MURCIA.- El fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz
Manzanera, denunció este viernes la "aparente y clara descoordinación"
que existe sobre el maltrato animal y abogó por una labor formativa que
se extienda a todas las partes intervinientes.
Así lo manifestó momentos antes de presidir la reunión, que
él mismo convocó y que repetirá una o dos veces al año, pionera en
España, en la que se dieron cita, además de la Fiscalía, la Dirección
General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente; la Facultad de Veterinaria de la
UMU; el Colegio de Veterinarios de Murcia; la Federación de Municipios
de la Región de Murcia; y el Seprona de la Guardia Civil y Policía
Judicial de Policía Nacional.
Lo que se pretende, dijo, es "coordinar los organismos e
instituciones que se encargan de la persecución vía administrativa y
penal del maltrato animal".
"Hay una descoordinación a nivel de veterinarios, consejería
y me extraña que la cantidad de asuntos que se producen en la Región al
cabo del año lleguen muy pocos al ámbito judicial", afirmó Díaz
Manzanera.
En 2015, puntualizó, "hay dos sentencias, dos escritos de
acusación y dos querellas de Fiscalía, pero es un bagaje muy pobre para
los asuntos que se están produciendo en esta Región".
A modo de ejemplo, explicó que en ocasiones son conocedores
de estos temas por lo que aparece en los medios de comunicación. Y es
que, subrayó, "no es admisible que ese asunto se omita vía penal" cuando
incluso se ampliaron los tipos delictivos.
El propósito de estas reuniones, cuya intención desde la
Fiscalía es que posteriormente se puedan incorporar las protectoras de
animales y los colectivos, es "hacer una labor de formación para todos
porque hay una falta de conocimiento de en qué consiste la normativa
penal y qué casos hay que llevarlos a la vía penal".
Desde la Fiscalía y la Comunidad coincidieron en señalar que
no tanto se ha producido un aumento de los casos de maltrato y
denuncias, como sí se ha producido una mayor sensibilidad a la hora de
denunciar.
De hecho, el tema fue de tal magnitud en este sentido que
"la protección de los animales casi se ha equiparado a la protección de
las personas físicas", confesó el fiscal, quien advirtió de que en
aquellos casos graves "se pueden pedir incluso más de tres años de
cárcel, lo que supondría su ingreso en prisión".
Por su parte, la directora general de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuicultura, Dori Morales, resaltó la necesidad de
que se ponga en marcha la ley de protección y defensa de los animales de
compañía que modifique la ley en vigor 10/1990 y que permita actuar,
junto con la reciente reforma del Código Penal, "de forma más ágil y
eficaz".
Al tiempo que se profundice en las medidas educativas y de
concienciación social con la finalidad de "erradicar comportamientos
incívicos, imponiendo sanciones más duras para el maltrato y abandono de
los animales de compañía".
Esta reunión de coordinación "se suma a las que se vienen
llevando a cabo entre los distintos centros directivos de la Comunidad
con competencias en protección y sanidad animal, salud pública y medio
ambiente", comentó la directora general.
Morales recordó que "en la Asamblea se está avanzando en una
Proposición de Ley de Protección y Defensa de los animales de compañía,
que ha sido elaborada con las aportaciones de entidades de protección,
adiestradores, Federación de Municipios y Colegio de Veterinarios, entre
otros, y que tras su debate y aprobación dotará al Ejecutivo regional
de una norma avanzada acorde con la demanda y exigencia de la sociedad".
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