MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región estudia
desde este lunes la exposición razonada enviada por el Juzgado de
Instrucción de Lorca sobre el 'caso Auditorio' y la presunta implicación
del presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez.
La Sala ha designado magistrado ponente a Julián Pérez-Templado (en la imagen) y ha emplazado a las partes para que se personen.
La Sala, que preside el titular del TSJ, el magistrado
Miguel Pasqual del Riquelme, y de la que también forma parte el
magistrado Enrique Quiñonero, comenzó el estudio de dicha exposición
motivada para determinar si considera que la instrucción está agotada y
que, en consecuencia, puede asumir la causa debido a que Sánchez está
aforado.
El órgano jurisdiccional ha registrado así las diligencias
1/2017, tras recibir el pasado día 5 de enero las Diligencias 316/2015
del denominado caso 'Auditorio', formadas por ocho tomos con anexos,
instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca.
La Sala acordó en los primeros días de marzo de 2015 enviar
la querella presentada por la Fiscalía Superior de la Región de Murcia
para que por el Juzgado de Instrucción de Lorca se investigaran los
presuntos ilícitos penales que se habrían cometido en la construcción
del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de esta
localidad.
Entonces, encargaba al Juzgado practicar las diligencias que
considerara oportunas para el esclarecimiento de los hechos,
indicándole también que si de las mismas resultaban indicios de
criminalidad contra Pedro Antonio Sánchez que le elevara la exposición
motivada.
A partir de este lunes, el TSJ estudia si la investigación
puede darse por acabada, como sostiene el Juzgado o si, por el
contrario, como mantiene la defensa del presidente autonómico, la misma
está inconclusa.
Una de las razones que mantiene esta asistencia letrada es
que está pendiente de resolverse un recurso presentado ante la Audiencia
Provincial de Murcia contra la negativa del Juzgado de Lorca a recabar
del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el expediente de liquidación de las
obras del auditorio.
Por otra parte, defensas de otros investigados por estos
hechos, varios de ellos, integrantes de la Corporación local que aprobó
el concurso, se opusieron a la decisión del Juzgado de abrir una pieza
separada para analizar en concreto la trayectoria seguida por la
subvención de seis millones de euros concedidos en 2006 por la Comunidad
Autónoma al ayuntamiento para financiar las obras.
Algunos investigados consideran que la apertura de esa pieza
separada podría entenderse como un indicio de que la instrucción no
está agotada.
En el auto del pasado uno de diciembre, en el que se
acordaba elevar la exposición motivada al TSJ, el Juzgado consideraba
que de las diligencias practicadas se deducían indicios contra Sánchez
por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad, malversación y
contra la Administración Pública.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron este lunes que
si la Sala de lo Civil y Penal estima que las diligencias pueden darse
por concluidas, previsiblemente asumiría su competencia en el caso.
Cuando en marzo de 2015 este tribunal decidió enviar la
querella al Juzgado lorquino lo hizo porque, como señalaba en su
resolución, en aquel momento no era posible determinar de manera
individualizada, inequívoca y relevante la posible participación en los
hechos del hoy jefe del gobierno murciano.
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