viernes, 25 de noviembre de 2016

Juristas murcianos quieren impedir que PAS sea juzgado por los magistrados Quiñonero y Pasqual del Riquelme


MURCIA.- Un grupo de destacados juristas murcianos va a tratar de impedir, dentro de la legalidad, que los magistrados del TSJ Miguel Pasqual del Riquelme Herrero y Enrique Quiñonero Cervantes formen parte de la Sala que eventualmente juzgue, llegado el caso, al presidente de la Comunidad Autónoma por aforado, Pedro Antonio Sánchez, si finalmente es imputado por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el caso Púnica, y por la magistrada Consuelo Andreo, en Lorca, por el caso Auditorio, según fuentes de, al menos, tres bufetes de Murcia que tampoco están de acuerdo por higiene democrática en que aparezcan otros dos magistrados en escena: Juan Martínez Moya y Julián Pérez Templado.

Esos letrados y otros ya estarían en contacto con los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados al objeto de que, con toda su legitimidad democrática pese a sus limitaciones funcionales, ayuden a un proceso con todas las garantías - tambien para toda la sociedad murciana- si finalmente de enjuiciar a Pedro Antonio Sánchez se trata por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él y la presunta cercanía/dependencia/agradecimiento de los cinco magistrados citados respecto del PP, como está más que de sobra acreditado en cada una de la circunstancia personal y resulta motivo suficiente de recusación por los acusadores particulares o bien para su apartamiento voluntario dados algunos antecedentes y esas circunstancias que hacen dudar de la existencia de todas y cada una de las condiciones que se presumen y se deben reunir para poder juzgar al Presidente, con independencia de la casi segura pulcritud procesal de los jueces instructores madrileño y lorquina en sendos sumarios que afectan de lleno a PAS. 

La Fiscalía Superior del TSJ no vería, tampoco, con malos ojos esa actitud de caución vistos los antecedentes recientes en otros casos donde políticos del PP de Murcia, incluido el propio Pedro Antonio Sánchez, han podido escapar por la tangente por la benevolencia interpretativa de la ley por parte del juzgador, curiosamente uno de ese grupo bajo la lupa. La insistencia y contundencia del fiscal Manzanera en el 'caso Auditorio' parece haber provocado una última visita urgente del presidente autonómico al ministro de Justicia, Rafael Catalá, antes del nombramiento del nuevo fiscal general del Estado en sustitución de la intachable Consuelo Madrigal, quien no consideró oportuno el relevo del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, por otra parte nieto de un gran constructor murciano  a través de la legendaria empresa Bernal Pareja S.A., radicada en Madrid durante el franquismo.

Crece la versión de que el cartagenero Miguel Pasqual del Riquelme recobró, contra toda lógica interna de la Justicia, la presidencia del TSJ gracias al apoyo desde dentro del magistrado murciano Juan Martínez Moya y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, nombrados ambos gracias a los magistrados conservadores conectados con el PP por su designación desde ese partido en las Cortes, igual que el anterior, hijo y nieto de políticos de la derecha católica y más moderada de Murcia, UCD,  como Juan Martínez Meseguer y José Martínez Garre, ambos chacineros como Tomás Fuertes y Pedro Jódar Serrano, el padre del alcalde de Lorca por el PP, Francisco Jódar, bajo las marcas 'Dígame' en Alquerías y 'Los Quijales' en Lorca respectivamente, también en pleno franquismo.

Luego está el caso distinto de Enrique Quiñonero - designado en su día miembro del TSJ por la Asamblea Regional gracias a la mayoría absoluta entonces del PP-, un profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Murcia dentro del Departamento del catedrático Juan Roca quien, en su época de rector, logró colocar a la esposa del anterior en el Consejo Social de la UMU y hasta hoy con Javier Ruano de presidente y antes de secretario, ahora recompensado con un escaño en el Congreso de los Diputados al correr la lista del PP por Murcia tras el nombramiento de Juan María Vázquez como alto cargo del Ministerio de Luis de Guindos en el Consejo de Ministros de este viernes.

Aunque lo más preocupante sobre la supuesta imparcialidad de Quiñonero es ser hijo de Raimundo Quiñonero López, secretario particular de gobernadores civiles franquistas desde Antonio Luis Soler Bans, almeriense como él, y coétaneo en el cargo de Carlos Valcárcel Mavor, secretario particular de los presidentes murcianos de la extinta Diputación Provincial desde el mandato de Ramón Luis Pasqual del Riquelme -tío carnal del actual presidente del TSJ- y padre del ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso.

A la sazón, y sin que aparentemente no tenga nada que ver con todo lo anterior, el alcalde de Murcia era, a la vez en la misma época, el abogado Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, padre del actual presidente del Consejo Jurídico Consultivo, ex vicepresidente de la Comunidad Autónoma e inspector de Finanzas del Estado, Antonio Gómez Fayrén, así como presidente de la Cofradía de Jesús del Viernes Santo murciano a la que también pertenecen, tanto Miguel Pasqual del Riquelme como Juan Martínez Moya, desde hace muchos años.

Luego está Julián Pérez Templado, ex presidente del TSJ como Martínez Moya, ambos con el apoyo de Ramón Luis Valcárcel, el primero descendiente de caciques de Cieza y bien sintonizado con la derecha murciana más clásica, hasta contraer matrimonio con Elena Ladrón de Guevara Mellado -directamente emparentada por su madre y vía Lorca con el ex embajador en Portugal, ex ministro de Franco y ex presidente de la Diputación Provincial de Murcia durante el gobierno republicano de Gil Robles, José Ibañez Martín- y lograr colocar a su esposa, por méritos políticos propios de la agraciada, en la Consejería de Cultura y, según se dice en determinados círculos de la capital regional, recibir luego en el momento oportuno sus inapreciables consejos desde la Magistratura para conjurar incertidumbres elementales de coyuntura.

La denuncia por amenazas del abogado Núñez contra PAS y Bernabé acaba en el juzgado decano de Murcia

MURCIA.- La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de los de Murcia, Olga Reverte Villar, ha dictado una providencia respecto al procedimiento abreviado, aún en diligencias previas, por una querella por estafa interpuesta por el abogado gallego, Manuel Nuñez Arias en nombre y representación de la empresa Inmonuar S.L. contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel.

El querellante pidió en su día abrir pieza separada por las presuntas amenazas vertidas púbicamente contra su persona por parte del actual presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y el ex consejero de Fomento, Francisco Bernabé.

Ahora la citada magistrada dice en su providencia, de fecha 14 de noviembre de 2016, que da por recibido el oficio del TSJ por el que se acuerda la devolución de la citada denuncia al juzgado nº 9 para su remisión al juzgado decano de los de Murcia por ser el competente para recibir lo que se pretende como pieza separada de la querella principal contra Valcárcel.

El escrito de comienzos de este año al juzgado nº 9 de los de Murcia era para denunciar unas recientes manifestaciones en el diario 'La Opinión' por parte de Pedro Antonio Sánchez y el consejero Francisco Bernabé -testigo e imputado respectivamente en las diligencias que se habían abierto en dicho juzgado por varios presuntos delitos a raíz de la denuncia de Núñez- en el sentido de que vertieron "serias acusaciones y amenazas a este letrado, que son atentatorias contra el libre ejercicio profesional contra el que atentan de forma grave; la gravedad se suma por los cargos que ambos ostentan y entendemos hasta son atentatorias contra la integridad física" al manifestar "responderá ante mí cuando se archive la acusación" en referencia directa a lo dicho y expresado por Bernabé.

Entendía Núñez que, aparte de amenza muy grave, y tal como se manifiesta, "entendemos que es de extrema gravedad lo manifestado, por no decir la seguridad de la que hace gala en cuanto al archivo de la denuncia. Hecho que, dicho por tan alto cargo público, crea alarma social porque se entrevé manipulación judicial, puesto que las diligencias están empezando a instruirse y del resultado de las mismas será su Señoría quien deba pronunciarse y no terceros que, a su vez, están implicados".

"Somos conscientes -añadía en su escrito Núñez- que estas manifestaciones son amenazas y coacciones al libre ejercicio profesional y a la persona que lo ejerce a la par que difamatorias y atentatorias contra la independencia judicial, viniendo estas manifestaciones de dos cargos, uno de ellos la máxima autoridad política regional, por lo que sus manifestaciones tienen gran repercusión social".

En consecuencia, Núñez le decía a la jueza que quería darle cuenta de estos hechos para que se abriesen diligencias en pieza separada y se dieran cuenta al Ministerio fiscal  por entender que esto "puede tener muy graves consecuencias y de diversa índole, inclusive contra la integridad física del dicente, debiendo tomarse las medidas que correspondan".

'Podemos' constata que se están "dejando morir" las termas de los Baños de Mula


MULA.- El diputado Podemos, Andrés Pedreño, ha formado parte de una visita a la zona del Río Mula en el que ha comprobado como se han "esquilmado" los recursos de este río tras el "descontrol" en la proliferación de regadíos ilegales. Esto está causando un "grave" perjuicio a los baños de Mula, "que se están quedando sin aguas termales a causa de la apertura de pozos para esos regadíos". 

