martes, 3 de enero de 2017

El investigado por el fraude del AVE a Murcia desde Crevillente denuncia indefensión

MURCIA.- El ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante, ha acusado al Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el presunto fraude en un tramo del AVE a Murcia de no facilitarle toda la documentación del caso, lo que asegura que le causa indefensión.

 
A través de un escrito presentado en el Juzgado junto con su hermano y también investigado Antonio Fernández Pujante, adelanta que si no se corrige la situación, en su día podría acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Señala el escrito que desde que se levantó el secreto de las actuaciones, el uno de julio de 2016, han recibido los atestados que figuran en la causa, pero añaden que esa documentación no es suficiente, ya que tienen derecho a acceder a los documentos tenidos en cuenta para su elaboración.

Los recurrentes se quejan de que el Juzgado de Instrucción, pese a que lo han solicitado en varias ocasiones, no les facilita esa documentación, lo que les causa indefensión y se incurre en la vulneración de sus derechos fundamentales.

Señalan también que su letrado, en uno de esos intentos, se personó en el Juzgado, pero que pese a la buena voluntad de los funcionarios no fue posible hacerse con la documentación reclamada.

Y añaden que existe también una dificultad técnica, porque, aseguran, "¿cómo se pueden copiar documentos, como planos, sin sacar los mismos del Juzgado?".

Señalan igualmente que "razones de seguridad -que las copias se hagan de forma controlada por el Juzgado- impiden atender nuestra evidente urgencia a que termine dicho traslado de todo lo actuado antes del levantamiento del secreto de las actuaciones".

José Manuel Fernández Pujante es uno de los principales investigado en el fraude de las obras del tramo del AVE comprendido entre Crevillente y Murcia, que podría llegar a los 50 millones de euros.

Como ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, tuvo un papel preponderante en las obras de reposición de las redes hidráulicas afectadas por los trabajos.

Ese papel fue señalado por otro de los investigados, el empresario subcontratado para las obras, Juan Ortín, que ha reconocido que se emitieron facturas por trabajos no realizados y que otras fueron infladas.

Así mismo tiene declarado que él, personalmente, se encargaba de entregar a Antonio Fernández Pujante, el dinero de las presuntas comisiones ilegales.

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