MURCIA.- El letrado Higinio Pérez Mateos, uno de los investigados en
el 'caso Umbra', de presunta corrupción urbanística en la expansión
norte de la ciudad, pidió la nulidad del auto del Juzgado de Instrucción
que investiga los hechos al opinar que el mismo "quebranta la
imparcialidad de la fase intermedia del proceso".
En un recurso presentado en la Audiencia Provincial de
Murcia contra la resolución judicial del pasado noviembre que acordó la
transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, Pérez
Mateos se sorprende de que el juez diga en el mismo que "la naturaleza
de la instrucción judicial es incompatible con la imparcialidad".
"El presente caso -se lee en el recurso-, por la estructura y
contenido del propio auto, y siempre en términos de estricta defensa,
se considera que se realiza una imputación judicial acusatoria que
quiebra el principio acusatorio y de juez de garantías del instructor,
propia del modelo procesal inquisitivo".
Frente a lo sostenido por el magistrado instructor, David
Castillejos, al desestimar su recurso de reforma, cuando dijo que el
mismo "era un escrito omnicomprensivo que discute absolutamente todo",
la defensa afirma que lo único que pretendió siempre es la defensa de
los intereses de su patrocinado.
El recurso de apelación, en el que este investigado proclama
su inocencia, se afirma, por otro lado, que a la hora de dictar el auto
apelado el instructor se basa "en diverso material, desconociendo esta
parte su origen y la forma de llegar al procedimiento, quebrantando la
tutela judicial efectiva y el principio de igualdad de armas entre las
partes".
Y añade que "el auto, lejos de determinar los hechos
concretos que revisten carácter delictivo en los que ha participado el
apelante, se desconfigura al añadir constantes juicios de valor, de tal
forma que no pueden ser considerados como hechos, sino como meras
apreciaciones".
Señala igualmente Pérez Mateos que se le involucra en esta
causa como presunto autor de un delito de prevaricación, cuando, añade,
su única actuación se limitó a asesorar como abogado a una de las
empresas participantes en uno de los convenios urbanísticos que se
investigan.
Esa actuación -añade- se desarrolló siempre dentro de la legalidad, por lo que asegura que ningún ilícito ha podido cometer.
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