MADRID.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho en
el Congreso que la cuantía del "rescate" de las autopistas en quiebra
derivada de la responsabilidad patrimonial de administración (RPA)
tendrá que fijarse con posterioridad a su proceso de liquidación que,
además, seguramente será objeto de litigio.
Ha explicado en la Comisión de Fomento del Congreso que es
difícil de calcular en estos momentos por este motivo y por la propia
complejidad de la elaboración de la RPA el importe que tendrá que abonar
el Gobierno a las actuales concesionarias por la inversión realizada en
su construcción.
El portavoz del PSOE para los asuntos de Fomento e
Infraestructuras, César Ramos, en su turno de preguntas ha cuantificado
en 5.000 millones de euros el coste de la RPA y ha comentado al respecto
que "como mínimo es para indignarse".
Ramos le ha pedido al ministro que, en este asunto, no haga corresponsable al PSOE.
El titular de Fomento ha reiterado que la liquidación de las
autopistas en quiebra es un proceso al margen de cualquier decisión de
carácter político y ha recalcado que será "francamente complicado"
alcanzar un pacto con los acreedores.
Las ocho concesiones de autopistas que van hacia la
liquidación son la Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y M-12
Eje Aeropuerto, así como las radiales R-2, R-3 y R-5 de Madrid.
La Administración del Estado se hará cargo el próximo
primero de julio de la gestión de las radiales R-3 y R-5, según los
planes de liquidación presentados por los administradores concursales,
mientras que en el resto el plazo dependerá del proceso judicial de cada
una de ellas, ha agregado.
Para evitar situaciones similares en el futuro, el ministro
ha anunciado que se establecerán medidas para reducir el impacto en las
arcas públicas de rescates de concesiones de infraestructuras, entre
ellas, un cambio en el actual reparto de riesgos entre la empresa
concesionaria y el Estado.
Se trata de crear nuevos instrumentos normativos que
permitan que las situaciones de falta de rentabilidad o desequilibrio
económico-financiero de las concesiones "repercutan lo menos posible al
Estado y al conjunto de los ciudadanos", ha añadido.
El ministro ha subrayado que una de las apuestas "más
importantes" de su departamento en esta legislatura será la de alcanzar
un "gran pacto nacional" por las infraestructuras y el transporte, lo
que ocurrirá antes del primer semestre de 2017.
Ha detallado que el mencionado pacto abarcará los ámbitos
político, social y económico "que concrete la red de transportes del
país".
En lo referente al transporte ferroviario, el ministro de
Fomento ha confirmado su intención de "impulsar la creación" de un nuevo
holding entre Renfe y Adif, con el objetivo, ha dicho, de "preparar la
liberalización del sector".
No obstante, el ministro ha recalcado que "no hay una
decisión tomada" al respecto de la fusión de Renfe y Adif, como tampoco
en una posible ampliación de la participación privada en Aena, el gestor
aeroportuario cuya titularidad corresponde en un 51 % al Estado.
Otra de las medidas que abordará su departamento, en este
caso antes del próximo 1 de marzo, es la aprobación del Documento de
Regulación Aeroportuaria (DORA) y la culminación del debate sobre la
reducción de las tasas en los aeropuertos.
Para avanzar en la aprobación del DORA -documento que
incluye un plan tarifario quinquenal para los aeropuertos-, el ministro
ha informado de que en las próximas semanas va a convocar a los comités
de coordinación aeroportuaria, para que Anea presente su propuesta.
En este asunto, el Gobierno ha aclarado que el actual
informe sobre las tasas aeroportuarias ha sido elaborado por Aena, en
tanto que la posición del Gobierno se conocerá tras el paso del
documento por los comités de coordinación aeroportuaria.
Fomento, asimismo, tiene previsto destinar 550 millones de
euros hasta el año 2021 a proyectos de mejora de la conectividad
terrestre, viaria y ferroviaria, con los puertos.
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