MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto limitar los aforamientos
a los 2.000 cargos políticos que en la actualidad disfrutan de esa
condición, prohibir la concesión de indultos a condenados por corrupción
y regular la actividad de los lobbies ante el "vacío" legal que existe
hoy en día.
Catalá se ha referido así durante su comparecencia
ante la Comisión de Justicia del Congreso para exponer la 'hoja de ruta'
de su departamento en esta legislatura, entre ellas, las propuestas
normativas en materia de lucha contra la corrupción.
Sobre los aforamientos, el ministro ha explicado que la limitación "podría" alcanzar a los aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy tienen la condición de aforados.
Eso
sí, ha confesado las "implicaciones de técnica legislativa ciertamente
complejas" que tendría este proyecto, por cuanto afecta a la
Constitución y a los propios Estatutos de Autonomía.
Con la misma "firmeza", ha propuesto articular una ley que recoja la prohibición de indultos a condenados por corrupción para que "la corrupción no se indulte jamás y sea una decisión que no dependa nunca de ningún gobierno".
"Lo
que planteo, es llevar a la ley lo que de facto ya se viene haciendo en
la práctica: no conceder indultos a condenados por corrupción", ha
precisado el titular de Justicia.
Catalá ha cerrado su propuesta
en esta materia con un llamamiento a los grupos parlamentarios para
regular la actividad de los lobbies en todo el país de manera que se
termine con el "vacío" normativo que existe en España; al tiempo que les
ha planteado una mejora del sistema de protección al denunciante de
corrupción.
Los fiscales relevarán al juez instructor
Catalá también ha anunciado hoy una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
que el fiscal releve al juez al frente de la instrucción penal, reducir
"trámites innecesarios" y que no se den hasta tres investigaciones.
En
su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha
explicado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una
norma del siglo XIX modificada en 75 ocasiones, es una "tarea inaplazable", empezando por el cambio en la figura que dirige la investigación para que sea el fiscal quien lo haga.
El
fiscal, ha dicho, contaría con un juez de garantías que "aseguraría la
protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y
libertades, imprescindible en actuaciones tales como, entre otras,
autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales, o autorizar
medidas cautelares personales y reales".
"El tema ni es nuevo, ni sencillo, pero es verdad que la figura española del 'juez instructor' es un anacronismo en Europa, y existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del 'fiscal investigador'", ha opinado.
Para
llevar a cabo esta reforma, ha añadido, habría que dotar al Ministerio
Fiscal de un nuevo Estatuto, lo cual, ha dicho, el Gobierno está
dispuesto a abordar.
Esto daría, a su juicio, agilidad al proceso y facilitaría celebrar los juicios de forma más rápida una vez se consigue obtener pruebas contra el investigado.
"La
celebración del juicio debería ser inmediata, y allí practicarse la
prueba plena en lugar de repetirse las pruebas en ambas fases como
ocurre actualmente, lo cual es poco razonable, dilatorio y
antieconómico", ha apuntado.
Según Catalá, también habría que
llevar a cabo un recorte en los trámites judiciales para que no se dé el
caso, como ocurre ahora, de que "hay testificales que se prestan hasta
en tres ocasiones: policía, instrucción y juicio".
Otra de las
fórmulas para conseguir un proceso más rápido sería, ha afirmado el
ministro, mejorar las tareas de coordinación policial: "Es la policía
quien debe seguir realizando las investigaciones, pero la eficacia de
esa labor mejorará si se efectúa con criterios unificados bajo la
dirección y el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal".
En
la reforma de la ley procesal debería tratarse asimismo el papel de la
policía judicial en la investigación de los delitos, los derechos
procesales de investigados y víctimas, la potenciación de los
procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de
oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso.
Este
cambio, ha dicho Catalá, no es fácil, "pero sí necesario para
proporcionar a la sociedad del siglo XXI un proceso penal del siglo
XXI".
Dispuesto a revisar el Supremo
El ministro de Justicia ha afirmado que está dispuesto a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) para que los elijan directamente los jueces y ha propuesto
cambiar el proceso para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo
(TS).
En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso
para explicar las líneas de la legislatura, Catalá ha asegurado que no
tiene "el menor inconveniente" en que se otorgue a los jueces "el máximo
protagonismo", un punto "controvertido" en el que, ha destacado,
"parece que hay consenso pleno" en este sentido.
