El PP ha fijado su congreso nacional para mediados de febrero, lo que significa que el regional debiera caer por marzo o primeros de abril. Esto en buena lógica y según tradición. En un partido tan previsible, todo se desarrolla de un tirón, casi por decreto, pues está liberado de los inconvenientes que acarrea la democracia interna.
Estas fechas son, sobre el papel, el último tope para Pedro Antonio Sánchez. Ante la ocasión de convertirse de facto en algo que ya lo es sin título formal, presidente regional del PP, precisa disponer de un futuro despejado de incertidumbres judiciales. En la fase política que hemos dejado atrás, el gran riesgo para él consistía en que alguno de los dos casos que pueden perturbar su futuro (Púnica y Auditorio) concluyera en imputación durante procesos delicados como las elecciones generales o la fase de negociaciones previas para la investidura de Rajoy. En el Gobierno contuvieron la respiración durante esos tramos a la espera de que transcurrieran sin que fueran asaltados por sorpresas desde el tercer poder. Y así fue contra pronóstico, al menos en lo relativo a Púnica.
Pero ahora el calendario avanza hacia los congresos del partido, y lo urgente para las necesidades políticas de la estabilización del PP regional es que los ´casos PAS´ se resuelvan cuanto antes. No estaría bien visto que los dos ponentes murcianos en el congreso nacional, Sánchez y Valcárcel, se vieran interferidos por la activación, en las fechas previas, de las actuaciones judiciales que los acosan (el letárgico Novo Carthago en el caso del expresidente). Pero Valcárcel está de salida, es decir, replegado en su asiento dorado en Bruselas siempre que un mal paso de Sánchez no le dé la oportunidad de pugnar por su nueva preferida, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández. Sánchez es quien más tendría que perder si en los nuevos momentos clave se le cruzaran los autos judiciales. Es claro que el presidente desearía liquidar sus casos entre diciembre y enero. Siempre, claro, que pueda liberarse de ellos, pues la ruta congresual de 2017 no tendría sentido si cae por el camino, circunstancia que no contempla en modo alguno.
Los ponentes tienen un protagonismo escaso en los congresos populares, pues da igual lo que elaboren; siempre es papel mojado, y en el PP no se distinguen por atender a sus documentos, sino a las improvisaciones de coyuntura. Pero lo que queda es el señalamiento, el privilegio de haber sido distinguido, lo cual se vende como influencia política. Sin embargo, unos ponentes imputados, en la actual situación, no sería la mejor imagen para la reactivación del PP, así que mejor que todo quede resuelto de antemano. Aun si la Justicia permaneciera en silencio hasta febrero (0tra vez a contener la respiración) resultaría suicida adentrarse de inmediato en el congreso regional con el riesgo de que tras él, al poco, pudiera quedar todo desbaratado por resoluciones judiciales de banquillo.
Es verdad que tampoco vendrían bien las posibles resoluciones imputacionales en la fase de debate sobre los presupuestos autonómicos, en la que estamos a punto de entrar, pues basta recordar la que se montó el año pasado con la imputación de la entonces alcaldesa popular de Torre Pacheco, que evitó la aprobación por Ciudadanos del techo de gasto. Por tanto, cuánto más influiría ahora la imputación del propio presidente. O no, porque Ciudadanos ya ciudadanea. Pero en cualquier caso, el futuro se decide a partir de febrero, y ahora lo que interesa al Gobierno es que la Justicia proclame con urgencia su veredicto. Y así saber definitivamente a qué atenerse.
Estas fechas son, sobre el papel, el último tope para Pedro Antonio Sánchez. Ante la ocasión de convertirse de facto en algo que ya lo es sin título formal, presidente regional del PP, precisa disponer de un futuro despejado de incertidumbres judiciales. En la fase política que hemos dejado atrás, el gran riesgo para él consistía en que alguno de los dos casos que pueden perturbar su futuro (Púnica y Auditorio) concluyera en imputación durante procesos delicados como las elecciones generales o la fase de negociaciones previas para la investidura de Rajoy. En el Gobierno contuvieron la respiración durante esos tramos a la espera de que transcurrieran sin que fueran asaltados por sorpresas desde el tercer poder. Y así fue contra pronóstico, al menos en lo relativo a Púnica.
Pero ahora el calendario avanza hacia los congresos del partido, y lo urgente para las necesidades políticas de la estabilización del PP regional es que los ´casos PAS´ se resuelvan cuanto antes. No estaría bien visto que los dos ponentes murcianos en el congreso nacional, Sánchez y Valcárcel, se vieran interferidos por la activación, en las fechas previas, de las actuaciones judiciales que los acosan (el letárgico Novo Carthago en el caso del expresidente). Pero Valcárcel está de salida, es decir, replegado en su asiento dorado en Bruselas siempre que un mal paso de Sánchez no le dé la oportunidad de pugnar por su nueva preferida, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández. Sánchez es quien más tendría que perder si en los nuevos momentos clave se le cruzaran los autos judiciales. Es claro que el presidente desearía liquidar sus casos entre diciembre y enero. Siempre, claro, que pueda liberarse de ellos, pues la ruta congresual de 2017 no tendría sentido si cae por el camino, circunstancia que no contempla en modo alguno.
Los ponentes tienen un protagonismo escaso en los congresos populares, pues da igual lo que elaboren; siempre es papel mojado, y en el PP no se distinguen por atender a sus documentos, sino a las improvisaciones de coyuntura. Pero lo que queda es el señalamiento, el privilegio de haber sido distinguido, lo cual se vende como influencia política. Sin embargo, unos ponentes imputados, en la actual situación, no sería la mejor imagen para la reactivación del PP, así que mejor que todo quede resuelto de antemano. Aun si la Justicia permaneciera en silencio hasta febrero (0tra vez a contener la respiración) resultaría suicida adentrarse de inmediato en el congreso regional con el riesgo de que tras él, al poco, pudiera quedar todo desbaratado por resoluciones judiciales de banquillo.
Es verdad que tampoco vendrían bien las posibles resoluciones imputacionales en la fase de debate sobre los presupuestos autonómicos, en la que estamos a punto de entrar, pues basta recordar la que se montó el año pasado con la imputación de la entonces alcaldesa popular de Torre Pacheco, que evitó la aprobación por Ciudadanos del techo de gasto. Por tanto, cuánto más influiría ahora la imputación del propio presidente. O no, porque Ciudadanos ya ciudadanea. Pero en cualquier caso, el futuro se decide a partir de febrero, y ahora lo que interesa al Gobierno es que la Justicia proclame con urgencia su veredicto. Y así saber definitivamente a qué atenerse.
(*) Columnista
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