Pedreño ha apuntado a "la transformación extrema del territorio" que se observa en muchas otras zonas de la Región que también están marcadas por "el paso del secano tradicional al regadío en pocos años. Esto ha conducido a la apertura de pozos que, en este caso concreto, desecan el río Mula".
El diputado de Podemos ha alertado de dos problemas principales. El primero, la política "irracional" de ignorar el potencial turístico de los baños de Mula, aunque ahora lo que nos tememos es que "puedan ir desapareciendo, poco a poco, las aguas termales que los alimentan". El segundo, como ha dicho Andrés Pedreño, afecta a los regantes "de toda la vida, a los que van a dejar sin agua".
En la visita a la zona del Río Mula y Pliego, ha recordado que "no entra dentro de ese 52% de masas de agua que en la Unión Europea están alcanzando un buen estado ecológico. Más bien al contrario. El Río Mula y Pliego, especialmente sus tramos medios y bajos, están en un estado degradado".
Y es que, a pesar de estar dentro de los espacios de la Red Natura y que tiene un Proyecto de Decreto de Declaración de Zona Especial de Conservación y aprobación del Plan de Gestión, según el parlamentario regional de Podemos, hasta ahora "no se han empezado a recorrer las primeras etapas hasta su aprobación y vamos cinco años tarde".
Por último, Pedreño ha incidido en que "lo que resulta indignante es que nadie asume responsabilidad por estos cinco años de dejación. Ni siquiera se asume un mínimo de autocrítica. Solamente parece que se actúa con premura y mucha improvisación cuando el desastre se lleva al límite y estalla".

El alcalde José López preside la mesa de trabajo para restituir la provincia de Cartagena

CARTAGENA.- Representantes de los colectivos vecinales, de los grupos municipales que forman parte de la corporación municipal de Cartagena, la universidad, la empresa, así como entidades culturales de la ciudad, se han reunido para constituir la Mesa de Trabajo que estudiará la restitución de la provincia de Cartagena, así como otras formas de descentralización administrativa, reunión que ha presidido el alcalde, José López.

El objetivo es trabajar para dar a conocer a la sociedad las bondades de la restitución de la provincia de Cartagena. Así, "técnicos y expertos tanto de la UPCT como de la UMU explicarán lo que tiene esta iniciativa de positivo", ha explicado el alcalde, quién también ha puntualizado que la constitución de esta mesa de trabajo "sigue abierta".
Una vez constituida la mesa, se han designado los miembros fijos por cada grupo municipal, por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, y la Plataforma 2es+, que pasarán a integrarla.
Son, de los grupos políticos, por MC, María José Soler y Jesús Jiménez; por el PSOE, Obdulia Gómez y Juan Pedro Torralba; el PP, los ediles Álvaro Valdés y Francisco Espejo; por Ciudadanos, Manuel Padín y Alfredo Nieto; y por CTSSP, Pilar Marcos y Teresa Sánchez.
En representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca forman parte de la mesa Cristina Roca y Fulgencio Sánchez, y por la Plataforma 2 es +, José Antonio Luque y Antonio García.
Una de las primeras decisiones adoptada por la Mesa ha sido la de invitar a participar en la misma a COEC, Cámara de Comercio, sindicatos, colegios profesionales y otras instituciones y entidades.

Son, de los grupos políticos, por MC, María José Soler y Jesús Jiménez; por el PSOE, Obdulia Gómez y Juan Pedro Torralba; el PP, los ediles Álvaro Valdés y Francisco Espejo; por Ciudadanos, Manuel Padín y Alfredo Nieto; y por CTSSP, Pilar Marcos y Teresa Sánchez.
En representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca forman parte de la mesa Cristina Roca y Fulgencio Sánchez, y por la Plataforma 2 es +, José Antonio Luque y Antonio García.
Una de las primeras decisiones adoptada por la Mesa ha sido la de invitar a participar en la misma a COEC, Cámara de Comercio, sindicatos, colegios profesionales y otras instituciones y entidades.


C's lamenta que la prórroga presupuestaria vaya a perjudicar finalmente a los funcionarios públicos

CARTAGENA.- La devolución del último tramo de la paga extraordinaria suprimida a los funcionarios públicos en 2012 va a ser la principal consecuencia de la prórroga de los presupuestos regionales. Así lo considera Ciudadanos, que lamenta profundamente que la falta de diligencia de los gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel regional como nacional, “vaya a repercutir como siempre en el eslabón más débil de la cadena, en este caso los funcionarios de la Comunidad Autónoma”, ha explicado el portavoz de la formación en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez.

Sánchez considera que “la más que presumible prórroga de los presupuestos, por muy técnica que quieran llamarla, va a suponer que los empleados públicos no puedan cobrar en enero lo que en justicia es suyo. Y lo peor es que arroja incertidumbre sobre cuándo finalmente podrán ver compensado el esfuerzo que sobre ellos hizo recaer el Gobierno regional para para ajustar unas cuentas públicas hinchadas y plagadas de gastos improductivos”.
El abono de este último tramo de devolución de la extra suprimida supondría un coste de unos 40 millones de euros a las arcas regionales, tal y como quedó ya patente cuando Ciudadanos impulsó una enmienda para abonar a los funcionarios el próximo mes de diciembre lo que les resta de cobrar de las pagas extraordinarias suprimidas en 2012 por el Gobierno regional del Partido Popular. 
Finalmente, PP y PSOE acordaron pasar el abono de diciembre a enero -con el voto en contra de Ciudadanos-, pero a pesar de ello “los funcionarios van a quedarse sin cobrar y lo que es peor, sin saber cuándo”.
El portavoz naranja considera que la situación es responsabilidad del Partido Popular, tanto a nivel regional como nacional: “A nivel regional, su postura es claramente incongruente, ya que hablan de ‘prórroga técnica’ cuando el pasado año parecía que se iba a acabar el mundo por funcionar con las cuentas prorrogadas. Y a nivel nacional no entendemos el retraso en la aprobación del techo de gasto o el límite de déficit para las comunidades autónomas y a partir de ahí todo el proceso presupuestario”.
“Hay tres semanas de plazo entre la aprobación de este límite de déficit y la fecha a partir de la cual se tendría que ir a unos presupuestos prorrogados. Nosotros ya manifestamos que facilitaríamos la aprobación del techo de gasto y no presentaríamos enmiendas a la totalidad, pero nos tememos que el Gobierno regional ya trabaja con un escenario de prórroga, tanto por su incapacidad como por la previsible falta de colaboración que va a tener en el resto de grupos de la oposición. Como siempre, los perjudicados serán los ciudadanos, y en este caso en concreto los funcionarios, que ya asumieron en su momento el sacrificio”, ha añadido Sánchez.

UPA Murcia traslada a la ministra Tejerina la preocupación por la caída de apoyo a la contratación del seguro agrario

MURCIA.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) trasladó a la ministra Isabel García Tejerina, la necesidad de recuperar el apoyo a los seguros agrarios, así como la modificación del plan de estos seguros para el año 2017, en cuanto a la previsión de la partida presupuestaria, ya que la planteada inicialmente resulta del todo insuficiente.

En las pasadas fechas se tuvo conocimiento de que ante el incremento de contratación de las líneas de seguros agrarios, el Ministerio de Agricultura no iba a incrementar la partida presupuestaria para los seguros agrarios, lo que dará lugar a una caída de 10 puntos en la subvención base del seguro para todas las líneas que pueden contratar los agricultores y ganaderos.
"Hemos tratado de hacerle ver al Ministerio la trascendencia que va a tener en el campo esta decisión, ya que puede suponer una caída de contratación brutal, dejando las cosechas en el campo y las explotaciones ganaderas sin asegurar, cuando hay que tener en cuenta que el seguro agrario es la única herramienta para gestionar las crisis por inclemencias meteorológicas con la que cuenta el sector", indica Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA-Murcia.
Según las estimaciones de UPA, la decisión de congelar el presupuesto puede suponer para muchas de las líneas de los seguros agrarios, un incremento de coste al agricultor superior 60%, haciéndolo totalmente inasumible y por lo tanto, generará el abandono de esta importante herramienta de gestión del campo.
Por todo ello hemos trasladado a la Ministra la necesidad de incrementar la partida presupuestaria para seguros, y dotar de estabilidad al sistema de seguros agrarios.
"Estamos a tiempo para llevar a cabo la modificación presupuestaria, ya que no se han cerrado los presupuestos del Estado y dado que esta previsión se llevo a cabo bajo el mandato de un gobierno en funciones y que hoy gobierna de forma normalizada", apunta Antonio Moreno.
"Esperamos que nuestra recién renovada Ministra entienda que se trata de una reivindicación justa y necesaria, de lo contrario desde UPA nos reservamos el derecho a emprender tantas acciones entendamos necesarias, hasta que obtengamos la solución al problema".

La Guardia Civil esclarece las irregularidades en una producción de variedades de almendro protegidas

MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Antoñeta', una investigación dirigida al esclarecimiento de las supuestas irregularidades en el cultivo de variedades frutales, cuya reproducción y multiplicación está sujeta al pago de los correspondientes cánones al titular de la patente. 

