Ahí lo tienen ustedes, con cara de pocos
amigos, la suya habitual, comunicando altaneramente al mundo que se
marcha. Lectura de un escrito en dos minutos y sin preguntas. Y casi sin
periodistas. Un gesto para la historia. Se va porque le toca, ya ha
cumplido y desea retornar a su plaza de funcionario del Consejo de
Estado de donde ha salido la interpretación que lo responsabiliza de la
tragedia del Yak 42. Pero él no habla del Yak 42; ni de dimisión; ni
mucho menos, de pedir perdón. Se va como vino, por voluntad propia y
porque Rajoy lo nombró embajador en Londres, una decisión por la que,
cuando menos, debiera dar explicaciones.
Todos los demás, "El País", por ejemplo, hablan de dimisión,
porque dimisión es. Y cuanto más se oculte o se niegue, más dimisión
será. La salida de Trillo no es una huida hacia delante sino hacia
atrás. Deja claro que se va por algo que sucedió hace casi 14 años y a
cuya sombra no ha podido escapar. Aunque lo ha intentado por todos los
medios, como el de hacer pagar penalmente a sus subalternos por asuntos
de su responsabilidad política.
La
comparecencia de la ministra de Defensa necesariamente marca un hito en
esta sórdida historia. El asunto no se decide en altaneras ruedas de
prensa y desplantes más o menos achulapados a los periodistas, sino que
entra en sede parlamentaria. Ahí tendrá que escuchar Trillo la voz que
no ha querido oír durante estos años: la de las víctimas y sus
familiares. Le van a decir de todo como corresponde a quien antepuso su
interés personal al derecho de los allegados a recibir los restos reales
de los suyos que, además, habían muerto, según dice ahora el Consejo de
Estado, por la negligencia de quienes pudieron evitarlo, encabezados
por Trillo.
No
veo cómo va a evitar Trillo verse en algún foro público con los
familiares de las víctimas a las que debe una explicación. La religión
que dice profesar le obliga a ello.
Mil trescientos setenta y ocho
El pueblo es sabio, dice la convención.
Ya hace un tiempo que en los barómetros de opinión la corrupción figura
en lugar destacado. Bueno, ha sido necesario llegar a estas cifras para
que la preocupación se manifieste. A lo mejor el pueblo no somos tan
sabios y nos la dan con queso continuamente.
De
tan generalizada, la corrupción resulta estructural. Afecta
prácticamente a todas las administraciones públicas, si bien las
autonómicas y municipales parecen ir muy por delante. Su condena
jurídica avanza, aunque con una lentitud exasperante. La política vacila
mucho más. La corrupción del propio partido no es tan grave como la del
partido adversario. En cuanto a la económica viene envuelta en brumas.
Se escuchan cantidades muy variables pero fuera de contexto y no se les
da el valor que tienen. Pero puede hacerse una aproximación muy
sencilla: en conjunto, es posible que la corrupción alcance cientos,
incluso miles de millones de euros. La cuestión, obviamente, es que, si
no hubieran sido defraudados, los niños no tendrían que ir a escuelas
hechas en barracones y comerían todos los días, los dependientes podrían
recibir una ayuda a la que tienen derecho, etc.
La
corrupción, en buena medida crimen organizado con asociaciones de
malhechores que se constituyen en partidos políticos, causa un gran
perjuicio objetivo, directo al interés público. Tanto más destructor
cuanto que se lleva a cabo en el ámbito político, el de las
instituciones, el del Estado.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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