MURCIA.- El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, y que integra a todas las escalas y categorías de este colectivo, denuncia en un comunicado "la situación límite" que atraviesa en la Región.
"Como sucede en otros puntos de nuestra geografía, y según datos de
la propia Dirección General de la Policía, se jubilan cada mes 350
efectivos en España. Ello exige la realización de servicios
extraordinarios por parte de los policías, encontrándose en la Región
con miles de horas extras sin abonar ni compensar. Sin perder de vista
la vocación de servicio y compromiso de cuantos integran la Policía
Nacional, el SUP no puede pasar por alto el derecho de estos a que se
reconozca su esfuerzo, máxime cuando se continúa llevando a cabo sin los
medios de protección adecuados, sin la formación necesaria en muchos
casos, y sin el descanso ni el abono económico legalmente establecido",
explican.
En la Región de Murcia, "la mala gestión afecta a los derechos de los
policías y, lo que es más grave, a la propia seguridad pública. A las
Unidades de Prevención y Respuesta de Murcia y Cartagena se les adeudan a
día de hoy más de 2.000 horas extras, al margen de la peculiaridad de
sus servicios que hacen inviable una correcta conciliación familiar y
laboral", aseguran.
El Sindicato explicó que "es habitual que sea un solo agente el
encargado de la gestión de servicios que bajo ningún concepto deberían
ser atendidos con esa deficiencia, la sala del 091 -que coordina cinco
localidades y dos distritos- con demasiada frecuencia es atendida por
tan solo dos funcionarios. Las oficinas de denuncias se colapsan y en
algunos casos durante la mayor parte de las noches y fines de semana, de
estos y otros servicios, tiene que hacerse cargo quien se encuentre
patrullando (abandonando para ello su labor preventiva en la calle)".
Así pues, "se hacen cargo de la recepción y tramitación de las
denuncias; bien sea por un robo con fuerza, bien un caso de violencia de
género, o bien la recepción de una patera, todo ello sin la formación
ni los medios adecuados, sin posibilidad de aplicar los protocolos
establecidos para con las víctimas, generándose un déficit de
funcionarios -la Región perdió más de 300 funcionarios en los últimos
años-, ofreciendo por ende un servicio de peor calidad, y situando la
seguridad pública en un escenario que de complicarse puntualmente
resultará inabordable", añaden.
Finalmente, desde el Sindicato quisieron hacer la reflexión de que
"retirar unidades operativas de la calle es un peaje excesivo para la
maltrecha seguridad de los ciudadanos de nuestra Región".
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