LORCA.- La Plataforma 'Stop Cebaderos junto a viviendas' ha presentado
formalmente un documento con sus aportaciones para que sean estudiadas
por la comisión especial que trata la armonización de los usos
residenciales y ganaderos del suelo en el término municipal de Lorca.
Respecto
a las prescripciones técnicas propuestas por la Concejalía de
Urbanismo, la plataforma asume todas las medidas correctoras que
contribuyan a paliar los efectos perniciosos causados sobre el Medio
Ambiente por las explotaciones de porcino.
También suscribe mantener el
improrrogable plazo de 15 años fijado en el proceso de legalización de
granjas porcinas, para su desmantelamiento al acabar este periodo
transitorio.
Y acepta la elaboración de una Ordenanza del sector que
recoja las condiciones y requisitos exigibles a explotaciones existentes
que generan malestar por malos olores, siempre y cuando respete los
derechos constituciones a la protección de la salud (art.43CE) y a un
medio ambiente adecuado (art. 45 CE), ya que en ambos subyace el derecho
de los ciudadanos a gozar de una calidad de vida que sea coherente con
la dignidad de la persona, derecho fundamental reconocido en el artículo
10 de la Carta Magna.
La Plataforma, sin embargo, se manifiesta
en contra del aumento de la distancia, de 5 a 15 metros, entre los
límites de edificaciones y balsas de purines con las parcelas de uso
residencial,que considera "manifiestamente insuficiente", según la
portavoz de este colectivo, Concepción Bravo.
Al respectó, opinó
que esta medida "no resuelve el problema" y contraviene el artículo 8
del Convenio Europeo de Derechos Humanos ["Toda persona tiene derecho al
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia"] que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconoce
en su Sentencia de 9 de diciembre de 1994, y que sienta precedentes en
materia medioambiental.
En ese sentido, recordó al Ayuntamiento su
obligación de proteger a los individuos cuando éstos se ven afectados en
sus derechos. "Creemos, como defiende el TEDH, que el consistorio es un
actor público garante de los intereses de los administrados y que está
obligado a mantener un justo equilibrio entre el interés económico
empresarial y el derecho de los ciudadanos al disfrute efectivo de su
domicilio y su vida privada y familiar.
Respecto a las propuestas
aportadas por los grupos municipales, Bravo explicó que la plataforma
está de acuerdo con todas las planteadas por IU-Verdes y que incluyen
que el Ayuntamiento proceda a la reelaboración de la relación de los
núcleos rurales existentes en el término municipal, de manera que se
ajuste a la realidad social y urbanística, atendiendo a lo dispuesto en
la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística
de la Región de Murcia. En su defecto, también asumirían la propuesta
del Grupo Municipal Socialista acerca de que "se tengan en cuenta
aquellas concentraciones de viviendas que, sin estar calificadas como
núcleo o suelo urbano, presenten un grado de consolidación importante en
cuanto a número de viviendas por hectárea, implantación de servicios
urbanísticos o grado de ocupación de las viviendas como residencia
habitual".
La Plataforma e IU-Verdes también coinciden en señalar
los 1.000 metros como la distancia óptima entre viviendas y
explotaciones ganaderas(excepto las de carácter doméstico). Bravo
explicó que el artículo 148.3 del PGOM de Lorca establece esa misma
distancia para los núcleos de pedanías y el suelo urbanizable
sectorizado de La Paca, Purias, y el núcleo de Casas de Don Gonzalo. "No
debería caber distinción alguna entre lo no permitido en las distintas
zonas rurales de Lorca cuando lo que está en juego son derechos que
deben ser protegidos por las administraciones públicas indistintamente
del lugar de domicilio del ciudadano", aseguró. Además, esta distancia
es la vigente en otras comunidades autónomas, que afecta a municipios de
"mucho menor extensión que el de Lorca".
Por último, Concepción
Bravo volvió a reiterar que la Plataforma "no está en contra del sector
ganadero" y que, únicamente, actúa en defensa de derechos fundamentales
"que deben primar sobre los intereses económicos".
"Entendemos que es
una cuestión difícil de regular, pero no imposible. Comprendemos que
resulte complicado plantear a los ganaderos que trasladen sus
explotaciones fuera de los núcleos de población, porque conlleva un
esfuerzo económico importante" dijo Bravo, quien añadió que "el
Ayuntamiento tiene la responsabilidad de abordar con valentía una nueva
ordenación que armonice la actividad ganadera con los derechos
constitucionales de los ciudadanos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario