miércoles, 7 de diciembre de 2016

Sigue la usurpación en el PSOE / Ramón Cotarelo *

En el PSOE está sucediendo algo insólito, algo que replantea mucho de lo convencionalmente admitido sobre los partidos y la política en general. De un lado, hace unos dos meses, se perpetró un golpe de mano contra el secretario general y su equipo que salió triunfante en su empeño de conseguir que el PSOE claudicara y permitiera un gobierno de la derecha. Según los golpistas ese gobierno quedaría rehén de la oposición al no tener mayoría absoluta.

 Hasta aquí nada que no haya pasado cientos de veces en conjuras y conspiraciones palaciegas, en luchas por el poder entre las oligarquías partidistas. Los golpistas han puesto una especie de Junta a la que llaman Gestora con la función de detentar el poder en el PSOE y prolongar la situación de incertidumbre. Quieren dar tiempo a que Susana Díaz, la inspiradora del golpe, se fabrique una imagen electoralmente aceptable haciendo olvidar sus maquinaciones e intrigas para defenestrar al secretario general con el secreto designio de ponerse en su lugar. De hecho ya va por el mundo usurpando la función y haciendo ver que es ella quien manda en la organización.

Lo verdaderamente insólito viene a continuación cuando se comprueba que, al estar el aparato y muchos de sus barones en la pomada golpista, las bases, la militancia se organizan de modo espontáneo para frustrar sus planes y devolver al PSOE su secretario general, aparte de su dignidad, perdida en la intriga del golpe del 1º vendimiario. Por lo demás, lejos de tener al gobierno como rehén, es rehén de ese mismo gobierno, al que basta con hablar de nuevas elecciones para que el PSOE enmudezca, aterrorizado.

La rebelión de las bases, algo con lo que los usurpadores de la Junta no contaban, plantea una situación inédita en Europa (en donde, generalmente, los militantes siguen fieles a sus mandatarios)  al mostrar que la democracia cala también en las formaciones políticas, al menos en algunas. La militancia no había significado mucho en el PSOE en el pasado y ahora se revela como su activo más firme y prometedor. Esa rebelión democrática tiene desconcertados a los de la junta golpista y los barones que parecen sumidos en un silencio temeroso, excepto Gullermo Fernández Vara, el auxiliar de campo de Susana Díaz que suelta doctrina de corte autoritario como corresponde a sus orígenes en Alianza Popular. 

Convencida Susana Díaz de que el mundo es de los audaces, sigue haciéndose su campaña electoral en el estilo Gran Dirigente hablando a cada vez más gente, más preparada y crítica. Es extraño que nadie le haya avisado de la negra sombra del hartazgo que se cierne sobre su  caso. Porque está bien claro en las encuestas: Pedro Sánchez triplica los apoyos de Díaz. Y más que lo hará de seguir las cosas como hasta ahora.

Los golpistas, acorralados por la movilización de las bases, tratan de postergar todo cuanto pueden, jugando con esa marrullería de tramposos, de hacer que un órgano anuncie sus actividades con un mes de anticipación o con varios, para dar la impresión de que se está actuando. Como hace el propio jefe, que sitúa el Congreso para "antes del verano", presentando así una vaguedad como una precisión. 

Al tiempo los golpistas tratan también de salvar su honor y buen nombre aduciendo que no hay alianza con el PP en modo alguno. Ciertamente, porque no es necesaria. El PSOE facilitó el gobierno de la derecha por la convicción (falsa, engañosa) de que, si se iba a unas terceras elecciones, el resultado sería una catástrofe. Eso no tiene por qué ser cierto pero lo que no deja lugar a dudas es que, si necesario era que gobernase el PP, necesario será que continúe haciéndolo. Y a ello se presta este miserable remedo de partido controlado por los golpistas. 

Lo nunca visto en el PSOE: la militancia, actuando por su cuenta requiere el control de la organización frente a unos golpistas y, al alzarse está defendiendo las normas más elementales de la democracia: diálogo, legalidad,  respeto y juego limpio. 

Café pa tós otra vez

El fallo más grave del llamado “Estado de las Autonomías” de la Constitución de 1978, cuyo aniversario se celebró ayer en España fue la generalización del régimen autonómico en condiciones de igualdad en todo el territorio español. La justificación, formulada por el entonces ministro adjunto para las Regiones, el andaluz Clavero Arévalo, fue que hubiera “café para todos”. 
 
