ALICANTE.-
Después de cerca de siete años de pesquisas, el juez que investiga
los presuntos amaños durante la tramitación del Plan General de Alicante
entregará hoy a las partes el auto en el que se resuelve el
procesamiento de los implicados, lo que les acerca al banquillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada.
Los
abogados de todos los investigados estaban citados a primera hora de la
mañana de hoy en el juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante para
hacerles entrega del auto, de más de 200 folios, por el que se cierra
la instrucción. El magistrado Manrique Tejada tiene previsto notificar
el documento donde se concretan los hechos que se le imputan a los
investigados y el grado de participación en los mismos de cada uno de
ellos, entre los que destacan los dos últimos alcaldes del PP de
Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz.
Contra esta decisión cabe recurso aunque no tiene carácter suspensivo.
La
causa investiga si los representantes municipales facilitaron al
empresario información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico
de Alicante. Las fuentes consultadas por el diario Información apuntaron a
que la causa podría quedar archivada para la mujer de Ortiz, Manuela Carratalá, al considerar que no habría tenido un papel relevante en estos hechos.
El
resto de los investigados que se sentarán en banquillo son el
arquitecto redactor del Plan General, Jesús Quesada; los abogados Javier
Gutiérrez y José Luis Castedo; el empresario ilicitano Ramón Salvador
Águeda; así como los empleados de Ortiz, Pablo Rico, Santiago Bernáldez
y, posiblemente, Virgilio Ortiz.
El juez archivó recientemente la causa
para Rico y Bernáldez, pero la Audiencia le obligó a volverlos a imputar
al considerar que su implicación o no en los hechos debería decidirse
en el momento del juicio.
La investigación es una de las piezas separadas del llamado caso Brugal que
se inició en el año 2007 por un juzgado de Orihuela ante una presunta
trama de sobornos en la adjudicación de la contrata de la basura. Las
escuchas telefónicas generaron una veintena de piezas separadas que se
derivaron a otros juzgados en julio de 2010.
El cierre de una de esas
piezas separadas, la relativa a las presuntas irregularidades en
la tramitación del Plan Rabasa, ha sido confirmada recientemente por la
Audiencia al no ver los magistrados indicios de delito.
Además de las filtraciones de información privilegiada del planeamiento urbanístico de Alicante, la causa investiga las supuestas dádivas que
tanto Alperi como Castedo habrían percibido del empresario. Entre los
regalos que habría recibido Alperi está un viaje a Creta en jet privado
así como tres bungalows para los hijos del exalcalde.
En el caso de
Castedo, se cita un coche Mini y varios viajes a Andorra y a Ibiza,
estos últimos en el yate de Ortiz.
En la causa aparecen también
los letrados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la
exalcaldesa, cuyo despacho se habría dedicado a resolver para el
Ayuntamiento alegaciones al Plan General que ellos mismos presentaban
para algunos de sus clientes particulares.
Según las fuentes
consultadas por Información, el auto sigue la misma línea de la
exposición razonada que ya elaboró el juez en julio de 2012 cuando envió
la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad para que
continuara investigando los hechos dado que Alperi y Castedo eran en ese
momento aforados por su condición de diputados autonómicos.
En aquella
ocasión, el magistrado destacaba la capacidad de Enrique Ortiz para influir en las autoridades municipales,
afirmaba que se prevalió "de su especial relación personal con Alperi y
Castedo" para obtener información relativa al Plan General que todavía
no tenía carácter público y precisaba que "procedieron a modificarlo en
atención a los deseos manifestados por un particular".
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