BRUSELAS.- España y otros ocho países no
han cumplido plenamente en el plazo estipulado con la directiva europea
de créditos hipotecarios, que expiró en marzo, y tampoco han atendido al
primer aviso que se les dio al respecto el pasado mes de mayo.
Por
ello, la Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a los nueve
socios, de modo que si no actúan en el plazo de dos meses, "se les puede
llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE", tal y como recordó la
institución en un comunicado.
La directiva sobre créditos
hipotecarios, adoptada el 4 de febrero de 2014, busca "mejorar las
medidas de protección de los consumidores en toda la UE mediante la
introducción de prácticas crediticias responsables a escala europea",
según la CE.
"Es esencial mejorar la normativa hipotecaria porque fomentará la
confianza en el mercado hipotecario y aumentará las posibilidades de
elección de los consumidores", aseguró la institución.
Las
normas introducen la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN),
que busca permitir a los prestatarios comprender mejor los riesgos
inherentes a su contrato hipotecario; medidas para evaluar la solvencia
de los solicitantes de una hipoteca; y principios para autorizar y
registrar a los intermediarios de crédito.
Los países afectados, más allá de España, son Croacia, Chipre, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Suecia.
Además,
la Comisión ha instado hoy a España, Irlanda, Portugal, Letonia y
Rumanía a que adapten su legislación a los requisitos de transparencia
en los mercados regulados que marcan las normas europeas.
De
nuevo, Bruselas avisa de que si no reaccionan en el plazo de dos meses,
podría llevarles ante las Cortes comunitarias, dado que estos cinco
países no han reaccionado después de recibir un primer toque de atención
de la Comisión en enero.
Todos los Estados miembros europeos hace
un año que tenían que haber incorporado a sus legislaciones los citados
requisitos, que forman parte de las normas para los emisores de valores
admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE.
"En
concreto, estas normas garantizan que revelen determinada información
clave sobre sus operaciones, lo que contribuye a generar en los
inversores una confianza permanente y a completar la Unión de Mercados
de Capitales", según la Comisión.
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