Las actuaciones se han saldado con la investigación del responsable de un vivero de Caravaca de la Cruz, al que se le han instruido diligencias como presunto autor de delito contra la propiedad industrial.
El pasado mes de septiembre, efectivos del Servicio de Sanidad Vegetal, integrado en la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), tras una serie de actuaciones, informaron a la Guardia Civil de la existencia de un vivero en el municipio de Caravaca de la Cruz que intentaba declarar la producción de una variedad de almendro protegida y registrada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) iniciaron la operación para investigar los hechos denunciados y, en su caso, esclarecerlos. Los primeros pasos se realizaron en torno al vivero denunciado, donde los agentes tomaron gran cantidad de muestras de materia vegetal para la comprobación, mediante el ADN, de las variedades existentes en el establecimiento, todo lo cual fue remitido al Centro de Investigación de Agrigenómica para su análisis.
El resultado de las muestras obtenidas en el vivero ha permitido constatar la existencia de dos variedades de almendro que ya se encuentran protegidas, se trata de las denominadas Antoñeta y Marta cuyo titular, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ya había inscrito en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.
Una vez verificada la posesión y multiplicación de variedad vegetal protegida de almendro sin las correspondientes autorizaciones, por parte del vivero investigado, la Guardia Civil ha instruido diligencias al propietario del citado establecimiento como presunto autor de delito contra la propiedad industrial.
El investigado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Caravaca de la Cruz

El gasto de la Comunidad Autonoma en Cartagena es inferior a la media regional, dice un estudio de la UPCT

CARTAGENA.- El Casino de Cartagena acogió anoche, en el marco de la celebración de la charla El municipio de Cartagena en los presupuestos de la CARM durante los últimos diez años: datos sobre una discriminación, organizada por el Círculo Jurídico de Cartagena, la presentación del estudio fin de carrera de Pablo Pérez, graduado en Administración de Empresas de la UPCT, en el que se recogen las conclusiones de la comparativa del trato recibido por Cartagena con respecto al resto de municipios importantes de la región en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia.

El joven autor del trabajo estuvo acompañado por Antonio García, profesor de la UPCT y actual gerente de la Sociedad Casco Antiguo, y el presidente del Círculo Jurídico, Rafael Martínez.
Según explicaba García, lo que se muestra en este estudio es un análisis del gasto territorializado por municipios, y una vez hecho esto, se ha pasado a cifras per cápita para tener datos comprobables, observando que el gasto desde el año 2008 al 2016 para el municipio de Cartagena ha sido claramente inferior a la media regional e inferior a otros municipios relevantes, como Murcia o Lorca.
Así, se ha determinado la cifra exacta que le habría correspondido a Cartagena en caso de haber percibido una financiación similar a la media regional, que asciende a unos 14 millones de euros que es lo que el municipio habría dejado de percibir. 
Además, añadía Antonio García que este trabajo también incluye un estudio de cuánto habría correspondido al municipio de Cartagena si la asignación del gasto territorializado per cápita hubiera sido igual a la que ha percibido el de Murcia, y la cifra se va a 300 millones de euros, queda clara la discriminación de nuestra ciudad atendiendo a los propios números suministrados por la Comunidad Autónoma, el municipio ha sido infradotado en el presupuesto.

El socialista lorquino Mateos exige un cambio en las "reglas internas" de LIMUSA para dar transparencia y participación

LORCA.- El portavoz del PSOE en Lorca, Diego José Mateos ha anunciado que el próximo lunes exigirá en el pleno del Ayuntamiento de Lorca instar a la Junta General de LIMUSA tanto que se modifiquen las actuales instrucciones internas de contratación de la empresa municipal, como que se modifiquen los estatutos de ésta, para dotar de más competencias al Consejo de Administración, en detrimento de la gerencia.

Mateos considera "urgente" un "cambio en las reglas internas de LIMUSA", para garantizar que las contrataciones que se hagan a través de esta empresa pública se rijan bajo los principios de transparencia y participación, de manera que LIMUSA "deje de ser una institución opaca, se abra a la transparencia y a la participación, cuente con los representantes de los ciudadanos y con los técnicos municipales para llevar a cabo sus actuaciones y, en definitiva, no siga repitiendo errores del pasado".
Esta exigencia llega una vez el portavoz socialista ha detectado que la empresa municipal de limpieza, LIMUSA, ha iniciado recientemente el expediente de contratación para la realización de una obra, en concreto, para la Construcción de Tercera Celda y Obras de Clausura y Sellado de Segunda Celda de Vertedero de Rechazos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la ciudad de Lorca. Una licitación convocada por un importe de 5.525.323,25 €, que más el 21% de IVA, supondrá una inversión total de 6.685.641,13 €.
Según Mateos, esta inversión de más de mil millones de las antiguas pesetas, y que ha calificado como "la más importante de la empresa", se está realizando "a espaldas de sus máximos órganos de decisión, el Consejo de Administración y la Junta General". En este sentido, ha asegurado que si bien es cierto que el PSOE no se opone a la necesidad de contratar esta obra, sí que muestran su oposición a la forma y procedimiento de adjudicación que han elegido".
Para Diego José Mateos resulta "inaceptable, aunque así se prevea en la normativa interna, que estas inversiones sean controladas de principio a fin, es decir, desde la aprobación de los pliegos y cláusulas, la admisión o inadmisión de ofertas y la adjudicación, por un órgano unipersonal sin participación alguna de los servicios de contratación ni de los servicios jurídicos o económicos del Ayuntamiento de Lorca".
Mateos quiere que la empresa municipal LIMUSA se rija bajo los mismos procedimientos previstos para el Ayuntamiento de Lorca "con todas las garantías procedimentales, incluyendo la constitución de mesas de contratación allá donde sean preceptivas". Por ello, advierte que no le servirá la justificación de que "en el pasado se hiciera peor".
 "No es razón para seguir haciéndolo mal", sentencia.

Ivars: "Rafael Hernando miente para proteger a un presidente acorralado por la justicia como Pedro Antonio Sánchez"

MURCIA.- El secretario de Comunicación del PSOE-RM y diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Emilio Ivars, ha aseverado que el portavoz del PP, Rafael Hernando, "miente de manera burda para proteger a un presidente, como Pedro Antonio Sánchez, que está acorralado por la justicia".

"Hernando se comporta como otro bufón más de la corte del actual presidente regional, con mentiras, que no pueden probar, y que insisten en repetir para seguir manipulando una y otra vez", ha añadido el dirigente socialista.
Ivars ha afirmado que "no por repetir reiteradas veces una mentira, ésta se convierte en verdad. A eso aspira el Partido Popular, pero hasta ahora sus voceros han sido incapaces de aportar ni una sola documentación que pruebe sus mentiras sobre las denuncias, archivos y condenas a Pedro Antonio Sánchez y no lo van a poder hacer, porque las afirmaciones que vienen cacareando desde hace un tiempo son rotundamente falsas".
Al respecto, el diputado socialista ha retado a Rafael Hernando a que "documente su afirmación 'Al Presidente de Murcia le han puesto diez querellas'. Sabe que no va a poder hacerlo porque habla de oídas, le han contado una mentira y él la repite intentando proteger al acorralado y cercado por la justicia Pedro Antonio Sánchez".
Emilio Ivars ha añadido que "es lamentable que, en lugar de colaborar con la justicia, en lugar de asumir responsabilidades políticas, los parlamentarios mientan a la ciudadanía disfrazando de persecución política las decisiones tomadas con independencia por parte de jueces y fiscales".

El Gobierno dice ahora que no pedirá que se reescriba el acuerdo anticorrupción con C's

MADRID.- El Gobierno no pedirá a Ciudadanos que se revisen los compromisos suscritos contra la corrupción. El pacto con la formación liberal recoge en su artículo 93 la "separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción". Y pese a que el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, entiende que "a lo mejor hay que darle una vuelta" al texto, en el Ejecutivo insisten en que no está prevista la presentación de ninguna iniciativa en esa dirección. 

Lo que sí comparte el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, es que el fallecimiento de Rita Barberá, apartada del PP el pasado 14 de septiembre tras abrir contra ella una causa el Tribunal Supremo, debería empujar a todos los partidos a pensar sobre lo acontecido. "Cuando sucede un hecho doloroso, es bueno que todos reflexionemos sobre las consecuencias que han podido motivarlo, pero eso no significa nada más que eso, una reflexión", ha sostenido.
Como portavoz del Gobierno es partidario de que las formaciones hablen e intenten llegar a una posición común sobre el momento en el que un investigado debe asumir responsabilidades políticas. "Hay que pensar que las personas tienen derecho a la presunción de inocencia", ha recordado tras evocar los casos de supuesta corrupción que finalmente han sido archivados. La posición del PP, tal y como ha citado Méndez de Vigo, ha sido siempre la de esperar a la apertura de juicio oral para tomar decisiones. Pero la necesidad de apoyos parlamentarios condujo a Rajoy en agosto a suscribir las exigencias de Ciudadanos para negociar un acuerdo de investidura.
En el partido, voces como la de Rafael Hernando, apuntan a la presión de algunos medios de comunicación y a la "cacería" pública como el origen de la depresión de Barberá. Así, garantizan que no hay en el PP "mala conciencia" por el trato dispensado en el partido a la exalcaldesa valenciana. "Era una persona queridísima y apreciadísima dentro del PP y ella lo sabía", ha zanjado Méndez de Vigo.

El PP quiere ahora salvar políticamente a sus imputados pero C's se niega

MADRID.- El portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando, considera que "a lo mejor hay que darle una vuelta" al pacto de investidura que su partido firmó con Ciudadanos y que obliga a apartar de sus cargos a los imputados por corrupción.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' -al hilo del trato que se dio a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, fallecida el miércoles-, Hernando recordó que Ciudadanos pidió al PP "dar un paso adelante" respecto a lo que marcan sus normas internas, que establecen que deben dimitir aquellas personas a las que se les abra juicio oral.


Para el dirigente popular, es posible que la exigencia pactada con Ciudadanos "permanezca en el acervo", pero en ese caso habría que "buscar alguna fórmula para compensar a esa persona a la que se hace dimitir" y que luego, aunque sea absuelta o su caso sea archivado, no puede recuperar su vida política, generalmente porque han pasado años y su puesto está ocupado ya por otra persona.

De hecho, lamentó también la longitud de los procedimientos judiciales y apostó por "seguir avanzando y hablando" con otras fuerzas políticas para poder llegar a "un sistema de enjuiciamiento rápido de estos casos de corrupción", remarcando que la Justicia debe ser rápida y ágil, y en caso contrario perjudica no sólo a los afectados sino a todo el sistema.

En todo caso, también lamentó "la judicialización de la política para desacreditar al adversario al que no se puede ganar en las urnas", y admitió que el propio PP ha podido cometer excesos.

 "Al presidente de Murcia le han puesto 10 querellas", dijo como ejemplo.

Así, apostó por "crear un procedimiento que permita separar el trigo de la paja", advirtiendo de que seguir igual que hasta ahora "conduce a estimular las bajas pasiones, al populismo, a mezclar churras con merinas y es muy malo para que la justicia real recaiga sobre los verdaderos culpables".

C's habla de PAS como ejemplo 
de lo que harán si lo imputan

El vicesecretario general de Ciudadanos, José María Villegas, advirtió al PP de que si decide incumplir el acuerdo que firmaron para la investidura de Mariano Rajoy, en cualquiera de sus puntos, incluido en materia anticorrupción, se dará por roto el pacto y tendrá repercusión política.

Un aviso que Villegas hizo en una rueda de prensa en el Congreso, en la que confirmó que Ciudadanos no va a "revisar" en ningún caso su criterio en la lucha contra la corrupción política, y mantendrá su exigencia de que cualquier dirigente político que sea imputado deberá abandonar su cargo público, situación en la que se encuentra el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.


Villegas aseguró que su partido va a mantener ese criterio que ha exigido que se cumpla en todos los pactos de Gobierno en los que Ciudadanos ha sido decisivo, como en Andalucía cuando exigió la renuncia de Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras su imputación por el caso de los ERE, o en Madrid. "Donde Ciudadanos es decisivo para formar Gobierno, los imputados tienen que abandonar su cargo público", dijo Villegas insistiendo en que en ningún caso van a revisar ese criterio que a su juicio es primordial para recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.

"Hay un pacto firmado, nosotros hemos cumplido nuestra parte al votar sí en la investidura y si el PP decide incumplir el pacto en cualquiera de sus puntos, ya sea económico o en lucha contra la corrupción, se habrá roto ese pacto", señaló Villegas. El dirigente de C's adviritó de que este partido consideraría que le PP no es un partido fiable a la hora de negociar y tomar acuerdos y haría muy difícil que se sigan alcanzando acuerdos en el Congreso. "Eso tendría -aseguró- una repercusión política a la hora de sacar adelante algunas leyes".

El vicesecretario general de Ciudadanos destacó que de una "desgracia" como la muerte de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá no se pueden extraer "conclusiones políticas" y que los criterios deben ser coherentes y servir para aplicarse "siempre" y a todos los partidos. "En nuestro caso, no hay que darle ninguna vuelta al pacto, lo que hay que hacer es cumplir los pactos, los pactos están para cumplirse", "los imputados no pueden estar en la vida pública", enfatizó Villegas, que sí se mostró dispuesto a hablar de medidas para evitar que, si se archiva un caso en el que estaba imputado un cargo público, se pueda resarcir el daño causado. En este sentido, señaló que su criterio será el mismo en casos como el del alcalde de Granada o el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez -ambos del PP-, en los que se exigirá el abandono del cargo público en el momento en el que el juez les cite a declarar en calidad de imputados por corrupción en las causas judiciales abiertas.

Las declaraciones de Villegas llegan después de que este viernes por la mañana el portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, considerase que "a lo mejor hay que darle una vuelta" al pacto de investidura que su partido firmó con Ciudadanos y que obliga a apartar de sus cargos a los imputados por corrupción.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', -al hilo del trato que se dio a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, fallecida el miércoles-, Hernando recordó que Ciudadanos pidió al PP "dar un paso adelante" respecto a lo que marcan sus normas internas, que establecen que deben dimitir aquellas personas a las que se les abra juicio oral. Para el dirigente popular, es posible que la exigencia pactada con Ciudadanos "permanezca en el acervo", pero en ese caso habría que "buscar alguna fórmula para compensar a esa persona a la que se hace dimitir" y que luego, aunque sea absuelta o su caso sea archivado, no puede recuperar su vida política, generalmente porque han pasado años y su puesto está ocupado ya por otra persona.

De hecho, lamentó también la longitud de los procedimientos judiciales y apostó por "seguir avanzando y hablando" con otras fuerzas políticas para poder llegar a "un sistema de enjuiciamiento rápido de estos casos de corrupción", remarcando que la Justicia debe ser rápida y ágil, y en caso contrario perjudica no sólo a los afectados sino a todo el sistema.

En todo caso, también lamentó la judicialización de la política "para desacreditar al adversario" al que no se puede ganar en las urnas, y admitió que el propio PP ha podido cometer excesos. "Al presidente de Murcia le han puesto diez querellas", dijo como ejemplo.

Así, apostó por "crear un procedimiento que permita separar el trigo de la paja", advirtiendo de que seguir igual que hasta ahora "conduce a estimular las bajas pasiones, al populismo, a mezclar churras con merinas y es muy malo para que la justicia real recaiga sobre los verdaderos culpables".

Hernando insistió en sus críticas a "algún medio de comunicación" por el "acoso" a Barberá, pero también reconoció que su partido se pudo equivocar cuando le planteó que se diera de baja, y así, dijo: "Quizá deberíamos haberla amparado". 

"Hablamos con ella y se tomó la decisión que se diera de baja porque era la mejor opción para que estuviera tranquila, para que pudiera vivir, pero no fue así. Todos hemos cometido errores, y yo me incluyo", señaló el portavoz del PP en el Congreso, uno de los dirigentes que entonces, ante las críticas de la oposición y las preguntas de los medios, puso más distancia con Barberá.

Sobre esa actitud, y sin querer profundizar en las manifestaciones de compañeros de la dirección del partido, incidió en que el PP, en esos momentos, a mediados de septiembre, se pudo haber equivocado, incluso en la reflexión a la que aludía: la de darle la baja para que se apagara el foco político y mediático sobre ella. Hernando, por ello, afirmó: "Quizá deberíamos haberla amparado", y más si se tiene en cuenta que sobre Barberá no hay ninguna condena sino una acusación sobre "una nimiedad", unos 1.000 euros de supuesto blanqueo.

Más adelante, en la entrevista, reconoció que hubo "intereses electorales" en aquella decisión, pero motivada porque la oposición la "estaba usando para golpear al PP" y perjudicar sus opciones en Galicia y Euskadi, en campaña por entonces.

También incidió en las críticas a la cobertura informativa que de Barberá ha hecho "algún medio", que no ha citado. Medios en los que "se confunden el periodismo con el espectáculo", que "persiguen hasta el domicilio con una cámara" a algunos políticos y que ponen la atención en "si va a la peluquería o abre una cortina". 

Sin generalizar, Hernando afirmó que "en algunos medios se ha hecho del acoso a Barberá un espectáculo que a lo mejor producía buenas audiencias". Y no ha querido culpar a nadie del desenlace de la exalcaldesa: "La muerte es un cúmulo de cosas, pero es verdad que no podía disfrutar de una vida normal".

El inicio del juicio contra la excúpula de la CAM, aplazado al 29 de mayo

MADRID.- La Audiencia Nacional ha aplazado al próximo 29 de mayo de 2017 el inicio contra los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós y a otras seis personas por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra.

El juicio contra estas ocho personas, previsto en un inicio, para el 17 de enero, se alargará finalmente hasta el mes de julio. La primera semana se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y después la sesiones tendrán lugar en el edificio de la calle Génova de Madrid.
Además de López Abad y Amorós, se sentarán en el banquillo el exdirector de Planificación y Control Teófilo Segrob Pomares, exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez García, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el de Financiación Juan Luis Sabater Navarro, el de Información Financiera Salvador Ochoa Pérez y el expresidente Modesto Crespo Martínez.
Se les acusa de los delitos de estafa de inversores, estafa agravada, societario en su modalidad de falsedad de las cuentas anuales, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Los ocho acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años de cárcel.
Además, en este juicio estarán como responsables civiles subsidiarios la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y el Banco Sabadell y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.
En dicho auto, los magistrados Ángela Murillo (presidenta del tribunal), Teresa Palacios y Juan Francisco Martel (ponente) han aceptado algunas de las pruebas solicitadas por las partes. Entre estas admisiones, el tribunal cree que se debe tomar declaración, en calidad de testigos o de peritos, a cinco inspectores del Banco de España, tal y como ha solicitado la Fiscalía y por las acusaciones particulares.
La juez de instrucción Carmen Lamela dictó la apertura de juicio oral el pasado mes de abril contra estos ocho acusados, siguiendo el criterio de su antecesor, Javier Gómez Bermúdez, de que los exdirectivos no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
Explicaba también que "se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial" del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera impedido que se les abonara.
La magistrada sentó en el banquillo a Crespo, Amorós, Soriano Terol y Sogorb por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
En cuando a López Abad, Lamela le acusa de todos los delitos citados con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. Además, acusa a Martínez García, Sabater y Ochoa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.
La Fiscalía pide que López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez sean condenados a penas de siete años y medio de cárcel y al pago de una multa de 180.000 euros cada uno de ellos.
Reclama sendas penas de un año y dos meses de prisión y multas de 9.000 euros para Sabater y Ochoa; mientras que solicita imponer a Soriano la pena de 10 meses de cárcel y multa de 12.000 euros. 
Para todos ellos, pide la inhabilitación especial para ser elegidos en unas elecciones y para ejercer la actividad bancaria durante el tiempo de sus condenas.
Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclama, nueve años para Crespo, Amorós, y Sogorb y tres años para López Abad y Martínez García. Pide para todos ellos la imposición de una multa de 144.000 euros. En el caso de Sabater, pide dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros.
La acusación popular ejercida por el abogado murciano Diego de Ramón reclama, por su parte, 16 años de cárcel para los ocho. Otra acusación que representa a un particular, solicita 17 años de cárcel para todos.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

El Gobierno central aprueba la nueva ley de contratos públicos que limitará la corrupción

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado para su remisión a las Cortes el anteproyecto de ley de contratos del sector público que incluye novedades derivadas de la legislación europea, entre ellas las encaminadas a mejorar la publicidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En la rueda de prensa posterior al consejo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado que el proyecto obedece a la trasposición de tres directivas europeas que tenían que haber sido incluidas en la legislación española antes del pasado 18 de abril, por lo que su tramitación es urgente.

