El desplante final de Aznar presagia
tormenta. Primero desvinculó la FAES del PP y la convirtió en baluarte
privado de la ideología neoliberal, confiado en las aportaciones
voluntarias de sus clientes naturales, los del dinero. Luego se
desvincula él mismo de los deberes patrios de partido. El paso siguiente
es alzar bandera con un programa de restauración de los recios valores
de la ultraderecha, sobre todo en cuanto a Cataluña, pero también en
cuanto a otras blandenguerías de Rajoy y demás gentes de la derecha
vergonzante. Una nueva reacción de la "derecha sin complejos" a la que
seguramente se adherirá Aguirre. O sea, un programa de un partido nuevo,
de extrema derecha. Se acabó aquello de decir que en España la extrema
derecha estaba en el PP. Ahora está en contra del PP.
Los
ex-presidentes de gobierno tienen destinos muy distintos. Dejando
aparte los dos primeros, ya fallecidos, González se ha convertido en una
especie de Kurtz, de Conrad; Aznar, en un guerrero integrista atlántico
que anda, como siempre, batallando; Zapatero, aún indeciso, parece
decantarse por conjuras del casino.
Esa
pulsión batalladora de Aznar en defensa de los valores occidentales
impregna la trayectoria entera del personaje. Su presencia constante,
sobre todo en momentos de crisis, con discursos intransigentes,
recriminatorios y hasta amenazadores, le han fabricado una mala imagen y
fama de agresividad. Eso pueden ser handicaps o ventajas, según se
configure el proceso político en el próximo futuro.
En
España está articulándose un discurso autoritario en consonancia con el
recrudecimiento de la extrema derecha estilo Trump o Le Pen. Pero en
disonancia en un aspecto esencial, el de la xenofobia. Para la derecha
española el peligro no viene de fuera sino de dentro. El enemigo no es
exterior sino interior. Y lo que se exige es mano dura, represión de
toda desobediencia, inhabilitacion, suspensión, estado de excepción si
es necesario.
Es
obvio, sin embargo y da un poco repelús decirlo, que nadie en sus
cabales cimenta el orden normal en la situación de excepción. Hoy, como
en tiempos de Locke, el único gobierno legítimo es el gobierno por
consentimiento. Si hay que imponer el consentimiento, la legitimidad se
esfuma.
La
división de la derecha reproduce en cierto modo la de la izquierda: dos
extremas y dos más "moderadas" pero, en definitiva, muestra la
incapacidad de los partidos para afrontar la situación real del país.
Esta solo puede afrontarse ya en un encuentro multilateral con presencia
de todos los intereses territoriales en igualdad de condiciones. Una
situación que la derecha ni la izquierda españolas podrán jamás aceptar.
Razón por la cual el conflicto no tiene solución, salvo que haya algún
tipo de mediación internacional.
El diálogo agresivo
El
gobierno de la derecha continúa considerando la llamada “cuestión
catalana” como un asunto de orden público. La abogacía del Estado
pretende procesar a la mesa del Parlamento catalán, concretamente a los
miembros que secundaron la decisión de la presidenta Forcadell por la
que esta ya ha comparecido ante el TSJC. Las decisiones políticas se
entienden en clave penal y a las iniciativas de las instituciones
catalanas se responde enviando a los guardias. Ánimo de entendimiento:
cero.
A
todo esto, el gobierno anuncia estreno de nuevo talante dialogante con
Cataluña, sin que haya dato alguno que explique por qué quiere ahora lo
que lleva cuatro años negándose a hacer: dialogar, negociar. Se trata de
una medida táctica, propagandística, sin ningún crédito y, si lo
tuviera, ya está ahí Aznar afirmando desde la FAES que todo diálogo con
el independentismo es una traición al ser mismo de España. La derecha
neofranquista sigue fiel al legado de su caudillo.
Los
nacionalistas españoles de todos los matices hacen ver que las dos vías
de actuación del Estado en Cataluña no son contradictorias, sino un
ejemplo actualizado del palo y la zanahoria. El palo: el gobierno no
está autorizado a dialogar ni negociar nada con quienes quieren partir
España. Al contrario, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la
ley, porque la ley es igual para todos, cosa de Estado y no de mero
gobierno. La zanahoria: siempre que se cumpla la ley, el gobierno será
benevolente y dialogará si bien debe quedar claro desde el principio que
no lo hará sobre el referéndum. Es decir, la zanahoria no tiene raíz ni
hojas; no existe. Si no se puede dialogar sobre el punto de
discrepancia sobre el que se ha de dialogar, ¿en dónde está el diálogo?
El
mantenimiento e intensificación de la acción represiva del gobierno con
o sin gestos de búsqueda de un terreno común demuestran que el
independentismo debe mantener los compromisos de su hoja de ruta si
quiere vislumbrar su meta. A medida que la ruta avance se multiplicarán
los obstáculos de todo tipo (políticos, jurídicos, mediáticos, de guerra
sucia, de conflictividad institucional, amenaza y extorsión) que
dificultarán el trayecto. Para superar las turbulencias, la experiencia
muestra que es básico mantener la unidad del bloque independentista. En
ese sentido, las relaciones entre la CUP y JxS son esenciales para el
mantenimiento de la trayectoria. En principio, lo habitual será que se
diga que, cualesquiera diferencias que pueda haber entre sus sectores,
deben pasar a segundo plano en pro de la unidad de acción.
Pero
en política nada es permanente, rígido, sempiterno. Obviamente la
unidad es un bien en sí mismo, pero no a cualquier precio. Si la
conservación de la unidad se hace a expensas de que las fuerzas que las
componen tengan que abandonar sus objetivos e incurrir en crisis
internas, quizá no sea muy inteligente perseverar en ella. Y esto vale
para todos los sectores implicados. Poner los intereses generales por
encima de los de partido, grupo o fracción es propósito general, pero no
siempre puede conseguirse. A veces, los conflictos de valores no dejan
lugar a entendimiento alguno.
Frente
a la intensificación de la acción represiva del Estado y las
dificultades que puedan plantearse en el seno del independentismo, el
gobierno de la Generalitat tiene un recurso que, por supuesto, abrirá
una serie de imponderables: las elecciones anticipadas. Todo depende de
hasta dónde esté el Estado dispuesto a llevar su acción represiva y el
elemento coactivo. Si, al final, no es posible celebrar el referéndum
por causa de fuerza mayor, la opción de elecciones anticipadas parece la
substitución lógica. Pero habrá que ver antes en qué términos quedan
las cosas, después de esa intervención coactiva del Estado y qué notas
tenga. Y, sobre todo, cómo quedará el panorama político catalán, el más
variable de todo el Estado y en el que se anuncia la acción de un nuevo
partido, un país en común, que puede variar el equilibrio de fuera.
Pero,
al mismo tiempo, también cobra sentido otra posibilidad que, desde
luego, incrementaría notablemente la incertidumbre pero mantendría la
iniciativa en el campo independentista. De no poder realizar el
referéndum, en lugar de convocar elecciones anticipadas que solo
servirían para prolongar la situación actual, la Generalitat podría
proponer al Parlamento la votación de una DUI, siempre y cuando las
relaciones entre ambas partes del bloque independentista lo permitieran.
La situación política se clarificaría, la “cuestión catalana” se
internacionalizaría y el Estado vería muy reducidas sus posibilidades de
actuación, viéndose obligado por fin a tomar una decisión para la que
no tiene margen en el orden internacional y que, en el nacional,
probablemente le obligara a su vez a convocar nuevas elecciones.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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