Convocar
un referéndum desde el poder es arriesgar a perder ambos, el referéndum
y el poder. Las experiencias recientes de David Cameron y Matteo Renzi
lo acreditan sobradamente. Otro tanto podría decir el general de Gaulle
que perdió la presidencia de la República Francesa (su república) por
preguntar tras el “mayo del 68”, que cuestionó el orden republicano,
dando por supuesto que por su cara bonita ganaría la consulta de calle.
Perdió y dimitió, y acabó su carrera política el año 1969, aunque dejó
intacta la V República solo herida leve por los movimientos sociales
juveniles del 68.
En España hay experiencia sobre el experimento del referéndum durante
el franquismo, la transición y la democracia. Los resultados aquí
siempre fueron favorables al convocante, aunque alguno (Felipe González
con la OTAN) tuvo que esmerarse mucho para no perder y sufrir los
efectos secundarios. Franco convocó dos refrendos en 1947 y 1967 que
ganó sin despeinarse, como hacen las dictaduras. Suárez convocó el de la
Reforma política a finales de 1976 que ganó con holgura porque formaba
parte de la ola del cambio, y dos años después el de la Constitución por
lo mismo.
A los socialistas se les complicó la cuestión del ingreso en
la OTAN por sus propias contradicciones, pero lo sacaron por los pelos.
Aquel fue un aviso serio sobre la complicación de este tipo de consultas
en democracias libres. Y Zapatero salió bien librado el año 2005 del
referéndum sobre la Constitución Europea con apoyo del 76% y una
participación del 42%.
Con esa trayectoria se podría estimar que la sociedad española es
propicia a bendecir las iniciativas populares, los referendos, pero es
razonable pensar que se trata de una experiencia peligrosa, que hay que
afinar mucho a la hora de elegir qué se pregunta, quién pregunta y
cuándo. Sin analizar bien las tres preguntas las consultas populares
son, cuando menos inciertas, porque los preguntados pueden no responder a
la pregunta planteada sino a otras cuestiones y emociones distintas. Lo
que le pasó a de Gaulle el año 1969 o a Renzi la semana pasada, cuando
los italianos a la pregunta sobre reforma constitucional respondieron
que no les gustaba el chantaje de que si no votaban a favor, el primer
ministro dimitiría por falta de confianza. La ciudadanía respondió que
se fuera. Por preguntar mal.
En España, antes o después, vamos a ser consultados. No sé cuál será
la pregunta es bastante obvio que la Constitución de 1978 necesita, como
los aviones viejos, una “gran parada” de reforma y la cuestión de los
catalanes tiene que pasar, de una u otra forma, por una de estas temidas
consultas populares, que suelen ser bienvenidas y saludadas por la
oposición (nada que perder) y temidas por el gobierno.
El presidente Rajoy ha cerrado la puerta a la tesis de la reforma
constitucional sin previas aclaraciones sobre el alcance y los
protagonistas de la misma. Desde luego que él no quiere ser el que
propone, aunque podría aceptar acompañar a los demás en la operación. Es
consciente de que sin definir previamente: “quién propone qué y cuándo”
no hay nada que hablar.
Reformar la Constitución sin referéndum, lo que hizo Zapatero en un momento de desesperación y oportunismo (la reforma del 135 para calmar a los mercados), es ridículo y hacerlo con consulta popular requiere mucho crédito político, del que nadie dispone en estos momentos. Aunque el gobierno que fuera capaz de sacar adelante una reforma constitucional con consenso popular sería acreedor de un puesto en la historia, para bien.
(*) Periodista y politólogo
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