Tiene gracia que Federico Trillo, miembro del Opus Dei, una secta
religiosa que se opone a los derechos cívicos de los gays, no esté en la
cárcel porque lo salvara de ella un juez, Grande Marlaska, afín al PP,
pero gay, una contradicción en términos, aunque no tanto cuando
coinciden ciertos intereses. Mientras el PP recurría al Constitucional
para tratar de impedir la legalización de los matrimonios entre
homoxesuales, Marlaska salía del armario y se casaba con un señor a la
vez que no alcanzaba a encontrar delito en la actuación del opudeista
Trillo en el caso del Yak42.
Se entiende a la perfección que el
ministro no fuera inculpado. Es fácil: los directamente implicados en
las actuaciones relativas al Yak aceptaron su culpabilidad a sabiendas
de que serían indultados de inmediato por el Gobierno al que pertenecía
Trillo, y poco después serían gratificados con ascensos y destinos en
embajadas que compensarían de manera espléndida el sacrificio de
mantener ante el tribunal la boca cerrada.
Esta
es la razón por la que resulta patético el argumento de que el caso
Trillo ya fue resuelto ante la Justicia. Si quienes declararon ante los
tribunales sabían que por salvaguardar la responsabilidad del entonces
ministro del Defensa serían, no sólo indultados sino promocionados a
escalas mejor remuneradas, es lógico que el caso se saldara con la
impunidad del ministro. Por decirlo con toda claridad: las prebendas
gubernamentales destinadas a los condenados en el caso Yak constituyen
una declaración de culpabilidad a posteriori, o sea, el resultado de un
chantaje saldado con dinero público que, con toda desvergüenza, se
presenta ahora como una prueba de la inocencia política de Trillo.
Dicen:
«La Justicia ya resolvió». Pero hoy sabemos que quienes declararon en
el caso conocían de antemano que su condena jurídica no tendría
trascendencia negativa para ellos, pues el Gobierno vendría a
rescatarlos e incluso a promocionarlos política y profesionalmente.
A
la vista de tanta desvergüenza, si algo queda a los ciudadanos por
disfrutar es que Trillo tendrá que dejar constancia en sus memorias de
que no fue a la cárcel porque un juez gay, aun en sintonía con su
partido, no pudo condenarlo porque a los acusados directos del caso se
les prometió impunidad y ascensos. Qué mayor humillación para un
ministro del Opus que deber su libertad a un juez de cuyos derechos
sexuales y sociales abomina. Tal vez esta sea, en el fondo y para su
mentalidad, la más terrible condena. Ojalá así fuera, aunque su cinismo
político no parece contemplar ni siquiera estos matices, pues el
responsable político del Yak 42 no sufre ni padece. Es de mármol.
(*) Columnista
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