Según ha explicado, el proyecto tiene dos patas, una referida a la contratación en el sector público en general y otra más específica referida a determinados sectores.
La nueva ley incluye, entre otras cosas, que no podrán ser contratistas de las administraciones públicas los condenados por corrupción entre particulares o que no podrán adjudicarse contratos públicos sin que medie publicidad.
Asimismo, se reducirán las cargas administrativas y se agilizarán los procedimientos, además de facilitar la participación de las pymes en las licitaciones promoviendo contratos de menor cuantía.

El catedrático aguileño Juan María Vázquez, secretario general de Ciencia e Innovación

MURCIA.- El Consejo de Ministros ha nombrado en su reunión de hoy al murciano de Águilas y catedrático de la UMU, Juan María Vázquez, secretario general de Ciencia e Innovación, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, cuyo titular es Luis de Guindos. 

Según la biografía que ha difundido La Moncloa, Juan María Vázquez Rojas nació en 1964 en Águilas, casado con dos hijos, es doctor en Veterinaria y Catedrático de Medicina y Cirugía Animal en la Universidad de Murcia.
Ha participado en unos treinta proyectos y contratos de investigación, y es autor de numerosas publicaciones internacionales en revistas de su especialidad y de dos familias de patentes. 
Fue vicerrector de investigación de la Universidad de Murcia, coordinador general del proyecto Campus Mare Nostrum 37/38 y secretario ejecutivo de la Sectorial I+D de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). 
Entre 2012 y 2014 fue director general de Investigación Científica y Técnica en la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, y participó en la elaboración de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación. 
Desde enero de 2015 era secretario general de Universidades en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.


Ciudadanos soporta mal los desaires del Gobierno / José Hervás *

Ciudadanos quiere focos, quiere presencia mediática. La situación ideal para los componentes del partido que preside Albert Rivera es la que lograron durante los días que estuvieron negociando las 150 medidas del documento que firmaron con el Partido Popular como condición para dar su apoyo de investidura a Mariano Rajoy. Pero desde aquel 28 de agosto en el que Juan Carlos Girauta y Rafael Hernando firmaron el pacto las cosas han ido a peor. Se sienten desasistidos y hasta desairados.

Este jueves han lan­zado otra ad­ver­tencia al Gobierno al pre­sentar una pro­puesta de Ley para tratar de fijar un sis­tema de de­sig­na­ción de altos cargos de acuerdo con el do­cu­mento fir­mado en agosto para apoyar la in­ves­ti­dura del pre­si­dente. Dicen que quieren acabar con los ‘dedazos’. Pero desde fuentes gu­ber­na­men­tales in­ter­pretan que lo que buscan los lí­deres de la for­ma­ción na­ranja es pre­sencia me­diá­tica. Cada día su mi­nuto de in­for­ma­ti­vos.

Los en­car­gados de pre­sentar la pro­puesta, el por­tavoz par­la­men­tario de Economía, Toni Roldán, y el má­ximo res­pon­sable en la ma­teria del par­tido, Luis Garicano trans­miten que las re­la­ciones con Luis de Guindos son muy bue­nas, pero quieren tras­ladar estas re­la­ciones ca­li­fi­cadas en algún mo­mento de ex­ce­lentes a los he­chos.

Los he­chos son que en la prác­tica hasta ahora las de­ci­siones adop­tadas por el Gobierno, sobre todo por lo que afecta a los nom­bra­mien­tos, las han adop­tado los mi­nis­tros sin tener de­ma­siado en cuenta el cri­terio de Ciudadanos. Bien es cierto que esta ex­pli­ca­ción de au­to­su­fi­ciencia casa mal con la jus­ti­fi­ca­ción que dan de ‘haber aban­do­nado a Rita Barberá’ ante la con­di­ción de Ciudadanos de ha­cerlo para poder apo­yarles para formar go­bierno.

Según una fuente gu­ber­na­men­tal, ‘sin tener de­ma­siado en cuenta’ la opi­nión de Ciudadanos no deja de ser una ex­pre­sión di­plo­má­tica. No van a tomar de­ci­siones que vayan abier­ta­mente en contra de su pro­grama. Tratarán de res­petar todos los puntos que puedan del ideario de los 150 in­cluidos en el do­cu­mento que sirvió para que les apo­yaran para la in­ves­ti­dura, pero lo que tiene más claro es que lo que se pro­ponen es aplicar su pro­grama y tratar de apro­xi­marse al PSOE.

Pese a los acer­ca­mientos que se han hecho al PNV para contar con sus votos para sacar ade­lante los Presupuestos Generales del Estado, cuando se pre­sen­ten, si es que se pre­sen­tan, para el Partido Popular el ob­je­tivo prio­ri­tario es apro­xi­marse a los so­cia­listas con los que quieren ver la forma de al­canzar acuerdos que ga­ran­ticen cum­plir el má­ximo de tiempo de la le­gis­la­tura ac­tual.

La fi­na­lidad es clara. Si no lo­gran este acuerdo dan por hecho que van a estar cons­tan­te­mente en un sin vi­vir. Añaden que com­prenden la in­sis­tencia de Ciudadanos por re­cordar los puntos plan­teados en su acuerdo, pero son puntos para una le­gis­la­tura que no tienen por qué cum­plirse desde el primer día.

Admiten además que en el Gobierno se dan ten­siones entre per­so­na­li­dades muy mar­cadas que puede di­fi­cultar al final el en­ten­di­miento con los re­pre­sen­tantes de Ciudadanos.
Pero lo que no quieren desde el PP es que quede nin­guna duda de que la época de las cá­maras de te­le­vi­sión y de las ruedas de prensa cada tres ho­ras, para los po­pu­lares han ter­mi­nado. Los acuerdos según los con­ser­va­dores li­de­rados por Mariano Rajoy se cum­plen mejor en la dis­cre­ción que en la re­vi­sión per­ma­nente.


(*) Periodista

Barberá / Ramón Cotarelo *

Es inevitable hablar de Rita Barberá. Vaya por delante que Palinuro profesa a rajatabla el principio del respeto a los muertos. De los muertos no debe hablarse ni bien ni mal porque no pueden responder. Eso debiera bastar. Y aquí no se hablará en absoluto de la difunta, sino del insólito guirigay que han montado los vivos a su costa. Empezaron los de su propio partido a buscar de inmediato culpables de la muerte por infarto. 
 
Todavía córpore insepulto, el ministro de Justicia empezó hablando de "conciencia" y, con claro sentido de culpabilidad que los psicólogos llaman de "proyección", se refirió a la conciencia intranquila de unos otros innominados pero claramente situados en la izquierda a los que, de este modo hacía responsables del óbito. La derecha se ha civilizado mucho. Ya no acusa del hecho material, sino solo de la responsabilidad intelectual.

No solo es injusto. También es absurdo y como el absurdo es más contagioso que la risa numerosos dirigentes del mismo partido se han animado a repartir culpabilidades como una máquina de riego automático fuera de control: la "cacería" de los medios, la "pena de telediario", el "linchamiento de la opinión pública", las "hienas" (cosecha de Rafael Hernando), la maldad intrínseca de la izquierda. Todo con tal de no reconocer que los primeros candidatos a esa poco honrosa plaza de haber acosado a su antiguo referente y modelo en el que todos decían mirarse son los que acusan a los demás. Fue fortísima la caída: los mismos que la adulaban le esquivaban el saludo en público, como a una apestada.

Todo esto es absurdo. Toda muerte cierra un escenario. Es un hecho mudo. No plantea problemas morales. Se acepta porque no es posible hacer otra cosa. Buscar culpables que no sean los autores materiales si tal hubiera sido el caso es absurdo. Que cada cual le dé la interpretación que quiera. Es culpable la sociedad entera. Y en la configuración de esa sociedad fue muy relevante la fallecida. 
 
Los problemas morales, el ruido, los plantean los vivos, especialmente los políticos cuando la situación se presta que es justo cuando dicen que no se presta. Y lo hacen en el terreno habitual de la desmesura, la mendacidad, la agresividad, el ridículo no solo entre sí, sino también hacia la población. Pero, al darse contra el fondo del hecho trascendental de la muerte, lo ridículo se convierte en grotesco. Algo que interpretaría muy bien El Bosco. 
 
