Para este abogado murciano, "cesarlo o destituirlo sería como premiar o incentivar a las acciones judiciales penales corruptas en una región como la nuestra, donde sus fiscales Anticorrupción luchan de una forma muy eficiente y ejemplar persiguiendo los casos de corrupción".
A su juicio, "de hacerlo, se sembraría de dudas, sospechas de legalidad del Estado en luchar contra la corrupción".
"Si se cesa a estos hombres públicos, que ejercen con gran valentía y, a veces, con ataques personales a su familia, además de ser los denunciantes de estos actos porque les obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal (...) Seguir con esta política de ceses es quizá seguir incentivando o premiando a los causantes de los delitos de corrupción".
En ese escrito al fiscal general, José Manuel Maza Martín, el letrado Diego de Ramón solicitaba de forma expresa "evitar el cese de esta fiscalía (en referencia a la del TSJRM) por tener aceditada su andadura de perseguir casos de corrupción".
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