martes, 20 de diciembre de 2016

El rescate de las autopistas en quiebra costará 50 euros a cada español

MADRID.- El fracasado desarrollo de autopistas de peaje en España se va a saldar con una nueva factura para el Estado que el Ministerio de Fomento estima en un máximo de 2.100 millones de euros, según aseguran a El Mundo fuentes gubernamentales. 

Este coste de nacionalizar una decena de autopistas de peaje equivale a 50 euros por ciudadano y, si el Gobierno no lo remedia, supone el 45% de los ingresos extra que prevé recaudar este año con la subida de impuestos. En el Ejecutivo desmienten que el coste vaya a ser superior a los 5.000 millones como el esgrimido por la asociación de grandes constructoras Seopan y lo limitan a los mencionados 2.100 millones, aunque el objetivo del Ejecutivo es doble. Por un lado, intentar evitarlo o reducirlo con un acuerdo en los próximos meses con los concesionarios y acreedores. Por otro, buscar fórmulas para que, en caso de rescate inevitable, no compute en el déficit del Estado de este año para no comprometer el compromiso con la Unión Europea.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha negado a calificar de rescate esta operación, porque técnicamente no lo es. No es una decisión discrecional como en el caso del rescate bancario para evitar males mayores, sino que es una exigencia legal de Responsabilidad Patrimonial de la Administración al haberse comprometido a ello en su momento si quebraban las sociedades a las que concedió la explotación del servicio. Fuentes oficiales del Ministerio de Fomento sostienen que, además, es «prematuro» fijar una cifra definitiva. «El procedimiento para determinar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración es complejo, dado que se deben tener en consideración distintos aspectos como las inversiones realizadas en expropiaciones, obras y bienes adquiridos», señalan.

600 millones de euros
El Gobierno socialista concedió ayudas públicas de 600 millones de euros durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según un informe oficial de Fomento, los ministros Magdalena Álvarez y José Blanco otorgaron entre 2008 y 2011 un total de 483 millones a través de los llamados préstamos participativos, que financiaban sobrecostes de expropiaciones. También comprometieron 80 millones adicionales a través de la llamada Cuenta de Compensación para amortiguar la caída del tráfico. Además, en paralelo, autorizaron «subidas de tarifas de peaje e incrementos de plazos concesionales aprobados». Con todo ello se ganó tiempo pero no se solucionó el problema de fondo.
Las autopistas de peaje que se encuentran actualmente en liquidación o quebradas son las cuatro radiales de Madrid: la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la M-12 Eje Aeropuerto.
El mandato judicial consiste en que antes del próximo mes de julio Fomento deberá asumir ya dos de ellas, las R-3 y R-5 de Madrid. Esta carrera de quiebras no sólo debe a la caída del tráfico desde el estallido de la crisis, que ha llegado a ser un 50% inferior al previsto.
Ha habido un cúmulo de errores de planificación durante, principalmente, los años 1998 a 2004 -siendo presidente del Gobierno, José María Aznar, y en tiempos de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento- que han pasado ahora factura. Las principales constructoras se convirtieron en accionistas, creyendo que obtendrían un negocio seguro por doble vía: los ingresos de la autopista y su propia construcción; y los bancos y cajas de ahorros también entraron como accionistas para asegurarse el negocio financiero.

Planes económico-financieros
Los erróneos planes económico-financieros de las diferentes concesiones -principalmente los de autopistas de peaje paralelas a las gratuitas- unidos a los sobrecostes de expropiaciones y los modificados de obra han minado la solvencia de las concesonarias.
«Solo entran en las de peaje los que se equivocan», ironiza habitualmente la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, que intentó en vano en sus tres últimos años en el cargo un acuerdo con concesionarias, acreedores y constructoras para que cedieran gratis las autopistas con quitas del 50% en la deuda acumulada superior a los 5.000 millones.
El intento de acuerdo se complicó por desavenencias internas en el propio Gobierno entre Fomento, Hacienda y el Ministerio de Economía. Además entre tanto se ha dificultado la interlocución, porque el Santander, BBVA, CaixaBank y resto de acreedores se han ido desprendiendo de su deuda vendiéndola con descuento a fondos buitre. En el entorno de la ex ministra aseguran que también se abre una oportunidad porque los fondos buitre han comprado la deuda con tanto descuento que incluso con una quita ganarían dinero. Pastor cree que se ha interpretado mal lo que dijo en 2013 de que el rescate de las autopistas no costaría un euro al contribuyente, porque lo dijo en su momento "en el entendido de que hubiera acuerdo, no de que quebraran las autopistas", aseguran en su entorno.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, se ha quejado por su parte desde 2014 en la falta de agilidad del Ministerio de Fomento para resolver este problema permitiendo que las autopistas fueran entrando paulatinamente en quiebra. Éste incide en que uno de los factores del declive fue el coste de las expropiaciones previsto en 400 millones y que terminó llegando a 2.200 millones.

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