MURCIA.- La semana pasada se aprobó en la Mesa de la Concertada en la que la consejera, esta vez sí permaneció en todo momento, la ampliación de los
conciertos de 4 a 6 años y la posibilidad de que estos centros
concierten el Bachillerato y la Formación Profesional a partir del curso
que viene.
Esta ampliación de conciertos, además de empeñar el
futuro de la Educación condicionando incluso la próxima legislatura, se
plantea justo cuando la bajada en la tasa de natalidad debido a la
crisis-estafa económica llega a la Educación Infantil y está cercana a
entrar en la Educación Primaria. Ante esta bajada de “clientes”, la
Consejería se dispone a compensar a las empresas que se dedican a
adoctrinar al alumnado.
"El STERM se opone a todos los conciertos
educativos, y en especial a esta ampliación de máximos mientras se deja
morir por inanición a la Escuela Pública. No es de recibo que tengamos
aulas masificadas, docentes a los que se penaliza por enfermar y
saturados de trabajo, centros en los que se pasa frío porque no pueden
pagar la calefacción o porque la instalación eléctrica no soporta
aparatos de climatización, goteras en los techos, falta de materiales y
una larga lista de deficiencias que acarrea la Educación Pública.
Las
familias deben saber que sus hijos tienen amianto sobre sus cabezas y
que están haciendo las prácticas en talleres con goteras justo sobre la
maquinaria, con el riesgo que ésto conlleva.
La Formación
Profesional en la Región está sufriendo los recortes más que cualquier
otra etapa educativa. Darse una vuelta por las instalaciones, ver los
materiales de que disponen y hablar con profesorado y alumnado basta
para hacerse una idea de que tenemos una red de centros casi
tercermundista.
Nos parece una desfachatez que la consejera aluda a que
se pretende garantizar una educación de calidad, cuando no hace nada
para que esto ocurra.
El nuevo mapa de la FP debe tener en cuenta,
no sólo la empleabilidad del alumnado una vez terminados los estudios,
sino también que no se concierte ningún Ciclo Formativo hasta que no se
garantice, como declaró la consejera, que están satisfechas todas las
necesidades de escolarización atendiendo a la demanda social existente.
Si el alumnado quiere estudiar en la pública, la Consejería debería
garantizarlo, y no limitar las plazas para favorecer de esta manera que
se matriculen en la privada.
El último centro público construido
en la Región data del 2013. Desde entonces, sólo se han construido
centros privados, lo cual nos da una idea de cuáles eran las intenciones
del gobierno de la región, como también queda constatado cada vez que
sacan un concierto, un convenio o una subvención para una entidad
privada.
Este sindicato exige que los gestores de lo público
empiecen a hacer su trabajo y dejen de llenarle los bolsillos a sus
rancias amistades conservadoras, liberales y capitalistas. No nos sirve
la excusa de que no hay dinero para que el profesorado interino cobre
las vacaciones. La Consejería pierde su credibilidad día a día.
El
dinero público debe destinarse a la Educación pública. Nos oponemos
totalmente a que el dinero de todas y todos se destine a financiar
centros privados. Las familias que quieran que sus hijos acudan a un
centro elitista, que lo paguen de sus bolsillos".
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