MADRID.- Más de un centenar de internos fugados, la mayor parte de
ellos en Murcia (81), y varios motines ocurridos en los últimos meses
han vuelto a cuestionar el funcionamiento de los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) y han reabierto el debate sobre la
eficacia e idoneidad de estos lugares.
En 2015, según los datos del
Ministerio del Interior, 6.930 internos pasaron por alguno de los siete
centros repartidos por España, de los que cuatro de cada diez son
expulsados del país tras permanecer un tiempo medio en esas dependencias
de 24,4 días.
Un CIE es un centro público no penitenciario donde se
retiene, privados de libertad y de manera cautelar y preventiva durante
un máximo de 60 días, a los extranjeros que llegan a España en situación
irregular y se ven sometidos a un expediente de expulsión.
Interior defiende que los CIE son eficaces y necesarios,
pero el ministro, Juan Ignacio Zoido, ha admitido que «pueden y deben
mejorar», por lo que ha anunciado que impulsará la creación de un grupo
de trabajo integrado por distintos ministerios, ONG y partidos para
diseñar otro modelo.
El grueso del catálogo de quejas llega desde las ONG y los
partidos de la oposición, hasta del Defensor del Pueblo y de alguno de
los jueces de control de estos centros, como Ramiro García de Dios. La
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, cuestiona las condiciones de
estos centros, sobre los que afirma que existen «muchas deficiencias», y
reclama al Gobierno que habilite más presupuesto para mejorar sus
instalaciones, así como una «mayor cobertura sanitaria». Becerril, quien
se reunió recientemente con el ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, para trasladarle sus peticiones, sostiene que la sobrepoblación
es el principal problema de los CIE, en los que se mezcla a personas en
situación irregular pero sin historial delictivo con otras que sí lo
tienen.
Más lejos aún va el juez García de Dios, quien directamente
pide el cierre de estos centros de «sufrimiento y espacios de opacidad e
impunidad policial». Él, precisamente, es el juez de control del centro
que más incidentes ha registrado en el último año, el del distrito
madrileño de Aluche, donde se produjo una fuga, varios motines y huelgas
de hambre en octubre y noviembre.
«Somos solo cinco o siete por turno para unos cien internos,
y no llevamos armas ni chalecos», alertó un funcionario del CIE de
Aluche tras un motín en octubre. En su opinión, así es imposible
garantizar la seguridad y evitar «una tragedia».
Otros centros también han dado que hablar. El de Zona Franca
de Barcelona, que abrió sus puertas en julio tras más de medio año de
cierre pese a la oposición de la alcaldesa, Ada Colau, o el de Sangonera
la Verde, en Murcia, donde se han registrado fugas y motines, con
agresiones a los policías. A ello hay que sumar los problemas ocurridos
en el resto de centros que hay en España: Valencia, Tenerife, Las Palmas
y Algeciras (Cádiz), que es el que más internos acoge, hasta el punto
de que tiene un anexo en Tarifa.
El Partido Popular ha sido el único grupo en el Congreso de
los Diputados que ha mantenido que estos centros ofrecen un trato
«apropiado» y que no se vulneran los derechos humanos y ha defendido su
papel en el desarrollo efectivo de políticas para el retorno de los
inmigrantes, haciendo así caso omiso de las propuestas aprobadas en los
ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia que exigían su cierre.
Mientras, el resto de partidos en la oposición plantean la
necesidad de cambiar el modelo actual, como es el caso del PSOE, que
incluyó en el programa presentado durante las últimas elecciones la
propuesta de «modificar» el reglamento que rige su funcionamiento.
Unidos Podemos, entre sus propuestas para la inmigración,
exige la clausura de estos centros y la agilización de los procesos para
la concesión de asilo como alternativa.
A su vez, Ciudadanos reclama una política unificada con la
Unión Europea en la que la agencia Frontex asuma el control de la
inmigración para todos los países comunitarios.
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