CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional, ha señalado que la ley impulsada
de Descentralización Administrativa por el Partido Popular aporta "más desprotección ambiental y menos
derechos para los trabajadores y el pequeño comercio. Se carga contra
ellos toda la presión de los horarios y aperturas en festivos que, en
definitiva, sólo va a beneficiar a las grandes superficies".
Giménez ha explicado que las objeciones de Podemos hacia la nueva
ley, aparte de la tramitación que ha seguido, se centran en dos
aspectos: el de liberalización de horarios comerciales y el de
tramitación ambiental de autorizaciones y licencias.
Según la diputada de Podemos, en cuanto a la liberalización de
apertura en festivos y horarios comerciales, "se abandona al pequeño
comercio y se busca el beneficio exclusivo de las grandes superficies,
que serán las que puedan competir en estas condiciones, siempre en
detrimento de los derechos laborales de sus empleados y empleadas. Estos
verán aún más difícil conciliar la vida laboral y familiar, se perpetúa
un sistema de empleos precarios, con una medida que en nada va a
mejorar la situación del comercio regional".
Por otro lado, en relación con los aspectos ambientales de la nueva
Ley, Giménez ha manifestado que "con esta ley el PP y Ciudadanos
eliminan el principio de prevención y precaución ambiental. Pasamos de
un sistema que adelantaba la protección para evitar la creación de
riesgos y perjuicios ambientales, a otro en el que se abandona la
prevención y se dice que se centrará el esfuerzo en la comprobación del
cumplimiento de la normativa a posteriori, y a la mitigación, cuando sea
posible, de los perjuicios una vez que ya se hayan causado". Según
María Giménez "si con un sistema centrado en la prevención de daños
ambientales hemos asistido a desastres como el del Mar Menor, nos aterra
pensar qué situaciones podrán crearse con la normativa que hoy han
aprobado el PP y Ciudadanos en la Asamblea".
Por tanto, como ha apuntado la parlamentaria, "hoy hemos asistido al
ilusionismo del Partido Popular en esta materia. Confunden
intencionadamente el principio de precaución ambiental con trabas
burocráticas; siendo cierto que los trámites deben simplificarse,
entendemos que el problema no es tanto la regulación legal, como la
ausencia de una adecuada estructura administrativa, convenientemente
dotada de medios técnicos, económicos y humanos", y ha añadido que
"queda mucho que hacer en la mejora de la difusión y el acceso a la
información, en la digitalización de los datos, procedimientos y
operativos de tramitación, pero también hay que introducir mejoras en la
dotación de personal para la gestión de los expedientes; hay que
diseñar procedimientos que garanticen una adecuada prevención haciéndola
compatible con unos tiempos de respuesta aceptables, como se le ha
exigido en esta misma Cámara a la consejera de Medio Ambiente en varias
ocasiones ante la liquidación de la Dirección General de Medio
Ambiente".
Por último, y en cuanto a la tramitación que ha seguido la norma
finalmente aprobada hoy, ha manifestado que "lo que empezó como una
imposición vía Decreto del Gobierno Regional, ha pasado a ser una
imposición del Grupo Popular, que con la ayuda de Ciudadanos vuelve a
practicar esa política de rodillo con la que tan a gusto se siente y que
tantos problemas ha creado a nuestra Región, aprobando una Ley que
prácticamente deroga toda la normativa ambiental preexistente sin apenas
participación ni transparencia".
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