MURCIA.- Una veintena de empresarios, agricultores y funcionarios se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo miércoles en el juicio por el conocido como 'caso Zumo'. Todos ellos están acusados de defraudar más de un millón de euros en ayudas europeas para la transformación de cítricos; una investigación que surgió en el año 2000 a raíz del 'caso Alvalle'.
En su escrito de acusación, el fiscal pone de relieve que
durante las campañas agrícolas 1994/95, 1995/96 y 1996/97, la empresa
Golden Bullida SA de Bullas obtuvo del Feoga ayudas europeas por un
total de 7,5 millones de euros (más de 1.261 millones de pesetas de la
época), destinadas a impulsar la transformación de naranjas en zumo.
Esas subvenciones estaban circunscritas al cumplimiento de
determinadas obligaciones, como la formalización de unos modelos de
contrato-tipo, el pago de unos precios mínimos a los agricultores por
cada kilo de fruta y unas determinadas exigencias respecto de la calidad
de las naranjas y del zumo resultante, todo lo cual debía ser
controlado por funcionarios de la Consejería de Agricultura.
El
Ministerio Fiscal afirma que, lejos de ello, los responsables de la
empresa -los hermanos Joaquín, Antonio y Juan P. E.- se habría
concertado con intermediarios agrícolas y hasta con un grupo de
funcionarios públicos, «con los que diseñaron un plan para obtener
fraudulentamente las subvenciones interesadas».
La maniobra habría consistido, en unos casos, en firmar
contratos simulados por la compra de naranjas a personas que, bien no
tenían explotaciones agrarias o que, en el mejor de los casos, no
contaban con producción suficiente para cubrir las partidas reflejadas.
La supuesta trama contaba incluso con la presunta colaboración del
director de una oficina bancaria, que garantizaba que los ingresos que
se realizaban a las cuentas de los agricultores acababan retornando a la
empresa.
En su calificación provisional, el Ministerio Público
reclama penas de seis años de cárcel para los empresarios acusados,
además de una multa de 12 millones de euros. Para cinco presuntos
colaboradores necesarios solicita cuatro años y medio de cárcel y multa
de 6,3 millones; para cuatro agricultores pide dos años y medio de
prisión y para los nueve funcionarios exige sendas penas de cinco años
de cárcel.
Los encausados también deberán indemnizar al fisco con 6,3
millones de euros, más intereses. El juicio se celebrará previsiblemente
en la mañana del miércoles.
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