MURCIA.- El que fuera consejero delegado de la empresa Alvalle y ex consejero de Industria en el Gobierno regional socialista, el aguileño José
María Casanova, al que se juzga desde este lunes en la Audiencia
Provincial de Murcia junto con otras diez personas acusadas de defraudar
700.000 euros a la Unión Europea (UE), negó los hechos y atribuyó el
origen de esta causa a la mercantil granadina Puleva.
Para Casanova, el primero en declarar por unos hechos
ocurridos ahora hace 22 años, no existió nunca "ningún conciliábulo"
para declarar mayor cantidad de naranjas de las recibidas para así
aumentar las subvenciones europeas que se concedían para su
transformación en zumo.
Según este acusado, la causa fue abierta a raíz de una
comunicación que Puleva, que había hecho una oferta para la compra de
Alvalle, hizo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre
presuntas maniobras defraudatorias.
Según Casanova, con esa comunicación Puleva lo que trataba
era de no afrontar la penalización fijada en el contrato de oferta de
compra, que señalaba que en el caso de no seguir adelante con la
operación tendría que pagar 600.000 euros.
Durante el interrogatorio, explicó igualmente que por parte
de Alvalle no se había cometido irregularidad alguna, ya que, en caso
contrario -añadió- la empresa Pepsico no la habría comprado pocos meses
después y por un precio que era un 10% superior al ofrecido por Puleva.
Por otra parte, dijo que jamás dio instrucción alguna a sus
colaboradores en la empresa, varios de los cuales también figuran como
acusados, para que inflaran los kilos de naranjas que se recibían la
fábrica para conseguir así mayores ayudas.
El juicio, que continuará este martes con la declaración de
otros acusados, estuvo dedicado en la sesión de hoy en gran parte a las
cuestiones previas, en las que los abogados defensores de todos ellos
pidieron el sobreseimiento de la causa por las dilaciones indebidas.
Tanto el fiscal como el abogado del Estado se opusieron a la
estimación de esa solicitud y dijeron al tribunal que se trata de un
tema que debe ser resuelto en la sentencia.
De todas formas, adelantaron que a la hora de fijar sus
conclusiones definitivas tendrán en cuenta la aplicación de atenuantes
indebidas como muy cualificada, lo que determinará que en ningún caso se
solicitará más de año y medio de cárcel.
Esta causa se inició en principio contra un total de trece
acusados, uno de los cuales falleció durante la instrucción de la misma y
otro, cuando estaba a la espera del juicio.
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