Juan Antonio Campillo ha ocupado, como vocal, la plaza de Javier
Ruano, ahora diputado nacional del PP, en el Consejo Social de la
Universidad de Murcia. Blanco y en botella. Queda claro que es el
escalón exigido para convertirse de inmediato en presidente de este
órgano. Entra en representación del Gobierno, al que corresponde decidir
la presidencia, aunque formalmente el nombramiento corresponde al
rector, si bien con un condicionante claro: ´oído el Gobierno´. Ni
siquiera consultado: oído. En pocas fechas, pues, Campillo será el nuevo
presidente del Consejo Social.
Algo hemos avanzado, corresponde
admitir. Lo habitual era colocar al frente del Consejo a políticos en
línea con el presidente, una plaza más donde dejar en espera a quienes
no habían encontrado ubicación en los aledaños de la Administración
política o en las listas electorales. No siempre, pero casi. Juan Bernal
o Ruano son algunos ejemplos, de modo que en ciertas circunstancias
complejas el presidente del Consejo Social de la UMU desatendía los
intereses de ésta para prestarse a los del partido al que realmente
representaba. La más clara constatación de esto se produjo en la
posición de Ruano en aquel convulso Consejo Interuniversitario en que se
plegó a la estrategia de la Universidad Católica frente la pública, a
la que representaba.
Se deduce que Pedro Antonio Sánchez, a la
vista del perfil de la apuesta del Gobierno, ha decidido dar un giro a
esa dinámica, y ha optado por una apuesta profesional. Juan Antonio
Campillo ha sido, hasta su jubilación, subdirector de Cajamurcia, mano
derecha de Carlos Egea en la gestión de la entidad, en la que se ha
desempeñado con discreción y eficacia. No ha tenido notoriedad pública,
como corresponde a la usanza de los gestores financieros vintage, pero
es reconocido como una pieza fundamental en la estabilidad de la única
Caja española que, a pesar de precisar del rescate del FROB, como todas
menos una, mantuvo y mantiene a su equipo gestor, lo que marca una muy
sustantiva diferencia.
Este nombramiento atraviesa una polémica
solapada por el adelanto del rector Orihuela al sugerir para el cargo a
la empresaria Encarna Zamora, pero la potestad de la elección
corresponde al Gobierno y es obvio que toca a Campillo, como delata el
hecho de su acceso inicial al Consejo en calidad de vocal en la previa a
la nominación de presidente.
(*) Columnista
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