MADRID.- Según un informe del el Consejo General del Poder Judicial, 1.378
personas fueron procesadas por corrupción política entre el 1 de julio
de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Es decir, una media de tres
procesados cada día. Por comunidades autónomas, el ranking lo lidera con
amplia ventaja Cataluña (303 personas), seguido de Andalucía (153) y
Madrid (145). Sin embargo, solo una quinta parte de los condenados por
corrupción con sentencia firme se encuentran en prisión o sujetos al
régimen penitenciario, recuerda UPyD en una nota de prensa.
La corrupción es un síntoma de las deficiencias del sistema
democrático español y uno de los principales motivos de desánimo,
desconfianza y rechazo a la política de los ciudadanos. Aunque la
corrupción política siempre ha estado muy presente en España, ha sido
con el comienzo de la crisis cuando los ciudadanos se han dado cuenta de
su repercusión negativa en la economía.
Para atajar este problema de raíz, Unión Progreso y Democracia
propone una batería de medidas, entre las que se encuentran estas diez:
Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal
Supremo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Tribunal de
Cuentas. La elección de los doce vocales del CGPJ, elegidos entre Jueces
y Magistrados, se hará de forma directa en listas abiertas con voto
secreto
Reforzar el régimen de incompatibilidades. Se deben modificar
diversas leyes que regulan las incompatibilidades de cargos electos y
empleados públicos de todas las Administraciones Públicas para hacerlas
más estrictas y prevenir que cualquiera de ellos pueda dar preferencia a
sus intereses privados sobre los públicos, por sí mismos o a través de
relaciones familiares. También limitar los mandatos a dos legislaturas.
Limitar la libre designación. No podrá usarse la libre designación
para proveer ningún puesto de naturaleza técnica. Se debería elegir a
los funcionarios con habilitación Estatal por concurso público
exclusivo. Las plazas que correspondan a esta clase de funcionarios no
podrán ser cubiertas por otro personal.
Mejorar la calidad de las Leyes y de la seguridad jurídica a todos
los niveles. Se necesitan leyes claras, eficaces y sencillas, de fácil
comprensión y cumplimiento por el ciudadano, que eviten ambigüedades y
excesos del poder público, ya que los mismos motivan la corrupción y el
trato discriminatorio entre ciudadanos.
Modificar la financiación de los partidos políticos. Tipificar
penalmente la financiación ilegal de partidos políticos que incluya
sancionar penalmente la omisión o falsedad deliberada por parte de los
partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio
social. Establecer incentivos y normas legales que obliguen a los
partidos políticos a conseguir un porcentaje mínimo de autofinanciación
en un plazo dado, de modo que las subvenciones dejen de ser la mayor
parte de sus ingresos en favor de las cuotas de afiliados y de los
donativos legales y transparentes. También se debe prohibir la
condonación de las deudas de los partidos por los bancos.
Mejorar la Ley de Transparencia vigente. Se debería hacer público,
accesible y comprensible los presupuestos, expedientes de contratación
administrativa, salarios de los funcionarios, cuentas de los partidos
políticos, sindicatos, patronales y asociaciones profesionales, y las
reuniones de los senadores y diputados con los lobbies y asociaciones.
Suprimir los aforamientos de Diputados, Senadores y miembros del
Gobierno; así como limitar la figura de la inmunidad e inviolabilidad
parlamentaria.
Derogar la Doctrina Botín para que cualquier ciudadano o entidad pueda ejercer la acusación en procesos penales.
Crear un Estatuto personal del denunciante de la corrupción para
ofrecer ayuda y protección a los ciudadanos que se atrevan a
denunciarla.
Limitar la concesión de indultos. En ningún caso se podrá indultar en
casos de corrupción política y delitos contra la Administración Pública
y se deben endurecer las penas a los condenados por dicho delito.
El portavoz nacional de UPyD, Gorka Maneiro, considera que "solo hace
falta voluntad política para acabar con esta lacra". Sin embargo,
añade, "no parece que los partidos con representación parlamentaria
estén dispuestos a ello".
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