"Si existen
caminos para perfeccionar el modelo actual y reforzar los mecanismos
para que sean los propios jueces quienes elijan más directamente a sus
vocales, no dejemos de explorarlos ni renunciemos de antemano a nada",
ha asegurado.
También ha propuesto revisar el sistema de
nombramientos de presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal
Supremo y ha abogado por que se cambie la Ley Orgánica del Poder
Judicial y se suprima la posibilidad de que los parlamentos autonómicos
propongan magistrados de los tribunales superiores de justicia.
Su
objetivo, ha dicho, es que reduzca "al límite" la discrecionalidad en
el sistema de nombramientos, lo que se haría "introduciendo criterios de
transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones,
estableciendo comisiones de expertos en su valoración, o bien
objetivizando aún más el sistema de valoración de méritos en las plazas
que se cubren por concurso".
Dentro de esta reforma, también ha propuesto "regular las denominadas 'puertas giratorias' entre la justicia y la política" para cambiar la legislación actual, que permite que jueces y magistrados alternen su labor jurisdiccional con cargos políticos.
Estas
medidas darían una mayor independencia al poder judicial en España, que
ya cuenta "con una de las judicaturas más independientes del mundo,
hasta tal punto que son las propias asociaciones judiciales las más
activas a la hora de proponer líneas de mejora, refuerzo y blindaje", ha
dicho.
Para el ministro, también habría que "desjudicializar la política",
ya que "la política no se ejerce en los juzgados". "Los tribunales
están para otra cosa, para resolver conflictos jurídicos, no disputas
ideológicas", ha opinado.
En este sentido, ha propuesto regular
la acusación popular, una línea de actuación que "hasta el partido
socialista" defendió en su última legislatura de gobierno, ha destacado.
"Estoy
seguro de que podremos llegar a un modelo de concertación, de manera
que la acusación popular sea lo que de verdad nuestra Constitución quiso
que fuese: un mecanismo de participación de los ciudadanos en la
justicia, no un instrumento al servicio de la política, ni de espurios
objetivos no judiciales".
Revisará la ley de Tasas Judiciales
Rafael
Catalá se ha comprometido a revisar el sistema de tasas judiciales para
adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula por
su excesiva cuantía las que deben pagar las personas jurídicas.
En
concreto, ha explicado que estudiará la exención a otros colectivos
como pymes, entidades sin ánimo de lucro o comunidades de propietarios,
todas ellas consideradas 'líneas rojas' por la oposición parlamentaria
para sentarse a negociar.
A su juicio, se trata de un "asunto que está en el debate social y político", por lo que ha apelado al consenso para cumplir la sentencia del Constitucional.
Catalá ha destacado que abordará la reforma del Registro Civil,
que será gestionado por "un determinado cuerpo de empleados públicos",
probablemente el de Letrados de la Administración de Justicia, y cuya
negociación estará abierta a los sindicatos.
Ésta será una de sus
prioridades a corto plazo toda vez que él mismo aparcó la reforma hasta
junio de 2017, fecha en la que está prevista que entre en vigor la ley
aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros.
Asimismo,
ha propuesto revisar el proceso civil tal y como reclaman los
tribunales de Justicia de las comunidad autónomas, para mejorar la
ejecución de las sentencias y agilizar los trámites y notificaciones; al
tiempo que ha apostado por reforzar la mediación y el arbitraje como
herramientas para reducir la litigiosidad.
Igualmente, ha asegurado que impulsará la Oficina Judicial y Fiscal,
un proyecto que irá acompañado de un plan de redistribución de cargas
de trabajo y de especialización de los juzgados, con la vista puesta en
la creación de una fiscalía especializada para combatir la piratería y
el ciberdelito cultural.
Una carrera judicial y fiscal
profesionalizada y especializada así como un nuevo Estatuto del
Ministerio Fiscal serán otras de los prioridades del Ministerio de
Justicia, que confía en desarrollar la transformación digital que
reclaman los trabajadores.
Catalá ha subrayado que todo ello solo será posible "escuchando a todos, dialogando con todos
y construyendo con todos", consciente de que para sacar adelante sus
reformas necesita del apoyo de los grupos, con la vista puesta en
Ciudadanos y PSOE.