La consolación de la poesía
 
Marcos Ana no se llamaba Marcos Ana, sino Fernando Macarro Castillo. A mediados de los años 50, cuando llevaba diez o quince de prisión en condiciones terribles, creó este seudónimo con los nombres de su padre y su madre. Y el seudónimo se convirtió en su nombre. Un tributo a la memoria de sus padres, sin duda profundo.

Marcos Ana no era poeta. Al comenzar su cautiverio, había sido, entre otras cosas, comisario político comunista, pasó por los campos de prisioneros de Los Almendros y Albatera (y quien sepa algo de la historia de la posguerra sabe la que allí pasaba), fue condenado y recondenado a dos penas de muerte, no simultáneas, sino consecutivas. Imagínese. Salvó la vida por ser menor de edad cuando los hechos. 
 
En su largo confinamiento (23 años, nada nuevo en España: el bueno de Campanella pasó 27 años en una cárcel de la Inquisición española en el XVI/XVII) se hizo poeta. Devino poeta. Se hizo poesía. Vivió la poesía. Además, también como arma de lucha. Eso es lo que lo distingue de su ilustre predecesor en el infortunio, el sabio Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio a quien un poder igualmente tiránico condenó a morir en el siglo VI, mil años antes. Esperando la muerte (que, en su caso, se consumó), Boecio escribió La consolación de la filosofía, un libro que sigue leyéndose hoy con gran provecho pues edifica el alma. 
 
Marcos Ana encontró la consolación, la fortaleza para afrontar su destino en la poesía: su autobiografía, Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y la vida así lo atestigua. La contraposición "prisión" y "vida" es elocuente: la prisión es la muerte (pregúntesele a Dostoievsky), pero desde la muerte se habla a la vida para cambiarla. En Marcos Ana no hay resignación, como en Boecio, sino lucha. Ni mejor ni peor que la resignación. Simplemente distinto.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales


Viernes con el lamentable espectáculo por tercer día consecutivo de utilización interesada de la desaparición de Rita Barberá con cruce de condenas y acusaciones al PP, desde el PP y dentro del PP, y con los medios de comunicación en medio de la trifulca.

Pero las portadas y grandes titulares se reparten con: el diálogo social sobre salarios y empleo; diálogo también sobre el bono social de consumo eléctrico: la desaceleración de la recuperación por el frenazo de la inversión y las exportaciones; la celebración hoy del Día Internacional Contra la Violencia de Género; la reunión en Sevilla entre Susana Díaz y Miquel Iceta con la vista puesta en pacificar y unir el PSOE, y posiblemente también en impulsar la reforma constitucional; y el impacto en la prensa internacional de las multas barceloneses a Airbnb and Homeaway.

Signo de los tiempos: el rito anual de Thanksgiving con el pavo se ha mantenido, pero la gente no ha salido de casa en desbandada en el inicio de las rebajas del Black Friday. Ha preferido hacer compras online. La campaña se espera algo menor que el año pasado por la prudencia de la población hispana tras la victoria de Trump. También se está dejando notar el efecto Trump en el empleo sin cualificación: no los quieren los norteamericanos y hay ‘demasiado pocos’ mexicanos, según quejas de comerciantes y pequeños empresarios en una información de The Wall Street Journal.

Entrevistado por New Statesman, Tony Blair descarta volver a primer plano de la política porque ‘la prensa destruiría’ su opción, pero al mismo tiempo reitera que ‘se puede parar el Brexit si el pueblo lo decide’. Coincide con la desclasificación por los Archivos Nacionales de un documento del antiguo ministro de Economía Geoffrey Howe, quien ya en 1981 advirtió de los ‘efectos devastadores’ de salir de la UE. Y coincide también con un informe el Instituto de Estudios Fiscales que pronostica el peor efecto en 70 años para los salarios: el Brexit le costaría a cada familia 1.250 libras anuales y en 2021 los ingresos todavía serán inferiores a los de 2008.

INFORMACIÓN NACIONAL
El País: Iceta garantiza neutralidad en la pugna por dirigir el PSOE: el líder del PSC y Susana Díaz abordan el encaje de Cataluña en España (A. Díez y R. Limón). Otro titular: Entrevista a Alberto Garzón: ‘No estoy de acuerdo con las tesis de Íñigo Errejón; se declara crítico con el populismo de izquierdas (Elsa García de Blas). Otro titular: Sáenz de Santamaría invita al Gobierno chino a volver a España para fortalecer el vínculo. ABC: Iceta escenifica con Susana Díaz un intento por reconciliar al PSC y el PSOE; Ferraz monta un acto con Zapatero y Page para tapar a Sánchez. Otro titular: El Congreso se prepara para estudiar la reforma constitucional: Ciudadanos intentará poner en marcha una mesa de partidos. La Razón: El Gobierno agilizará la instrucción judicial para evitar ‘casos Barberá’ (F. Velasco). Otro titular: Iceta abre una vía de entendimiento con Díaz y olvida a Pedro Sánchez (Toni Bolaño).

El Confidencial: Los barones dejan solo a Sánchez en su vuelta y Díaz medirá su poder en Madrid (Juanma Romero). Otro titular: Iceta y la lideresa sellan un pacto que refuerza la posición de la andaluza (Isabel Morillo). El Español: ‘Miquel Iceta: ‘Susana Díaz tiene una gran voluntad de unir’ (Charo Solís). Vozpopuli: Iceta se separa de Sánchez y Díaz: quiere otro candidato para liderar el PSOE (Federico Castaño). El Periódico: Miquel Iceta y Susana Díaz buscan pacificar las relaciones PSOE-PSC (Julia Camacho y Roger Pascual). Otro titular: Sánchez tiene dudas sobre sus posibilidades y busca relanzar su relato (Juan Ruiz Sierra). El Plural: El extraño y oscuro viaje de 'las 90.000 firmas' que no llegaron a Ferraz y acabaron en Alcorcón. ¿Qué pasó con las firmas que centralizó el alcalde de Jun para provocar un adelanto en el Congreso del PSOE? (Francisco Medina).

Capital Madrid: Ciudadanos soporta mal los desaires del Gobierno: Rajoy considera prioritario atraer al PSOE para garantizar la legislatura (José Hervás). El Mundo: El Gobierno dice que ‘moralmente’ duda del pacto anticorrupción: fuentes de Moncloa creen que sólo debería exigirse la dimisión cuando se abra el juicio oral; sin embargo, indican que respetarán el acuerdo firmado con Ciudadanos por estar en minoría (Marisa Cruz y Marisol Hernández). Otro titular: Díaz pacta con Iceta y pide ‘reformar la Constitución’ para Cataluña (Teresa López Pavón). El Correo: Un Gobierno para negociar: Urkullu sale reelegido con el apoyo del PSE y diseña un equipo más político y para pactar con el Ejecutivo central.

CATALUÑA
El País: El delegado del Gobierno en Cataluña ofrecerá más inversiones para contener el independentismo (Àngels Piñol). La Vanguardia: Eurodiputados catalanes denuncian en el Parlamento Europeo la 'regresión democrática de España' (David Ruiz Marull). Otro titular: Bruselas da instrucciones de 'no meter las narices' en el proceso catalán (Quico Sallés).

ECONOMÍA
El País: Los agentes sociales piden más ambición a Rajoy para bajar del 10% de paro: Rajoy y Báñez han ofrecido un acuerdo plurianual sobre el SMI para una o dos legislaturas (Manuel V. Gómez y Javier Casqueiro). Otro titular: Consenso político paa que las eléctricas paguen el bono social (Camilo S. Baquero). Expansión: La CEOE plantea una subida salarial del 1,5% frente al 3% de los sindicatos. El Mundo: El crecimiento económico reducirá en más de 1.000 millones el ajuste necesario para cumplir con el déficit (Daniel Viaña). Otro titular: Rajoy fija ante los sindicatos unas líneas rojas para el diálogo social: CCOO y UGT anuncian protestas si no hay avances en las negociaciones (Marisa Cruz). Otro titular: El Gobierno restringirá el bono social eléctrico en función de la renta de los hogares (Víctor Martínez).

Cinco Días: El Gobierno busca un gran pacto de rentas y empleo con seis claves (Raquel Díaz Guijarro). Otro titular: Linde pide aumentos sólo en las empresas saneadas (Carlos Molina). Otro titular: Nadal y la oposición coinciden en que las eléctricas paguen el bono social (Carmen Monforte). El Economista: El aumento del salario mínimo enfrenta a Gobierno y sindicatos. Otro titular: Entrevista a Francesc Homs, de PDC: ‘Ahora otros deben tomar la iniciativa en financiación’. Otro titular: Casi 800.000 personas cobran una pensión de más de 2.000 euros al mes (José Luis Bajo Benayas). El Periódico: Diálogo social en una recuperación desigual: crecen los beneficios, se estancan los salarios; los resultados de las grandes empresas suben el 13%, y el sueldo medio, sólo el 0,1% (Rosa María Sánchez y Pablo Allendesalazar).

Vozpopuli: El bono social provoca la primera gran bronca de Nadal con las eléctricas, que ya miran a los tribunales (Raúl Pozo). Otro titular: Tapar el agujero de las pensiones obliga a crear 3 millones de empleos antes de 2018, según expertos (Teresa Lázaro). Estrella Digital: Los sindicatos dialogan y preparan la movilización (Marina García-Rico). Eldiario: La falta de interlocutor en el PSOE y la bicefalia económica del Gobierno complican los Presupuestos (Belén Carreño). El Boletín: El gasto en I+D baja hasta el 1,22% del PIB: mínimos de la última década, según el INE. El Confidencial: El TS da un vuelco y niega la antigüedad a todo el personal laboral sin un contrato fijo (David Fernández). Otro titular: Hacienda teme que el fallo del IRPF de maternidad sea otro caso Bankia (Eduardo Segovia).