La Constitución preveía un régimen extraordinario para Cataluña, el País Vasco y Galicia y un régimen común para el resto de los territorios, en la línea de la Constitución de 1931 y a semejanza de la vigente Constitución italiana de 1947. Pero la insistencia de Andalucía en ser tratada en igualdad de rango con las “nacionalidades históricas” (perífrasis de “nación” en el ánimo del legislador), movida por el PSOE y tácitamente aceptada por la UCD, la derecha de entonces, dio al traste con la intención del texto. Fue entonces cuando se impuso la idea de un régimen uniforme de autonomía para toda España, el “café para todos”.

De ese modo, al convertirlo en un problema de “todo el Estado”, se frustraba la pretensión original de las naciones catalana, vasca y, en menor medida, gallega de conseguir un tratamiento diferenciado en el seno del Estado español. Era una política de uniformación que todavía se quiso endurecer más con la extinta LOAPA (Ley Orgánica de Armonización de los Procesos Autonómicos), de 1982. “Armonización” era un término menos violento que la Gleichschaltung que aplicaron los nazis en Alemania pero compartía su espíritu: poner a todos al mismo nivel.

A esa doctrina igualadora, uniformadora, llamaban los glosistas, comentaristas y panegiristas de la Constitución de 1978, el “carácter federal” del Estado Autonómico. Según ellos, al haberse conseguido que las autonomías pudieran alcanzar todas el mismo máximo techo competencial, España había pasado a convertirse en una federación de hecho. No se usaba la palabra porque tenía mala fama, pero se daba la realidad.

Se trataba de una falsedad ideológica típica, como se ha demostrado posteriormente. Tanto el País Vasco como Cataluña han dado pruebas abundantes de querer mantener y agudizar su singularidad. Sobre todo Cataluña que es donde más ha avanzado la conciencia y voluntad nacionales, hasta el punto de plantear directamente la opción de la independencia. Frente a esa voluntad secesionista, parte del nacionalismo español, especialmente el PSOE y la izquierda en general, vuelve a agitar el señuelo federal.

Prueba evidente de que aquel federalismo que se decía condición material de hecho del Estado de las Autonomías era falso. El llamado “federalismo material” del Estado autonómico no lo era porque no consistía en una alianza y conjunción de territorios que estos hubieran acordado soberanamente por separado, sino de una imposición desde arriba por obra de un Estado que había decidido descentralizarse hasta cierto punto como podía y puede, y así lo hace cuando le viene en gana,, recentralizarse sin que las Comunidades Autónomas apenas puedan casi opinar.

El actual avance del independentismo catalán está generando reacciones similares a las de aquellos intentos “armonizadores” de los años ochenta. Tanto la moderación del nacionalismo vasco como la exacerbación del nacionalismo andaluz, ambos repentinos, en el fondo van dirigidos a remansar el independentismo catalán, unos por defecto y otros por exceso. Para los nacionalistas vascos carece de sentido la independencia frente a España, dado que ellos ya cuentan con un concierto que equivale a la independencia fiscal. Para los andaluces se trata de una nacionalismo “reactivo” cuyo único horizonte, como en los años ochenta, es no quedarse atrás en relación a Cataluña por más que ellos no hayan movido un dedo en estos treinta años por aumentar su autogobierno.

El terreno de la vuelta al café para todos está ya preparado: se trata de arbitrar una reforma de la Constitución que busque un nuevo “encaje de Cataluña en España”, en el entendimiento, ya claramente expuesto de nuevo en Andalucía de que ese “nuevo encaje” será también igual para todos. Porque, como dice el gobierno machaconamente: la reforma no puede romper la igualdad de las personas y las tierras de España, como si no fuera obvio que, con el Concierto vasco y el convenio navarro, esa igualdad no existe.

Cataluña no tiene nada que esperar de una reforma de la Constitución de 1978 y menos si es en un acuerdo con las demás comunidades del Estado. Cataluña solo puede llegar a un acuerdo bilateral con el Estado para la realización de un referéndum de autodeterminación en el que quede claro cuál sea el mandato de las autoridades catalanas y qué forma adoptará.



(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

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