No sorprende que Miguel Roca, abogado de la Infanta Cristina de
Borbón en el caso Nóos, declare al conocer la sentencia absolutoria de
su defendida que estaba ‘levitando’. Motivos tienen él y otros abogados
del caso Nóos, empezando por el de Iñaki Urdangarin, condenado solo a 6
años y 3 meses de prisión, para levitar de alegría, porque la sentencia
resulta decepcionante y producirá amplio malestar en la ciudadanía y la
sospecha fundada de que todos los españoles no son iguales ante la ley.
Al contrario de lo que declaró el Rey Juan Carlos I en un mensaje
navideño y en alusión al caso Nóos que fue una de las causas de su
abdicación ante el riesgo verse afectado en la trama por sus presuntas
gestiones en favor del negocio de su yerno Urdangarin y la Infanta
Cristina ante las Comunidades de Baleares y Valencia y los ayuntamientos
de Madrid y Valencia. Así se desprendía de las reuniones que los
gobernantes de esas instituciones y los miembros de la trama habían
mantenido en los Palacios de Marivent y La Zarzuela en Madrid. Una
situación esta que llevó al Rey Felipe VI a retirar el título de Duques
de Palma a sus cuñados.
Si a los cabecillas de la Gürtel de Valencia les acaban de condenar a
13, 12 y 9 años de cárcel por el amaño de un solo contrato de la
Comunidad de Valencia en la Feria de Fitur, parece asombroso que al
primer autor de la trama Nóos, que es Urdangarin por su condición de
miembro de la Familia Real, lo que constituía la base del negocio, solo
se le haya condenado a 6 años y 3 meses de prisión por los delitos de
fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude
fiscal, mientras que a su socio Diego Torres que era el administrador,
le han caído 8 años y seis meses de prisión, al añadirle a los
mencionados delitos el de blanqueo de capitales.
Como asombroso resulta que los políticos autores de los contratos de
Nóos con administraciones públicas de Valencia y Madrid hayan sido
absueltos, a pesar de su ‘necesaria colaboración’ en delitos similares a
otros que se han juzgado. Con la excepción hecha del e presidente
balear Jaume Matas, que confesó su delito y al que le han dictado una
condena de 3 años y 8 meses de prisión incluso después de haber
colaborado con el fiscal. Y asombroso es que la responsabilidad civil
que se les imputa a Urdangarin y Torres sea inferior al monto recaudado
en sus negocios públicos.
En cuanto a la infanta Cristina la sentencia la declara inocente y
solo se le aplica una multa de 265.000 euros como la beneficiaria del
negocio de su esposo, dejándose fuera su presunto delito fiscal. Aunque
parece claro que su colaboración con la trama y el uso de su nombre y de
la Familia Real formó parte decisiva del negocio delictivo. Otra cosas
es que no se haya podido demostrar una relación directa de la Infanta
con las actuaciones de la trama y con su esposo Iñaki Urdangarin, una
vez que Cristina declaró desconocer lo que hacía su esposo, a pesar de
ser ella accionista del 50 % de la sociedad Aizoon que facturaba a Nóos.
Una actitud la de Cristina que recuerda las excusas recientes de Ana
Mato, esposa de Jesús Sepúlveda o Rosalía Iglesias, esposa de Luis
Bárcenas en el caso Gürtel. Y no digamos si comparamos el trato de favor
recibido por la Infanta con lo que pasó con Isabel Pantoja como lo ha
recordado el juez instructor del caso, José Castro.
Y a no perder de vista que esta trama delictiva también estafó a
varias empresas de la cúpula de Ibex que no quisieron denunciarla por
estar implicada parte de la familia del Rey Juan Carlos I. Empresas de
las que Urdangarín y Torres recibieron altas cantidades económicas a
cambio de supuestas asesorías y de presuntos trabajos no realizados o de
informes copiados de Internet, lo que de haber llegado a juicio habría
supuesto más delitos, incluido el fiscal.
En suma, y aunque a algunos les parezca una proeza que la Infanta se
haya sentado en el banquillo y que se haya condenado a Urdangarin
podemos decir, como el abogado Roca, que la sentencia es para ‘levitar’.
Y no solo los abogados de alegría sino todos los españoles de
indignación porque se merecían una sentencia justa y similar a las
dictadas a otros delincuentes de la corrupción. Pero está claro que en
este juicio no cabía la ejemplaridad sino más bien la socorrida ‘razón
de Estado’.
Y ello pesar de la encomiable instrucción del juez José Castro que
sufrió presiones de todo orden y descalificaciones personales incluso
por parte del muy sospechoso fiscal Pedro Horrach. El que ahora debería
recurrir ante el Tribunal Supremo las bajas penas impuestas a los
condenados que son muy inferiores a las que él pidió así como la
exclusión de los delitos de Valencia y Madrid. Pero Horrach no lo hará
demostrando que estaba en la ‘pomada’ y ahora levitando de alegría como
Roca, y porque el nuevo Fiscal General -para eso lo han nada nombrado-
no lo permitirá.
(*) Periodista
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