EMPRESAS Capital Madrid: Telefónica reta a Vodafone y Orange con fuertes bajadas de tarifas en Fusión y móviles: los nuevos clientes de Fusión Contigo pagarán 25 euros en vez de 50 durante los seis primeros meses, en pleno proceso de cambios tras la llegada a la presidencia de Álvarez-Pallete (Julián González). Cinco Días: Telefónica abre la vía para ampliar la subida salarial: los sindicatos demandarán el 1,5% en la extensión del convenio hasta 2018. El Economista: Ferrer busca un ‘caballero blanco’ para evitar que Henkell compre Freixenet: pretendía lanzar una oferta sobre el 51%. Expansión: Monbus se vende: Alsa y Arriva, a la expectativa. Otro titular: Adolfo Domínguez tensa la relación con su socio Puig (J. de F. y A.C.). Economía Digital: Puig, segundo accionista de Adolfo Domínguez, sale del consejo.

SECTOR FINANCIERO
Expansión: Oliu: 'Sabadell no contempla ahora una fusión con Popular'. Otro titular: S&P: ‘El plan de Popular es bueno, pero hay que vigilar su ejecución’. Capital Madrid: BBVA se estanca en Bolsa por debajo de los 6 euros con los bajistas crecidos: la acción no levanta cabeza entre las dudas de los analistas que siguen el banco, y los 'hedge funds', con AQR a la cabeza, intentan aprovechar las grietas que provoca México (Quesada Vargas). El Confidencial: Los bajistas insaciables que se están forrando con el desplome del Popular: las desgracias para los más de 300.000 accionistas de Banco Popular son todo alegrías para los gestores de AQR Capital Management y los de Marshall Wace (Vicente Varó).

Vozpopuli: Santander encarga a Citi la recompra de Altamira. Cinco Días: Ibercaja pide a los fondos 370 millones por un 20% del capital: también está dispuesta a pujar por BMN si no exige mucho capital. Otro titular: Así opera un chiringuito financiero: ‘No sabes nada de Bolsa, yo te llevaré de la mano’. Otro titular: BBVA estudia adquirir el banco argentino Patagonia. El Economista: Endesa lidera los dividendos reales del Ibex al ofrecer el 7%.

OTROS TITULARES DESTACADOS
El Español: La Guardia Civil descubre 'alineación de precios' en un centenar de gasolineras: analiza 1.116 puntos de venta donde ha podido existir concertación por parte de diversas compañías como Repsol o Cepsa (Carlota Guindal). El Confidencial: Nueva cruzada de Montoro contra el fútbol: exige 41 millones a Madrid, Barça y Atlético; también reclama 11 millones a Valencia y Sevilla (José María Olmo y Rafael Méndez). El País: Exteriores se queja a Israel por regalar un dron español a Rusia: el Gobierno traslada su 'preocupación' a las autoridades israelíes por la vulneración de la legislación que prohíbe reexportar tecnologías sensibles (Miguel González).

OPINIONES
Mariano Rajoy en La Razón: ‘Unidad y determinación contra la violencia hacia las mujeres’. Editorial: ‘Un frente común contra la violencia de género’. Otro editorial: ‘Una justicia lenta no sirve contra la corrupción’. Editorial en El País: ‘La violencia oculta: una de cada tres mujeres sufre agresiones; España no debe bajar la guardia’. Editorial en El Español: ‘Mentalización social contra el maltrato’. Editorial en ABC: ‘Díaz-Iceta, una reunión de intereses’. Otro editorial: ‘Diálogo, pero con sentido común: la ausencia de mayoría parlamentaria obliga a un constante ejercicio de diálogo y negociación’. Enric Hernández en El Periódico: ’Escrache al periodismo’. José Apezarena en Confidencial Digital: ‘Susana Díaz toma por fin el mando del PSOE’. Editorial en La Vanguardia: ‘El alza del salario mínimo’. Otro editorial: ‘El pragmatismo de Urkullu’. Editorial en Cinco Días: ‘Hacia un pacto político, económico y social’.

Editorial en El Mundo: ‘Responsabilidad de empresarios y sindicatos en la subida salarial’. Rosa Díez en el mismo diario: ‘Cuando se prostituye el lenguaje’. Federico Jiménez Losantos en el mismo diario: ‘La muerte de Podemos’. Editorial en Libertad Digital: 'Montoro y la ominosa persecución del pago en efectivo: la asfixiante política fiscal del PP parece dirigida a allanar el terreno a la confiscatoria extrema izquierda podemita'. Manuel Llamas en el mismo medio: 'La hipocresía de los políticos con las pensiones'. Jordi Casas en Economía Digital: '¿Por qué Puigdemont no convoca elecciones ya?; de lo contrario, vamos a seguir unos meses más con la promesa de un referéndum que el Govern sabe que no se va a celebrar'. J. Ignacio Conde-Ruiz en Nada Es Gratis: 'La Consolidación Fiscal de las CCAA: para resolver la crisis fiscal va a ser necesario reformar el sistema de financiación'.


A. R. Mendizabal

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La PAH pide ante la Asamblea Regional que se cumpla la Ley de Vivienda


CARTAGENA.- Medio centenar de miembros de las Marchas de la Dignidad y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han presentado hoy sendos escritos ante la Asamblea Regional en la que piden al Gobierno murciano que cumpla la Ley de Vivienda y pare los 11 desahucios diarios que se están produciendo, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la petición ha asegurado que el PP está haciendo una "clara dejación" de sus funciones para beneficiar los intereses de los bancos y las empresas suministradoras de luz, gas y agua, por lo que también han pedido que evite, a través de la norma aprobada por la oposición, que los ciudadanos no sufran "cientos de cortes" en estos servicios básicos.

El portavoz de la PAH, Francisco Morote, ha criticado que el consejero de Fomento, Pedro Rivera, no ha dado las instrucciones necesarias para poner en marcha los alquileres sociales y los convenios con las empresas eléctricas y concesionarias de agua para evitar los 720 desahucios y centenares de cortes de suministro acaecidos desde septiembre, cuando entró en vigor la ley.
Morote ha detallado que la aplicación de esta norma evitaría en la Región que puedan producirse sucesos como el ocurrido con la anciana fallecida en Reus al incendiarse su casa por causa de una vela a la que recurría al tener cortado el suministro de luz.
Por su parte, la portavoz de la PAH en Cartagena, María Zaplana, ha incidido en que, una vez que el Gobierno central no ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley autonómica, debe implantarse las medidas para "beneficiar a la gente y no a los bancos y a las grandes empresas".
En este sentido, ha recordado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reseñado que de los 30 municipios de más de 20.000 habitantes con más porcentaje de viviendas vacías, 5 (Torre Pacheco, Águilas, Caravaca de la Cruz, Jumilla y Mazarrón) están en la Región, que presenta una de las tasas más altas de pobreza y exclusión social.
El escrito que será tramitado en la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano contempla que la precariedad de los salarios, la desigualdad entre las rentas altas y bajas y el aumento de los precios de la luz, el gas y el butano, "condena a miles de familias a sobrevivir en condiciones de pobreza extrema".
Por ello, estima que la ley no puede tener "ningún obstáculo ni puede quedarse en un cajón" para que "proteja a las personas frente a las grandes empresas y los bancos".

Ibercaja admite su interés por adquirir BMN si no prospera la fusión con Bankia

ZARAGOZA.- Ibercaja estudiaría la adquisición de Banco Mare Nostrum (BMN), que lidera Cajamurcia, si la entidad nacionalizada saliera al mercado en vez de fusionarse directamente con Bankia, como prevé el FROB, propietario de ambas en nombre del Estado. Así lo expresó en las últimas horas Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja.

Iglesias indicó que BMN es «una franquicia comercial interesante y bien gestionada», y admitió que a Ibercaja le encajaría, por su presencia en Granada, Baleares y Murcia, aunque, lógicamente, «dependería del precio». 
En cualquier caso, urgió al FROB a que haga «lo que tenga que hacer», pero que elija la mejor solución para que el contribuyente recupere la mayor parte posible de las ayudas invertidas y que lo hagan «cuanto antes», pues «las situaciones provisionales distorsionan la competencia» en el sector.

En cuanto a su futuro, Ibercaja cree que seguirá independiente y con capacidad para elevar la rentabilidad o ROE por encima del coste del capital a medio plazo, aunque eso no quita que analicen «todas las opciones corporativas» que surjan.
Iglesias cree que habrá una segunda oleada de fusiones en el sector bancario, pero menos intensa porque ahora hay menos entidades y están en mejores condiciones, por lo que no prevén movimientos «forzados» o tutelados, como ocurrió en la reciente reestructuración del sector.
El consejero delegado se mostró convencido de que Ibercaja alcanzará un ROE del 8% en 2019 o 2020 frente al actual, que está, como sus competidores, entre el 3% y el 5%, y explicó que para ello tienen que diversificar los ingresos de la cartera crediticia, afianzar el crecimiento sostenido de las comisiones y seguir ajustando costes y liberándose de activos improductivos.
Sobre la salida a Bolsa de Ibercaja, Víctor Iglesias asegura que están preparados y podría producirse en breve. Sin embargo, no lo harán, porque están bien capitalizados, y además en estos momentos «la banca está cotizando en mínimos históricos». 
«Creemos que nuestro proyecto tiene un valor que ahora no nos reconocería el mercado», por lo que no hay prisa, dijo, aunque dejó claro que al final acabarán siendo un banco cotizado, lo más probable «antes de 2020».

