lunes, 14 de noviembre de 2016

El ex consejero delegado de 'Alvalle' niega que hubiera fraude a la UE y culpa de la denuncia a 'Puleva'

MURCIA.- El que fuera consejero delegado de la empresa Alvalle y ex consejero de Industria en el Gobierno regional socialista, el aguileño José María Casanova, al que se juzga desde este lunes en la Audiencia Provincial de Murcia junto con otras diez personas acusadas de defraudar 700.000 euros a la Unión Europea (UE), negó los hechos y atribuyó el origen de esta causa a la mercantil granadina Puleva.

Para Casanova, el primero en declarar por unos hechos ocurridos ahora hace 22 años, no existió nunca "ningún conciliábulo" para declarar mayor cantidad de naranjas de las recibidas para así aumentar las subvenciones europeas que se concedían para su transformación en zumo.
Según este acusado, la causa fue abierta a raíz de una comunicación que Puleva, que había hecho una oferta para la compra de Alvalle, hizo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre presuntas maniobras defraudatorias.
Según Casanova, con esa comunicación Puleva lo que trataba era de no afrontar la penalización fijada en el contrato de oferta de compra, que señalaba que en el caso de no seguir adelante con la operación tendría que pagar 600.000 euros.
Durante el interrogatorio, explicó igualmente que por parte de Alvalle no se había cometido irregularidad alguna, ya que, en caso contrario -añadió- la empresa Pepsico no la habría comprado pocos meses después y por un precio que era un 10% superior al ofrecido por Puleva.
Por otra parte, dijo que jamás dio instrucción alguna a sus colaboradores en la empresa, varios de los cuales también figuran como acusados, para que inflaran los kilos de naranjas que se recibían la fábrica para conseguir así mayores ayudas.
El juicio, que continuará este martes con la declaración de otros acusados, estuvo dedicado en la sesión de hoy en gran parte a las cuestiones previas, en las que los abogados defensores de todos ellos pidieron el sobreseimiento de la causa por las dilaciones indebidas.
Tanto el fiscal como el abogado del Estado se opusieron a la estimación de esa solicitud y dijeron al tribunal que se trata de un tema que debe ser resuelto en la sentencia.
De todas formas, adelantaron que a la hora de fijar sus conclusiones definitivas tendrán en cuenta la aplicación de atenuantes indebidas como muy cualificada, lo que determinará que en ningún caso se solicitará más de año y medio de cárcel.
Esta causa se inició en principio contra un total de trece acusados, uno de los cuales falleció durante la instrucción de la misma y otro, cuando estaba a la espera del juicio.

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