Empieza a prender la impresión de que
Pedro Antonio Sánchez es un político con muy buena suerte. Procede del
hecho de que seguramente no hay otro caso como el suyo en cuanto a acoso
judicial desde todos los frentes y por causas muy diversas, algunas de
apariencia terminal, pero del que se va zafando paso a paso también de
diferentes maneras. Es verdad que la buena suerte no es una categoría
política, y desde luego no sería aceptada como tal en San Esteban, pues
desde allí aludirán que la razón de la supervivencia del presidente a
las sucesivas denuncias de que ha sido objeto es todavía más sencilla:
es inocente y punto.
Lo último, el caso de la pasarela de Puerto
Lumbreras, una adjudicación en su etapa de alcalde de la localidad que,
según la denuncia de Podemos, se produjo a dedo mediante el
procedimiento de fraccionar los encargos de obra. El juez ha archivado
el caso porque se ha cumplido el plazo de seis meses de investigación
que otorga la Ley de Enjuiciamiento reformada por el PP en la anterior
legislatura sin que la aportación de pruebas por los denunciantes haya
hecho exigible la calificación de ´excepcionalidad´ para que prosiga el
procedimiento. En resumen, un caso menos que pende sobre la cabeza del
presidente. A esto unos, sus partidarios, le llamarán expresión de
justicia, y otros, sus detractores, buena suerte.
No hay, desde
luego, mejor ocasión para una celebración que verse liberado de una
acusación judicial, y es lógico que se venda el hecho como consecuencia
de que las ´persecuciones políticas sistemáticas´ tienen las patas muy
cortas si se basan en meras suposiciones que no pueden ser respaldadas
por pruebas. Esto no es incompatible con acumular buena suerte, pues es
difícil no quedar empitonado en alguno de estos lances.
Sin
embargo, en esta ocasión, la buena suerte deja un sabor agridulce.
Y es
que PAS se ha convertido a su pesar en el primer político de España que
se ve favorecido por la suspensión de un proceso judicial acusatorio a
causa del cumplimiento del plazo de investigación. No es lo mismo
salvarse del caso tras la conclusión del mismo que por un ´interruptus´
que fue decidido por el partido en el poder que más causas de corrupción
acumula. El PP viene presumiendo retóricamente de que en su día aprobó
desde el Gobierno un paquete de medidas anticorrupción en número sin
precedentes.
Ocurre que una vez examinadas tales medidas no era difícil
llegar a la conclusión de que en realidad la mayoría, al menos las más
sustanciales, incidían en lo contrario, es decir, en la protección de
los supuestos corruptos. Por ejemplo, la eliminación del concepto
´imputado´ para no estigmatizar a quienes se vieran en tal situación, y
más claramente todavía esa limitación temporal de los plazos de
investigación judicial, que en realidad contribuye a dar cobertura a los
denunciados y mete presión a los jueces instructores sin que éstos
hayan visto mejorados los medios de que disponen para desarrollar su
labor con plena funcionalidad.
Por esto digo que la buena suerte
de PAS en el caso Pasarela es, en el fondo, una buena mala suerte, pues
aparece como el primer exponente del beneficio de la ley ingeniada por
su partido y deja el sabor amargo de que el archivo de la causa no se ha
decidido por falta de indicios sino por el cumplimiento de la fase de
investigación que determina la ley reformada por el PP. Aparte de que es
verdad que seis meses habrían dado para saber si un contrato fue
fraccionado para salvar la obligación del concurso y si, en tal caso,
podría haber algo delictivo en ello.
(*) Columnista
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/01/27/buena-mala-suerte-pas/801105.html
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