El pleno municipal de Cartagena solicita informes juridicos para evaluar la anulacion de la prorroga del contrato de 'Hidrogea'

CARTAGENA.- El pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha tratado esta tarde la declaración institucional promovida por CTSSP y suscrita por el resto de grupos municipales, sobre vertidos al Mar Menor y la prórroga del contrato de Hidrogea.

Respecto a la declaración institucional, ésta tomaba como punto de partida los vertidos que se produjeron anoche en la laguna como consecuencia de las precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado. Por ello se ha pedido trasladar a la CARM la preocupación del Ayuntamiento por esta situación, instando a la consejería competente la necesidad de reconducir la agricultura del Campo de Cartagena, regularizando e investigando las innumerables roturaciones que de manera ilegal se siguen produciendo; así como que se valore la posibilidad de plantar setos transversales en zonas públicas y revisar urgentemente el sistema de desagüe y alcantarillado de las depuradoras.
Respecto a la empresa concesionaria del servicio de agua, Hidrogea, el pleno ha rechazado una moción de MC en la que se pedía que el pleno instase a los servicios municipales para que comuniquen de modo inmediato, en los términos que proceda, la denuncia de las prórrogas automáticas del contrato inicial, conforme a la concesión de 1992, y ello en previsión de que fuera declarada la nulidad de la prórroga acordada en 2003.
Según ha argumentado la concejala María José Soler, dicha prórroga hasta 2042, se acordó por el pleno con dos dictámenes desfavorables del Consejo Consultivo de la Región de Murcia en 2003 y el objetivo es que no se produzca en 2017 una prórroga automática por cinco años, si no hay denuncia.
La moción ha sido rechazada con los votos a favor de MC y CTSSP; las abstenciones de PSOE y Ciudadanos; y en contra del PP.
Sí se ha aprobado en cambio una moción in voce presentada por el PSOE para que el pleno inste a los servicios jurídicos municipales y al Consejo Jurídico  de la Región de Murcia para que informen si es posible aplicar la prórroga de la concesión por cinco años o anular la prórroga por 25 años; y que se cuantifique la cantidad que podría reclamar la concesionaria en caso de anularse las prórrogas.
La moción se ha aprobado con los votos favorables de PSOE, PP y Ciudadanos; en contra,  CTSSP y la abstención de MC.
El pleno ha aprobado por unanimidad una moción de CTSSP sobre pobreza energética que entre otras cuestiones pide instar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM a que firme convenios con la totalidad de empresas que suministran energía en la Región de Murcia, y establecer un protocolo de comunicación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para evitar cortes del suministro a familias sin recursos económicos.
También se ha aprobado con los votos a favor de  CTSSP, Ciudadanos y PP; y en contra de MC y PSOE, una moción del PP instando al Gobierno municipal a que gestione la recepción de los tanques tormenta del Barrio de la Concepción y una vez recepcionados se habilite en sus terrenos un aparcamiento para los usuarios del centro de salud.
Desde el Gobierno municipal se ha justificado el retraso en la recepción porque la obra se hizo irregularmente por parte de la empresa, sin expropiar parte de los terrenos.
Otra de las mociones del PP aprobadas por unanimidad ha sido para instar al Gobierno regional a que inste al Ministerio de Fomento a implantar el servicio de cercanías de la ciudad de Cartagena para que la ciudad ponga en valor la llegada del AVE  en toda la comarca; así como que por parte del Gobierno municipal se cree un billete combinado con el transporte público municipal, que facilite la intermodalidad de los usuarios de estas infraestructuras.
Desde el gobierno municipal ha contestado la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, quien ha denunciado la falta de compromiso del Gobierno nacional con la llegada del AVE a Cartagena que sufre nuevos retrasos; y el alcalde, José López, quien ha ironizado que con esas perspectivas la intermodalidad quedará reducida a “bajarse de un autobús y subirse a otro”.
Otro asunto aprobado ha sido la moción del PP para que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local, al cumplimento de los preceptos legales y se dé acceso en tiempo y forma, y sin dilaciones, a los miembros de esta Corporación Municipal de la información necesaria para el legítimo y debido control y fiscalización del Gobierno
La concejala de Transparencia, María José Soler, ha contestado que la información se facilita según el criterio de los técnicos y ha recordado el sello de infoparticipa concedido por ser un Ayuntamiento transparente.
La moción se ha aprobado con las únicas abstenciones de PSOE y MC.

MC lamenta la tibieza de los partidos tradicionales para avanzar en la eliminación de las prórrogas del contrato de la concesionaria del agua

CARTAGENA.- Durante el transcurso del Pleno municipal del Ayuntamiento de Cartagena, el Grupo municipal MC presentaba hoy una iniciativa, que ha contado con el único apoyo de Cartagena Sí Se Puede, la abstención de C's y PSOE y el voto en contra de PP, para instar a los servicios municipales a que éstos comunicaran, de modo inmediato, y en los términos oportunos, la denuncia de las prórrogas automáticas del contrato inicial, conforme a la concesión, que data del 26 de diciembre de 1992, a la mercantil Hidrogea, empresa concesionaria del servicio de aguas. La propuesta de la formación cartagenerista se amparaba en la previsión de que sea declarada nula la prórroga del contrato acordada en 2003 por el Pleno.

"Por lo tanto, la abstención de C's y PSOE ha posibilitado que el voto en contra del PP haya evitado la aprobación de una iniciativa enfocada a garantizar de manera preventiva la no aplicación de la prórroga de un contrato fechado 1992 y que contemplaba extensiones del mismo de forma tácita con una duración de cinco años, hasta un máximo de cincuenta años. Esta renovación sería posible siempre y cuando no se efectuara denuncia por parte del Ayuntamiento con un año de antelación.
La razón que sostiene la moción presentada por MC y defendida por la edil María José Soler es la no resolución de la solicitud formulada en 2014 por el actual alcalde, José López (MC), en aquel tiempo portavoz del Grupo municipal MC en la oposición.
Ese año, López solicitó la revisión del acuerdo del Pleno de 12 de noviembre de 2003 que determinó la modificación del contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, variación del contrato que contó con el silencio y, por lo tanto, visto bueno de todos los grupos políticos que formaban la corporación. Cabe recordar que durante la presente legislatura, Cartagena Sí Se Puede también reclamó la revisión de dicha prórroga.
El acuerdo fijó la prórroga del contrato, que vencía el próximo año, hasta el año 2042. O lo que es lo mismo, una ampliación de 25 años, el doble de lo firmado y pactado. Y ello, contraviniendo la legalidad vigente y los informes emitidos por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Conviene añadir que fue una extensión del contrato que la empresa obtuvo a coste cero porque ya pagó en 2003 lo que el Gobierno local necesitaba para proyectos como el Auditorio El Batel.
Hoy, el Grupo municipal MC esperaba la unión de los partidos ante una propuesta que confirma la intención de MC de dar continuidad al proceso de revisión, vigilancia y fiscalización de todos los contratos municipales. De hecho, desde 2013, MC ha presentado diversas iniciativas que han supuesto para el Ayuntamiento y por ende, para todos los cartageneros, la recuperación de más de 11 millones de euros en las liquidaciones que la empresa se vio obligada a efectuar, por las anualidades de 2012 a 2014.
Y es que, aunque los técnicos declaren que es nula la prórroga de 2003, gracias a la no aprobación de la moción, Hidrogea tendrá otros cinco años de gentileza para prestar el servicio.
No obstante, la intención de MC era previsible que chocara con la voluntad de quienes en anteriores legislaturas ostentaban la responsabilidad de gobernar Cartagena. Durante su mandato, estos servidores públicos hicieron prevalecer los intereses de determinadas mercantiles por encima de los intereses comunes de la ciudadanía. Una complacencia que se agravaba aún más con la permisividad adoptada al permitir fijar las tarifas del agua sin aportación municipal alguna.
La decepción, no obstante, es sensiblemente superior con aquellos otros grupos políticos que enarbolan la bandera de la búsqueda del interés común, el fomento de la política social y el trabajo desinteresado por el vecino. Una vez más, queda demostrado que una cosa es el sustantivo y otra muy distinta el verbo; no es lo mismo defender un discurso que predicar con el ejemplo.
Hoy, se trataba de hacer ver a la empresa que los escritos de MC y CTSSP están sin resolver y que la prórroga de 25 años concedida en 2003 y que entraría en vigor en 2017 podría resultar anulada.
MC no entiende el interés por alejar el foco de interés en el objetivo descrito con la presentación de una moción que solicita que se siga haciendo lo que ya se hace. Reiteramos nuestro compromiso con la sociedad cartagenera, manteniendo una línea coherente que evidencia que no es necesario seguir haciendo el juego a las concesionarias municipales, pues no servimos a ellos sino a los cartageneros.
Una vez más nos vemos obligados a lamentar la actitud de los partidos tradicionales por seguir girando su mirada al empresario y su beneficio, pasando por alto los intereses de los cartageneros que depositaron su confianza en ellos, vecinos que tienen que padecer la falta de lealtad y valentía de los hacen llamarse representantes públicos. Hoy, han vuelto a fallar a Cartagena. Ojalá fuera la última vez", señala MC en un largo comunicado.