MURCIA.- La dirección regional de Izquierda Unida-Verdes ha salido hoy al paso
de la cifra que limita por arriba el gasto público en la Región de
Murcia, fijada en 4258 millones de euros para 2017, y que tendrá su
reflejo en los Presupuestos Generales de CARM, cuya Ley empezará a
tramitarse en la Asamblea Regional en los próximos días.
Para IU-Verdes, esa cifra, que otro año más constreñirá los
presupuestos y la inversión social en la Región de Murcia, es producto
de dos pactos entre PP y PSOE. El primero y más importante es aquel que
les llevó a modificar en 2011 el texto de la Constitución Española de
1978 para garantizar, por encima de las necesidades sociales del país,
el pago de la deuda a la banca alemana, y del que traería causa la
posterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
El segundo acuerdo, más reciente, se sitúa en el contexto del apoyo
que el PSOE está dando al PP desde la investidura de Rajoy como
presidente y el desbloqueo del objetivo de déficit para las
administraciones públicas fijado definitivamente para el próximo año en
el 0,6% del PIB. Una décima más de lo inicialmente previsto por el
Gobierno del PP que, para IU-Verdes, en muy poco va a ayudar a paliar el
tremendo desastre que la crisis económica y las políticas restrictivas
de la economía han provocado en las políticas públicas sociales de todas
las comunidades autónomas, incluida la nuestra.
IU-Verdes considera esa cifra es totalmente insuficiente para
compensar la pérdida continuada de recursos que han experimentado desde
hace ya casi una década los servicios de salud, la educación pública en
todos sus niveles y las prestaciones sociales en la Región de Murcia,
azotada por las cifras más altas de pobreza del país.
La dirección de IU-Verdes sostiene que hay que dar un giro
copernicano al planteamiento de las cuentas y presupuestos públicos. En
una región como la nuestra, a la cola de todos los indicadores sociales,
lo lógico sería diagnosticar y cuantificar las necesidades sociales,
educativas, sanitarias, etc., y establecerlas como un "suelo de gasto"
que habría de financiarse públicamente mediante una fiscalidad más
progresiva que descanse en las grandes rentas y patrimonios y en el
afloramiento de la evasión fiscal y la economía sumergida. Se trata en
definitiva de cambiar la lógica del "techo de gasto" -que comparten PSOE
y PP, junto a Ciudadanos- por la lógica del "suelo del gasto".
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